LA ACCIÓN SOCIAL EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII. LA POLÍTICA DE LA ILUSTRACIÓN

EL SIGLO XVII ¿CONTINUIDAD O CAMBIO?

El siglo XVII, a menudo catalogado como una época de declive entre el Renacimiento y la Ilustración, ha experimentado un cambio en su percepción a lo largo de los años. Inicialmente criticado estéticamente, el reconocimiento de los méritos literarios y artísticos del barroco ha alterado esa perspectiva. Sin embargo, ahora son los estudiosos en economía, sociología y demografía quienes han contribuido a una visión más pesimista. La crisis del siglo XVII se ha convertido en un tema discutido en la historiografía actual, presentando un problema aún no resuelto debido a su complejidad y la falta de un juicio definitivo.

En lo que respecta a la asistencia a los pobres y la mendicidad, el siglo XVII aparentemente sigue una línea de continuidad con el siglo anterior. La Iglesia mantiene un papel protagónico en la beneficencia, superando incluso al Estado en esta área. La distinción entre pobres verdaderos y falsos, junto con la persecución de estos últimos, sigue vigente. Mientras tanto, la difícil situación de los pobres persiste en una España afectada por crisis económicas, epidemias de peste y desempleo crónico. Carmona García (1985:73) destaca este proceso de secularización truncado como una característica del siglo XVII.

Sin embargo, existen matices en la manera en que se plantea el problema en este nuevo siglo, matices que, aunque puedan parecer formales, revelan cambios profundos que estaban ocurriendo simultáneamente en toda la sociedad y que afectarán de manera decisiva al abordaje de esta cuestión.

Es notable, por ejemplo, la desaparición de las controversias sobre la pobreza, que habían suscitado tanto interés en el siglo XVI. También es llamativa la reducción considerable de disposiciones legales adoptadas en este nuevo período en comparación con el anterior, en lo que respecta a vagabundos, huérfanos, pobres, hospitales, entre otros aspectos. Sin embargo, esto no implica que la preocupación por el tema haya desaparecido, ni que la gravedad del problema se haya reducido.

En contraposición al siglo XVI, en el siglo XVII, las discusiones directas sobre la pobreza pasan a un segundo plano, vinculándola más a problemas globales, colectivos y generados por la marcha general del país. Esta asociación de la cuestión de la pobreza con asuntos más amplios es un reflejo de las profundas transformaciones que estaban teniendo lugar en el ámbito político y en las mentalidades de la época (Hazard, 1988).

Transformaciones estructurales: el nacimiento del Estado moderno

Los siglos XVI y XVII marcan el inicio de una época de profundos cambios que abarcan el sistema económico, la burocracia, el derecho y la concepción del poder político, sentando las bases para el surgimiento del Estado moderno en España. Estos cambios son evidentes en la transición de una economía feudal a una economía basada en el dinero, el auge de bancos y nuevas formas de crédito, así como la unificación monetaria. Estas transformaciones no solo revolucionan la forma en que se manejan los negocios, sino también la noción de riqueza y la eficacia de las recaudaciones fiscales en la unificación política.

El Estado, durante este período, experimenta una expansión significativa con un crecimiento en el número de funcionarios y una ampliación de sus funciones, abarcando áreas como obras públicas, sanidad, asuntos militares y económicos. Sin embargo, esta actividad estatal no es simplemente una acción rutinaria; refleja una nueva concepción de la administración y el gobierno en la sociedad española.

En el ámbito de la asistencia social, el Estado interactúa en una dinámica tensa con las instituciones eclesiásticas, que siguen viendo la beneficencia como un instrumento moral para la sociedad, y con los poderes locales, que desean mantener el control y protagonismo en la beneficencia. Esta relación se caracteriza por una evolución no lineal, con avances y retrocesos en la intervención estatal en asuntos de asistencia social.

Estos cambios en la sociedad española también están relacionados con una nueva concepción del bien común y la felicidad política, que se preocupan por el bienestar y las necesidades económicas de los individuos. El trabajo adquiere una nueva valoración en su aspecto creativo e innovador, al tiempo que el Estado asume un papel más activo en la protección de los trabajadores.

La noción de pobreza experimenta un cambio significativo, dejando de ser un ideal ético y convirtiéndose en un problema de orden colectivo. La pobreza ya no se considera un asunto divino, sino un asunto público y civil. El Estado, motivado por la noción secularizada de justicia, se involucra en la cuestión de la pobreza y busca remediarla como parte de sus objetivos, impulsando así una política de justicia social.

En resumen, el siglo XVII es testigo de una serie de transformaciones estructurales en España, marcando el nacimiento del Estado moderno y cambiando la forma en que se aborda la pobreza y la asistencia social en un contexto de profundos cambios económicos, sociales y políticos.

LOS PROBLEMAS SOCIALES EN LOS PENSADORES ESPAÑOLES DEL SIGLO XVII

A medida que el siglo XVII se aproxima con el inicio del reinado de Felipe III en 1598, surge una creciente convicción de que los problemas que afectan a la sociedad española tienen un impacto significativo en todos los aspectos económicos y sociales del país. Los fracasos militares en guerras cruciales como las de Flandes, contra Inglaterra y la Guerra de Treinta Años, no se consideran meros eventos fortuitos, sino que se entienden como resultados del deterioro generalizado de la sociedad en su conjunto (Abellán, 1993).

Este período del siglo XVII trae consigo un profundo sentido de cambio, una conciencia generalizada de crisis social provocada por una serie de trastornos. Estos trastornos no se limitan únicamente a los aspectos de precios y fluctuaciones de la moneda, sino que también abarcan la escasez y falta de productos, la degradación de la alimentación, levantamientos populares y separatistas, desastres militares, avances científicos, cambios en la estructura familiar, el aumento de personas marginadas y vagabundos, así como epidemias, hambrunas y despoblación. Todo este conjunto complejo de factores inspira una mentalidad de crisis en todos los países de Europa Occidental, incluida España, donde este sentimiento de crisis se hace más prominente (Maravall, 1984:161).

En particular, el siglo XVII se caracteriza por la presencia de los «arbitristas», individuos que proponían diversas soluciones para remediar los problemas que aquejaban a la Monarquía española. A diferencia del siglo anterior, donde se buscaba regular la caridad y la pobreza, en este período se trata de identificar las causas subyacentes para arbitrar soluciones efectivas (Pérez Estévez, 1976:299). Estas soluciones estaban intrínsecamente relacionadas con situaciones profundas que afectaban la realidad española en ese momento.

El siglo XVII se convierte, por tanto, en una época crucial donde se reconoce la necesidad de abordar y resolver los problemas sociales y económicos que afectaban a España, y donde la búsqueda de soluciones efectivas se convierte en una prioridad esencial para contrarrestar la crisis generalizada que se percibía en la sociedad.

Sancho Moncada (1580-1638)

Sancho de Moncada (1580-1638) emerge como una destacada figura dentro del pensamiento arbitrista del siglo XVII, y su obra «Restauración Política de España» desencadenó una profunda influencia en el panorama político y económico de España durante gran parte del siglo XVII y también en el XVIII.

En su perspicaz análisis, Moncada identificó la abundancia de metales preciosos procedentes de América como la raíz de los males que afectaban a la sociedad española. Sostenía que esta riqueza repentina había fomentado la ociosidad, una perspectiva que refleja ciertas similitudes con las ideas planteadas por Montesquieu en su obra «El Espíritu de las Leyes». La sobrecarga monetaria, según Moneada, ejercía efectos negativos sobre la economía del país y estaba directamente relacionada con la despoblación que experimentaba España, la cual, a su juicio, era una consecuencia directa de la adversa situación económica.

Moncada propuso una serie de medidas que abogaban por la protección y el fomento de las manufacturas nacionales frente a las extranjeras. Consideraba que esta estrategia podía conducir a la industrialización del país, generando así una abundancia de empleos y, en última instancia, mejorando la situación general de la sociedad. No obstante, su enfoque no se limitaba solo a la economía, sino que ponía especial énfasis en atender las necesidades de los trabajadores, lo que representaba un enfoque progresista en su época.

El programa de Moneada giraba en torno a diversos puntos clave:

  1. La promoción de la manufactura local.
  2. El impulso de la industrialización.
  3. La implementación de políticas proteccionistas.
  4. La erradicación del desempleo forzoso.
  5. La estimulación de la inversión y la implementación de políticas de pleno empleo.

Este enfoque terapéutico, que podría ser caracterizado como una política de corte «keynesiano» en términos actuales, revela la profundidad de su comprensión de los problemas que aquejaban a la sociedad y la envergadura de las soluciones que proponía. Las reflexiones y propuestas de Moneada resaltan la relevancia de su visión en un momento crucial de la historia española, donde las transformaciones económicas y sociales demandaban respuestas audaces y novedosas.

Caxa de Leruela (1591-1646)

Caxa de Leruela, destacado figura del siglo XVII, abogado, Fiscal de la Regia y General Visita del Reino de Nápoles, y autor de una obra crucial en un periodo crítico de la historia de España: «Restauración de la abundancia en España». Sus análisis y propuestas arrojan luz sobre las causas fundamentales de los problemas que afectaban a la Monarquía en ese momento.

Leruela identificó la proliferación de vagos en el Reino como una consecuencia directa del abandono de la agricultura, y su enfoque para revivir la economía no se centró en la industria, sino en el fomento de la ganadería. Su visión sostenía que era necesario reducir las tierras dedicadas a la agricultura y disminuir el tamaño de las explotaciones agrícolas, en cambio, aumentando las áreas destinadas a la cría de ganado. A diferencia de otras interpretaciones, como la de Sancho de Moneada, Leruela no abogaba por el proteccionismo, sino que veía en el comercio con el extranjero, especialmente en el ámbito de las materias primas, una fuente potencial de enriquecimiento y una vía para reducir la presencia de mendigos en la sociedad.

Lo más relevante en el pensamiento de Leruela no se encontraba en señalar la ociosidad de los sectores privilegiados, sino en destacar la ociosidad de aquellos sectores que estaban destinados al trabajo productivo. Él consideraba que esta ociosidad era la causa principal del hambre y el retraso en la sociedad española. Por esta razón, Leruela propuso una especie de «república de trabajadores», donde el trabajo sería el vínculo que uniría a la nación en solidaridad. Además, y en un contrapunto a las tendencias absolutistas de la época, abogó por que el poder se ejerciera en beneficio de los súbditos y de la república, en lugar de ser orientado exclusivamente hacia el príncipe.

Estas ideas, que coinciden con planteamientos similares de figuras contemporáneas como Jerónimo de Ceballos, resaltan la urgencia de centrarse en las causas subyacentes de los problemas sociales y económicos de la época, proponiendo soluciones que abordan las cuestiones de equidad y bienestar de los ciudadanos. La visión de Leruela y sus contemporáneos destaca la necesidad de repensar el rol del Estado, la economía y el trabajo en la sociedad, con un enfoque que busca la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos, sin olvidar la importancia de una relación justa entre el poder y los súbditos.

Martínez de Mata (1618-1670)

Destacado economista español del siglo XVII, fue un influyente precursor de muchas de las ideas que luego se desarrollaron en la obra de Campomanes. Uno de sus trabajos notables es «Memoriales y Discursos», que refleja su visión sobre cómo un príncipe debía abordar los asuntos económicos y sociales.

Para Martínez de Mata, la principal responsabilidad de un gobernante era asegurarse de que todos los ciudadanos tuvieran oportunidades de empleo. Su enfoque para lograr esto era promover el consumo y el gasto, pero con un giro esencial: alentar la producción de mercancías en España. Abogaba por el proteccionismo, promoviendo los productos españoles, con la intención de crear más puestos de trabajo y reducir la pobreza en la población.

Martínez de Mata entendía que, al fomentar la producción local, se crearía una base sólida para el empleo y la prosperidad. Su estrategia también buscaba consolidar un sector robusto de pequeños propietarios rurales, lo que tendría implicaciones importantes para la distribución de la riqueza y la estabilidad social.

El enfoque de Martínez de Mata, al promover el proteccionismo y la producción interna, es parte de una tendencia más amplia en el pensamiento económico de la época que buscaba fortalecer la economía nacional y reducir la dependencia de las importaciones extranjeras. Su énfasis en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza reflejaba una preocupación genuina por el bienestar de la población española.

El impacto de las ideas de Martínez de Mata en la obra de Campomanes muestra cómo su visión continuó influyendo en las discusiones económicas y sociales a lo largo del siglo XVIII y más allá. Su enfoque en la producción nacional y en la protección de los intereses locales resuena en debates contemporáneos sobre políticas económicas y comerciales, destacando la relevancia duradera de sus planteamientos.

Alvarez Osorio (1628-1692)

Álvarez Osorio, Marqués de Astorga, fue una figura destacada en el ámbito militar y diplomático durante el reinado de Felipe IV. Su influencia se reflejó en sus escritos, especialmente en su obra «Extensión política y económica», que ejerció un impacto significativo en el pensamiento de Campomanes y en las discusiones sobre cuestiones sociales y económicas.

Al igual que Martínez de Mata, Álvarez Osorio compartía una preocupación profunda por los problemas sociales que afectaban a España. Su análisis de las causas de estos problemas lo llevó a enfocarse en el abandono de la producción industrial y en el exceso de personas dedicadas al comercio. En su opinión, estas personas deberían redirigirse hacia la artesanía, la ganadería y la agricultura, considerando esta última como una industria esencial para el bienestar de la población.

Álvarez Osorio abogó por una enérgica política de regadíos, entendiendo que esto contribuiría al crecimiento económico y al alivio de la pobreza. Además, denunció los fraudes y corruptelas que existían en la gestión económica del país, lo que muestra su compromiso con la mejora de la administración pública y la lucha contra la corrupción.

Su receta para superar la decadencia que percibía en la sociedad española se centraba en el fomento del trabajo. En su visión, la ociosidad era uno de los principales problemas, y consideraba que la falta de protección de la Monarquía a la agricultura y la industria había contribuido a la situación problemática del país.

En resumen, las ideas de Álvarez Osorio, plasmadas en su obra y compartidas con otros pensadores de su época, reflejan un enfoque pragmático y orientado al trabajo como medio para superar las dificultades sociales y económicas de la España de su tiempo. Su influencia en Campomanes y su contribución al debate sobre políticas económicas y sociales resaltan su relevancia en la historia del pensamiento español.

Alvarez Osorio (1628-1692)

Fernández Navarrete (1588-1646)

Fernández Navarrete (1588-1646) es un destacado arbitrista español cuyo análisis profundo del expediente de la Consulta del Consejo de Castilla de 1619 le permitió comprender en detalle las complejas cuestiones relacionadas con la población y la estructura social de la época. Este estudio fue esencial para el desarrollo de las leyes poblacionistas de 1623, las cuales tuvieron un impacto importante en el panorama socioeconómico de España. Su obra «Conservación de Monarquías» y «Discursos Políticos sobre la gran Consulta que el Consejo hizo al Señor Rey Don Felipe III» (1626) reflejan su compromiso con el análisis de las problemáticas de su tiempo.

Fernández Navarrete identificó múltiples factores que, en su opinión, contribuyeron a la decadencia de la sociedad española. Uno de los aspectos clave que señaló fue el sistema de mayorazgos, al que atribuyó una responsabilidad significativa en la situación de la estructura social. Consideraba que esta práctica conducía a la inutilización social de los hijos mayores, convirtiéndolos en rentistas sin una ocupación productiva y limitando las oportunidades de los demás hijos. Esta perspectiva pone de manifiesto su crítica hacia una mentalidad inmovilista que frenaba el desarrollo económico y la movilidad social en el país.

En cuanto a las fuentes de empleo y riqueza, Fernández Navarrete expresaba una mayor confianza en la agricultura que en la industria. Sin embargo, identificó diversos obstáculos que dificultaban la superación de la crisis. La persecución de los vagabundos, la disminución de los días festivos en los que no se trabajaba y las costumbres que promovían títulos nobiliarios como «don» eran algunas de las prácticas que, desde su perspectiva, obstaculizaban la reactivación económica y la creación de empleos.

Además, Fernández Navarrete expresaba preocupación por la entrada de productos extranjeros, lo que afectaba negativamente a la economía local, y por la llegada de personas empobrecidas de otros países, lo que agravaba la ya delicada situación de la sociedad española.

En resumen, las ideas y enfoques de Fernández Navarrete, respaldados por su profundo estudio de cuestiones como la población, la estructura social y la actividad económica, hacen de él una figura importante en el panorama de los arbitristas españoles del siglo XVII, cuyo legado se mantuvo vigente en las discusiones sobre las reformas necesarias para superar la decadencia que enfrentaba la Monarquía en ese período.

Conclusiones

Estas diversas aproximaciones al fenómeno de la decadencia y crisis que afectó a España en el siglo XVII revelan un cambio fundamental en la manera en que se abordaba la cuestión de la pobreza, en comparación con la perspectiva predominante en el siglo XVI. Ahora, la pobreza ya no se considera un problema aislado, sino que se integra como un componente inseparable de una crisis de gran envergadura que afectaba a múltiples aspectos de la sociedad.

Este análisis más amplio de la situación implica reconocer que los desafíos que enfrentaba España en ese momento no podrían resolverse mediante soluciones parciales o medidas temporales para aliviar la pobreza. En cambio, la superación de esta crisis requeriría cambios profundos y globales en la estructura y el funcionamiento de la economía y la sociedad española en su conjunto.

Una de las áreas clave de cambio se encontraba en la organización del sistema productivo. Los pensadores y economistas de la época comprendieron que una de las vías para la revitalización de la sociedad y la reducción de la pobreza pasaba por modernizar y diversificar la economía española. Esto implicaba impulsar la industria, promover la agricultura, fomentar la creación de empleos y aumentar la producción de bienes y servicios.

El desafío de la modernización económica no podía ser abordado de manera aislada. Era una tarea que requería la participación de toda la colectividad. La prosperidad general de la sociedad se convirtió en el objetivo principal, y resolver la pobreza se convirtió en una parte integral de ese objetivo más amplio.

Este enfoque de enfrentar la crisis de manera global y estructural, en lugar de abordar solo los síntomas superficiales como la pobreza, definió el rumbo que España debía tomar en el siglo XVIII. La búsqueda de una verdadera prosperidad y el enfrentamiento de los desafíos estructurales se convirtieron en la misión para las generaciones venideras, y esta nueva perspectiva en el análisis de la crisis española preparó el terreno para las reformas y transformaciones que se buscarían en el siglo siguiente.

DE LA CARIDAD TRADICIONAL A LA ASISTENCIA PÚBLICA: LA ILUSTRACIÓN

El siglo XVIII, un siglo reformador y antesala de la Revolución liberal

El siglo XVIII, un período reformador y la antesala de la Revolución liberal, se destacó por la política ilustrada que trajo consigo el largo reinado de Carlos III (1759-1787), impulsando una etapa de intensa modernización en España. Con la instauración de la dinastía borbónica, el panorama político se transformó de manera gradual, adoptando el modelo organizativo francés en lugar de la anterior estructura de la Monarquía austriaca.

Ningún otro siglo como el XVIII ha demostrado un cambio tan pronunciado en la tradición española, rompiendo con la inercia y presentando una minoría activa y combativa ante la rigidez tradicional. De hecho, el siglo XVIII ocupa un lugar destacado en la historia de la corriente liberal en España. Tanto Sarrailh como Rumeu de Armas han resaltado las conexiones entre la Ilustración y la Revolución liberal. Rumeu incluso afirma que la Revolución liberal no se forjó en las Cortes de Cádiz en la medida en que se percibe, sino más bien en los entresijos y despachos de los ministros de Carlos III y Carlos IV. Menéndez Pelayo sostenía que el siglo XVIII constituía el preludio o el primer capítulo de la Revolución liberal. En relación con la economía, resulta indudable que las Cortes de Cádiz otorgaron legalidad a hechos ya consumados (Rumeu, 1981:330; en el mismo sentido Sarrailh, 1974:711).

Las medidas adoptadas para promover la prosperidad nacional abarcaron todos los ámbitos. Se implementaron políticas activas de obras públicas, mejora y saneamiento urbano, así como dotación de infraestructuras esenciales. También se emprendió una reestructuración administrativa con la finalidad de dinamizar el desarrollo, dando lugar a la colonización de áreas despobladas, como Sierra Morena, a través de la fundación de nuevos asentamientos.

El impulso en la riqueza, el comercio y la artesanía fue acompañado de medidas que fomentaban las artes, las letras y las ciencias. La mentalidad laica y regeneracionista sirvió de incentivo para la acción ilustrada. La innovación y el sentido de cambio profundo se reflejaron especialmente en el ámbito de la acción social, posiblemente el área donde las innovaciones generaron mayor conciencia de las transformaciones en curso en la España de ese momento. Hubo un notable respaldo a instituciones capaces de difundir la educación, tanto en las universidades, cuyos planes de estudio fueron modernizados, como en la promoción de la educación, los periódicos y las Sociedades de Amigos del País (Viñao Frago, 1981) (Puelles Benítez, 1990).

La cultura y la educación fueron consideradas las principales vías hacia la felicidad y la prosperidad social. Jovellanos planteó la pregunta: «¿Es la instrucción pública el primer origen de la prosperidad social?», a lo que respondió: «Sin duda. Esta es una verdad que aún no está bien reconocida o al menos no apreciada como debería, pero es una verdad. La razón y la experiencia respaldan esta afirmación. Las fuentes de la prosperidad social son variadas, pero todas emanan de un mismo origen: la instrucción pública. Con la educación, todo mejora y florece; sin ella, todo se deteriora y se arruina» (citado en Sarrailh, 1974:170). Estas convicciones impulsaron un significativo esfuerzo en la educación y la formación profesional durante la época de la Ilustración.

Un instrumento para las reformas: las Sociedades Económicas de Amigos del País

Las Sociedades Económicas de Amigos del País surgieron como un instrumento fundamental para respaldar las reformas emprendidas durante el siglo XVIII. Aunque el entusiasmo y la voluntad de los gobernantes eran importantes, resultaba esencial movilizar a la población de manera más amplia. En este contexto, las Sociedades Económicas, concebidas como plataformas de acción colectiva y legitimación del cambio social, desempeñaron un papel crucial. La iniciativa de fundar estas sociedades se impulsó desde 1774, cuando Campomanes, a través de una circular, instó a las autoridades locales a crear estas organizaciones, siguiendo ejemplos como la Sociedad de Berna o la de las Vascongadas, esta última siendo la primera establecida en una ciudad española (Sarrailh, 1974:4-5). La respuesta fue significativa, y estas sociedades se establecieron en numerosas ciudades (Sarrailh, 1974:cap. 4 y 5; Castellano, 1984; Forniés Casals, 1997).

Estas Sociedades Económicas congregaban a personas de diferentes estratos sociales, incluyendo nobles, intelectuales y clérigos con inclinaciones reformistas, e incluso, por expreso deseo de Carlos III, abrieron sus puertas a las mujeres. La característica distintiva de estas sociedades era su objetivo de impulsar colectivamente el cambio social, sin hacer distinciones de rango o posición social, con la intención de involucrar a la mayor parte de la población. No obstante, esta dinámica suscitó recelos por parte de ciertos sectores eclesiásticos y líderes locales.

La tarea de las Sociedades Económicas era analizar las condiciones particulares de cada provincia y, basándose en sus recursos, determinar las industrias y actividades que convenía promover. Debían examinar y difundir innovaciones para mejorar la rentabilidad, herramientas, instrumentos y calidad en la agricultura, industria y comercio. Asimismo, tenían la responsabilidad de divulgar los avances científicos, estimular la iniciativa individual en la mejora de estas actividades mediante premios, convocatorias públicas, exposiciones, concursos y debates abiertos sobre proyectos beneficiosos. En definitiva, debían tomar cualquier iniciativa que contribuyera al bienestar colectivo (Sarrailh, 1974; Herr, 1971:129 y ss.). Esta preocupación por el bienestar colectivo también se reflejó en las numerosas reflexiones relacionadas con la mendicidad, la beneficencia y la asistencia social durante la Ilustración (Negrín, 1984). El impacto de estas sociedades fue trascendental en la promoción de la modernización y el progreso en diversos ámbitos de la sociedad española de la época.

La pobreza: un problema económico y una cuestión de orden social

La Ilustración del siglo XVIII en España abordó el problema de la pobreza desde una perspectiva tanto económica como social, enfocándose en la necesidad de una población activa y laboriosa para lograr un Estado próspero. Las políticas de esta época buscaban promover la laboriosidad y asistir a aquellos imposibilitados para trabajar, como viudas, huérfanos y jornaleros desempleados. Los vagabundos eran objeto de medidas represivas y se les obligaba a trabajar en obras públicas o en el ejército, con el objetivo de eliminar la vagancia (Trinidad Fernández, 1985; Pérez Estévez, 1976).

Un cambio ideológico crucial se produjo, donde la caridad religiosa, a pesar de su amplitud en términos de fondos y personas asistidas, fue cuestionada. Surgió una nueva literatura que criticaba la caridad de las instituciones eclesiásticas, argumentando que fomentaba la mendicidad y desincentivaba el trabajo. La opinión ilustrada sostenía cada vez más que el propósito de la asistencia pública debía ser convertir a los pobres en ciudadanos útiles, leales y productivos, en lugar de mantenerlos en una dependencia de limosnas (Callahan, 1978).

La pobreza fue vista no solo como una cuestión religiosa, sino como un obstáculo para el desarrollo económico y un riesgo potencial para la estabilidad social. Esta percepción impulsó una serie de iniciativas legislativas y debates durante el reinado de Carlos III. Las medidas incluyeron la mejora de la beneficencia domiciliaria, la creación y dotación de hospicios, la regulación de la caridad individual a través del fondo pío beneficial y la participación de las sociedades económicas en la problemática de la mendicidad, junto con la organización de Juntas generales, parroquiales y de barrio de caridad (Serna Alonso, 1988).

En resumen, la Ilustración española del siglo XVIII abordó la pobreza desde una perspectiva pragmática, buscando no solo aliviar la necesidad inmediata, sino también promover la participación activa de los individuos en la sociedad y fomentar un desarrollo económico sostenible.

Los reformadores ilustrados

Los reformadores ilustrados desempeñaron un papel crucial en la promoción de las innovaciones que marcaron el siglo XVIII en España. Entre los destacados pensadores de esta época, se encuentran nombres como Bernardo Ward, Jovellanos, Floridablanca, Sempere y Guarinos, Campomanes, Campillo, Cortines Andrade, Arriquíbar, Pérez y López, Calvo y Julián. Aunque sus ideas sobre la beneficencia no buscaban originalidad, sino que se inspiraban en experiencias exitosas de otros países europeos como Holanda, Inglaterra, Francia e incluso Ginebra, donde la cuestión de la beneficencia se entrelazaba con los trabajos públicos (Sarrailh, 1974:534-535).

Un elemento constante en el pensamiento de estos autores fue la concepción de la pobreza no simplemente como falta de recursos económicos, sino como la negativa a trabajar. Por esta razón, rechazaron la caridad y la limosna, argumentando que tales prácticas fomentaban la pobreza, la ociosidad y los vicios asociados (como el juego y la bebida). Para ellos, la solución a la mendicidad en España recaía en el Estado, al cual consideraban responsable de velar por los necesitados y actuar como tutor y protector de sus necesidades: «Si son la pobreza y la miseria indispensables elementos del estado social, al gobierno, depositario de su felicidad y armonía, y fiel intérprete de las voluntades particulares, toca de justicia la santa obligación de velar sobre los infelices y ser tutor y padre de sus necesidades» (Ward, cit. en Serrailh, 1974:531).

En resumen, los reformadores ilustrados compartieron una perspectiva que enfatizaba la intervención activa del Estado para abordar la pobreza y la miseria, reemplazando la caridad pasiva con medidas más efectivas que promovieran el trabajo, la productividad y la mejora de las condiciones de vida de la población necesitada.

La situación social y el Motín de Esquilache


Tanto el impulso reformista como la situación social de la época, marcada por la marginación, pobreza e indigencia de la gran mayoría de la población, jugaron un papel crucial en el cambio de enfoque en la asistencia social. Además, el Motín de Esquilache, ocurrido en 1766, debe ser considerado no solo como una respuesta a la situación de pobreza, sino también como un catalizador para las acciones del gobierno. Este evento no solo señaló la protesta contra la pobreza, sino que también impulsó a la Monarquía a adoptar medidas preventivas, de asistencia y, al mismo tiempo, represivas. Ejemplos destacados de las estrategias implementadas por los ilustrados fueron la creación de los Montepíos, las Diputaciones de Barrio y el establecimiento del Hospicio de San Fernando, que ilustran los esfuerzos para abordar tanto las causas como las consecuencias de la desigualdad social.

La desamortización y sus consecuencias: la centralización de los procesos de asistencia social y la pérdida de influencia de la Iglesia en la política de acción social

La política ilustrada en España durante el siglo XVIII tuvo profundas consecuencias que reverberaron en el siglo XIX y más allá, marcando la historia política y social del país. Entre las medidas más influyentes, destacan las desamortizaciones, que implicaron la venta de tierras pertenecientes a la Iglesia y a los municipios, inicialmente concebida como una reforma agraria, pero que terminó teniendo fines recaudatorios para la Hacienda.

Estas desamortizaciones tuvieron un impacto significativo en la estructura de la propiedad agraria y en la situación de los medios rurales. A pesar de que se esperaba que esta medida aliviara la pobreza en las áreas rurales, terminó agravando el problema al privar a los municipios de los recursos necesarios para enfrentar las necesidades sociales. La desamortización también provocó la quiebra de miles de municipios rurales, lo que condujo a una centralización de los procesos de asistencia social, con el poder central asumiendo un papel más relevante en este ámbito.

Además, la desamortización debilitó la influencia de la Iglesia en la política de acción social. La venta de bienes eclesiásticos y la posterior asunción de funciones sociales por parte de las autoridades públicas redujeron la participación de la Iglesia en este aspecto. A lo largo del siglo XIX, esta dinámica continuó, lo que llevó a una disminución en la influencia de la Iglesia en asuntos de asistencia social.

Esta serie de eventos marcó un cambio importante en la configuración de la acción social en España, con una centralización creciente y una pérdida de protagonismo de la Iglesia en este ámbito. A medida que el país avanzaba hacia el siglo XIX, estas consecuencias de la política ilustrada, especialmente las desamortizaciones, dejaron una profunda huella en la estructura social y política de la nación.

ACCIONES LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS SITUACIONES DE NECESIDAD EN LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA

En la época de la Ilustración en España, las cuestiones relacionadas con la pobreza y la asistencia social adquieren un enfoque distinto, alejándose de las perspectivas religiosas o espirituales para abordarse como factores que pueden afectar negativamente al desarrollo económico y potencialmente desencadenar desórdenes sociales. Este cambio de paradigma se refleja en las medidas legislativas y administrativas adoptadas durante ese período, donde surgen motivaciones innovadoras que abarcan desde la nueva percepción de la pobreza y su gestión, hasta el papel en expansión que asume el Estado, y finalmente, las ideas económicas y sociales promovidas por la Ilustración con respecto a la población.

El reinado de Carlos III, en particular, se destaca como una época de intensa actividad legislativa y administrativa en este sentido. Durante su gobierno, se libra lo que podría denominarse como una «batalla» contra la pobreza, pero con un enfoque renovado. Las reformas y acciones implementadas durante su reinado representan un cambio significativo en la perspectiva de la asistencia social y su relación con el desarrollo del país. Estas medidas, impulsadas por la mentalidad ilustrada, reflejan un esfuerzo por abordar los problemas de necesidad y pobreza desde una perspectiva más racional, pragmática y orientada al progreso económico y social.

La visión de la Ilustración respecto a la pobreza, su tratamiento y la responsabilidad del Estado en estas cuestiones dejaron un impacto duradero en la historia social y política de España. Es importante destacar que, además de las reformas legislativas y administrativas, estas ideas y enfoques ilustrados también influyeron en la percepción pública sobre la asistencia social y la lucha contra la pobreza. El análisis de este período ilustrado es esencial para comprender la evolución de las políticas de asistencia social en España y cómo las ideas de la Ilustración sentaron las bases para el desarrollo de futuras estrategias en este ámbito.

Acciones Legislativas

Durante el reinado de Carlos III, se llevaron a cabo una serie de importantes acciones legislativas que marcaron un punto de inflexión en la política de asistencia y control social en España. Estas medidas, diseñadas para enfrentar las complejas cuestiones relacionadas con la pobreza y la organización de la sociedad, se caracterizaron por su minuciosidad y enfoque práctico.

Una de las primeras acciones significativas tuvo lugar el 6 de octubre de 1768, cuando se emitió una Real Cédula que dividió Madrid en ocho cuarteles y sesenta y cuatro barrios, otorgando jurisdicción criminal a los alcaldes en sus respectivas zonas. Esta medida inauguró un riguroso control sobre la capital, intensificando las medidas de policía para mantener el orden y abordar los desafíos sociales (Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, Autos Acordados dados en tiempo de Carlos III y Carlos IV, 1805:116-117).

Otra acción relevante, impulsada por Floridablanca a instancias de una Real Orden emitida el 18 de noviembre de 1777, estableció el recogimiento de los verdaderos pobres en el Hospicio de Madrid, asignándoles ocupaciones a modo experimental, con la intención de extender este modelo al resto del país (Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, Autos Acordados dados en tiempo de Carlos III y Carlos IV, 1805:339-340).

  1. Control Social y Orden Público.
    • División de Madrid en cuarteles y barrios.
      • Jurisdicción criminal de alcaldes en zonas asignadas.
      • Refuerzo de medidas policiales
  2. Creación de Diputaciones de Caridad.
    • Ayuda a jornaleros, pobres desocupados y convalecientes.
    • Funciones amplias para mantener el orden público.
  3. Asistencia a Necesitados.
    • Hospicio de Madrid.
      • Recogimiento de verdaderos pobres.
      • Experimentación con ocupaciones para beneficio.
  4. Regulaciones y Legislación.
    • Reales Órdenes por Carlos III y Carlos IV.
      • Acciones contra quienes no trabajaban.
      • Control de actividades de entretenimiento (cafés, tabernas).
      • Medidas contra mendigos robustos y lugares de juego.
      • Regulaciones para el envío y recogida de necesitados
  5. Impacto a Largo Plazo.
    • Cambios en la política y en la sociedad.
    • Efectos duraderos en la historia social de España.
    • Evolución de la asistencia pública y el control social en el país.

En marzo de 1778, se emitió una Real Orden que dio lugar a la creación de las diputaciones de caridad en los barrios de la Corte, destinadas al alivio y socorro de jornaleros, pobres desocupados y enfermos convalecientes. Estas diputaciones asumieron una amplia gama de responsabilidades, desde el control de la mendicidad hasta la vigilancia del orden público y la matriculación del vecindario (Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, Autos Acordados dados en tiempo de Carlos III y Carlos IV, 1805:351-352).

Las medidas continuaron evolucionando a lo largo de las décadas siguientes, con Reales Órdenes emitidas por Carlos III y Carlos IV, entre ellas las de 1783, 1786, 1790, 1791 y 1798. Estas disposiciones instaban a tomar medidas enérgicas contra aquellos que se mantenían sin empleo ni servicio, participaban en actividades de entretenimiento como cafés y tabernas, o eran mendigos robustos que frecuentaban lugares de juego. También se implementaron regulaciones para enviar a los pobres a sus lugares de origen, recoger a mujeres, niños e inválidos en Casas de Misericordia, y se alentaba a la comunidad a colaborar con estas medidas (Colección de Pragmáticas, Cédulas, Provisiones, Circulares, Autos Acordados dados en tiempo de Carlos III y Carlos IV, 1805:463, 582, 633, 642, 656, 681, respectivamente).

Estas acciones legislativas, centradas en el control social y la asistencia a los más necesitados, reflejan la evolución de la política de la época y su impacto en la organización de la sociedad, dejando una huella duradera en la historia social de España.

Acciones Administrativas

Las acciones administrativas están intrínsecamente vinculadas a las medidas legislativas, y en este contexto, es esencial resaltar las contribuciones específicas realizadas por Carlos III. Sus aportaciones abarcaron tres áreas fundamentales:

  1. Correctivo mediante la fundación del Hospicio de San Fernando:
    • Bajo el reinado de Carlos III, se estableció el Hospicio de San Fernando en Madrid, una institución destinada a atender a las personas más necesitadas, incluidos pobres, huérfanos, mendigos y enfermos.
    • Este Hospicio representó un esfuerzo significativo para abordar las condiciones precarias en las que vivían muchos ciudadanos y proporcionarles un lugar de alivio y asistencia, marcando un hito en la política de ayuda social.
  2. Asistencia con el establecimiento de las Diputaciones de Barrio:
    • Carlos III impulsó la creación de las Diputaciones de Barrio, mediante una Real Orden emitida en 1778, estableciendo estas entidades locales con la responsabilidad de ofrecer asistencia a los pobres en distintos barrios de Madrid.
    • Las Diputaciones de Barrio tenían un papel crucial en la vigilancia del orden público, la localización de personas necesitadas y la coordinación de acciones como el envío de individuos al Hospicio, además de supervisar actividades en posadas y mesones.
  3. Previsión a través de la introducción de los Montepíos:
    • Carlos III implementó los Montepíos, que eran instituciones destinadas a proporcionar seguridad económica a funcionarios y militares jubilados, así como a sus familias, en momentos de retiro o en caso de fallecimiento del sostén familiar.
    • Estos fondos aseguraban cierta estabilidad financiera para los beneficiarios, lo que refleja la preocupación de Carlos III por mejorar la protección y el bienestar de determinados grupos sociales, adelantándose en cierta medida a principios de seguridad social.

Legado: Las acciones administrativas de Carlos III en estas tres áreas, correctivo, asistencial y de previsión, no solo demuestran su compromiso con el bienestar de la sociedad, sino que también sentaron las bases para una gestión más coordinada de las necesidades de la población y la promoción de una incipiente seguridad social en el contexto de la época.

La fundación del hospicio de San Fernando

a fundación del Hospicio de San Fernando, en las proximidades de Madrid, arroja luz sobre el enfoque represivo de los ilustrados hacia la protesta social. El Conde de Aranda, en respuesta a los motines y protestas, adopta una serie de medidas para restaurar el orden en la capital. Entre estas medidas, se ordena una redada en los barrios populares para arrestar a vagabundos y mendigos. Sin embargo, surge un dilema: no se puede enviar a estos detenidos a prisión, ya que su única falta es la vagancia, pero tampoco se considera prudente liberarlos nuevamente. La solución ideada por Aranda consiste en crear una especie de término medio: retenerlos, pero asignándoles trabajos menos penosos que a los condenados, lo que garantiza la seguridad estatal y al mismo tiempo aparenta cumplir con la justicia formal.

La Real Orden del 1 de junio de 1766 establece que los pobres y vagabundos considerados responsables de los disturbios contra Esquilache deben ser alojados en este nuevo centro. No obstante, es importante destacar que en la terminología oficial, el término «hospicio» rara vez se utiliza. Más bien, el establecimiento es denominado como «depósito» o incluso más indicativo, «casa de corrección». Estas expresiones se encuentran frecuentemente en los documentos administrativos posteriores que se refieren a la «Casa de corrección de San Fernando» o al «Hospicio de Madrid» y su «departamento de corrección de San Fernando».

No obstante, la experiencia del Hospicio de San Fernando pone en evidencia las limitaciones de la acción ilustrada. A pesar de la aparente preocupación social y filantrópica de la época, este hospicio no funcionó de manera efectiva durante sus treinta y cinco años de existencia. En lugar de cumplir su propósito de corrección y reinserción social a través del trabajo, se convirtió en una forma de castigo debido a las condiciones injustas de detención y su duración. De hecho, los pobres y necesitados internados eran privados de libertad durante largos períodos e incluso de por vida. Esto contradice la supuesta intención de preparar a los individuos para reintegrarse en la sociedad.

El Hospicio de San Fernando, situado en un lugar aislado y malsano lejos de las rutas principales y fuera de la vista del público, se convirtió en un lugar de exclusión. Aquellos que ingresaban no regresaban a Madrid y terminaban sus días allí o, en el mejor de los casos, eran desterrados. Más que un enfoque diferente hacia los necesitados, el funcionamiento del hospicio refleja la nueva valoración del trabajo impulsada por los ilustrados. El trabajo se convirtió en un medio disciplinario para controlar a los sectores sociales cuyos comportamientos ponían en riesgo el orden social, en lugar de ser un enfoque genuino para mejorar la suerte de los necesitados.

Las Diputaciones de Barrio

Las Diputaciones de Barrio representaron una innovación notable dentro de la política de asistencia pública de la Ilustración. Esta iniciativa institucional, aunque relativamente desconocida, fue considerada como un intento destacado de abordar la asistencia social de manera organizada y efectiva durante el siglo XVIII.

La creación de las Diputaciones de Barrio se llevó a cabo mediante un decreto el 30 de marzo de 1778. Esta institución se diferenció de enfoques previos al centrarse en la prestación de asistencia a domicilio, marcando un cambio con respecto a la práctica de agrupar a los necesitados en instituciones como los hospicios. Este enfoque reflejó una comprensión más integral de las necesidades de la población vulnerable y la importancia de brindar apoyo en su entorno familiar y comunitario.

Inicialmente establecidas en Madrid, su alcance se expandió a diecisiete pueblos circundantes bajo el nombre de «Diputaciones de Parroquia». Además, se exploró la posibilidad de implementar este modelo en otras ciudades de España, particularmente mediante una disposición real en 1783 que ordenó la transferencia de recursos de las cofradías a las Diputaciones de Barrio. Aunque hubo intentos de llevar esta idea a otras localidades, la mayor parte de la experiencia se concentró en Madrid.

Las características y el funcionamiento de las Diputaciones de Barrio son esenciales para comprender su impacto en la sociedad. Operando desde 1779 hasta 1801, esta institución estableció un nuevo enfoque en la asistencia social al enfocarse en brindar apoyo directo en los hogares de las personas necesitadas. A diferencia de otras formas de asistencia que podían llevar a la separación de los individuos de su entorno social, las Diputaciones de Barrio buscaban preservar los lazos comunitarios y familiares.

En resumen, las Diputaciones de Barrio fueron una respuesta innovadora y avanzada a los desafíos sociales de su época. Al abordar la asistencia desde una perspectiva más local y centrada en la comunidad, esta institución ilustrada se destacó como un hito en la evolución de la política de asistencia social, buscando proporcionar un apoyo integral a aquellos en situación de necesidad.

Composición y funciones

La estructura y funciones de las Diputaciones de Barrio ofrecen una visión interesante sobre cómo la Ilustración buscaba abordar la asistencia social de manera efectiva y organizada. Estas instituciones, compuestas por el alcalde del barrio, un eclesiástico designado por el párroco y tres vecinos acomodados, fueron establecidas con el objetivo de socorrer a los habitantes necesitados y brindar un apoyo integral a la comunidad.

Esta composición de las Diputaciones de Barrio, que incluía elementos diversos y representativos, como el alcalde, el clero y miembros respetables de la sociedad, ha sido interpretada por algunos estudiosos como un adelanto hacia una participación más democrática en las estructuras del Antiguo Régimen, al integrar voces y perspectivas variadas en la toma de decisiones relacionadas con la asistencia social.

Las funciones desempeñadas por los vocales de las Diputaciones de Barrio eran cruciales para el funcionamiento de este sistema de ayuda pública:

  • En primer lugar, la recaudación de fondos. Los miembros de la Diputación tenían la responsabilidad de obtener los recursos necesarios para financiar las ayudas a los necesitados. Esta tarea implicaba una labor activa para asegurar que el sistema funcionara correctamente.
  • En segundo lugar, estas instituciones tenían un papel organizativo y administrativo relevante en relación con las situaciones de pobreza. Esta perspectiva refleja la mentalidad organizativa y cuantitativa de la Ilustración. La normativa establecía la creación de registros o libros de matrícula para tener un conocimiento completo de las situaciones de necesidad en el barrio. Los diputados, al ser residentes del mismo barrio y estar obligados a recorrerlo, obtenían un conocimiento directo de las realidades de los habitantes y sus necesidades. Este contacto directo con la población reforzaba la conciencia de la gravedad de las situaciones de necesidad y promovía la colaboración comunitaria para abordarlas.
  • En tercer lugar, los miembros de la Diputación eran responsables de la distribución de las ayudas, un proceso que se llevaba a cabo de manera meticulosa y singular. Se registraban los ingresos, se analizaban las solicitudes de ayuda y se tomaban decisiones basadas en la urgencia y necesidad. Este proceso aseguraba una distribución equitativa y eficiente de las ayudas, evitando posibles errores en la asignación de recursos.

En resumen, las Diputaciones de Barrio fueron una manifestación concreta de cómo la Ilustración abordaba la asistencia social. Su composición representativa y sus funciones operativas buscaban un enfoque más organizado y equitativo para ayudar a los necesitados. Estas instituciones no solo reflejaron la búsqueda de soluciones efectivas a los desafíos sociales, sino que también marcaron un paso hacia una mayor participación y colaboración comunitaria en la toma de decisiones relacionadas con la asistencia pública.

Actividades de las Diputaciones de Barrio

Las Diputaciones de Barrio, como parte integral de la política de asistencia pública implementada durante la Ilustración, reemplazaron diversas formas previas de ayuda social en Madrid. A través de su organización burocrática y la rendición de informes periódicos, es posible examinar en detalle las actividades de estas 74 Diputaciones. Aunque sus acciones y recursos variaron debido a la desigualdad de recursos y la diversidad de iniciativas individuales, con la guía de Soubeyroux (1982:131 y ss.), podemos describir sus actividades en los siguientes campos:

  1. Asistencia Médica: Si bien las Diputaciones desempeñaron un papel significativo en la asistencia médica, su enfoque se centró más en brindar ayuda a domicilio que en la hospitalización. La hospitalización solo se consideraba en casos de enfermedades graves o contagiosas. Esta atención médica domiciliaria reflejaba la preocupación de los ilustrados por el bienestar de los necesitados, mientras mantenían la prevención de posibles brotes de enfermedades.
  2. Ayuda a los Necesitados: La diversidad y amplitud de las demandas por parte de los necesitados mostraron la insuficiencia de los recursos de las Diputaciones para abordar la miseria existente en Madrid. Estas instituciones otorgaban diversos tipos de ayuda, que incluían ropa, calzado, alimentos y el pago de alquileres de viviendas. Además, también reemplazaron gradualmente formas tradicionales de asistencia, como hospicios y casas de huérfanos. En casos de necesidades crónicas, se proporcionaban ayudas fijas mensuales o semanales.
  3. Lucha contra el Paro: Una de las contribuciones más originales de las Diputaciones de Barrio fue su enfoque en abordar el desempleo. La búsqueda de empleo se convirtió en una preocupación constante para los diputados, ya que consideraban la ociosidad como la raíz de vicios y desórdenes. Se intentó proporcionar empleo a los adolescentes como aprendices de maestros y a las mujeres jóvenes como sirvientas en familias respetables. Los esfuerzos incluían la recomendación a patrones para contratar a parados, la compra de instrumentos de trabajo para artesanos necesitados y la creación de obras públicas para fomentar el empleo.
  4. Actuación Educativa: Las Diputaciones de Barrio atribuyeron gran importancia a la educación, reflejando la perspectiva ilustrada de la reforma social a través de la educación. La necesidad de ciudadanos productivos transformó los objetivos de asistencia en educación. Aunque inicialmente se enfocaban en casos extremos, como huérfanos o abandonados, gradualmente ampliaron su atención a la infancia y generalizaron la educación gratuita para todos los niños pobres. La preocupación por la educación se reflejaba en los informes trimestrales de las Diputaciones, y estas instituciones financiaban el material escolar, los gastos de escolarización, los salarios de maestros y ofrecían estímulos económicos a los alumnos destacados.
  5. Asistencia y Vigilancia del Espacio Urbano: La división de la ciudad en barrios y el papel de los diputados impidieron que las Diputaciones de Barrio se enfocaran solo en la asistencia. Estas instituciones reflejaron tanto el papel benéfico de la Ilustración como su rol coactivo o represivo. La preocupación ilustrada por el bienestar de la comunidad y el mantenimiento del orden se reflejó en la atención a los necesitados y en la supervisión del espacio urbano.

En resumen, las Diputaciones de Barrio no solo ofrecieron ayuda material a los necesitados, sino que también introdujeron enfoques innovadores en áreas como la lucha contra el desempleo y la educación. Estas instituciones reflejaron los esfuerzos de la Ilustración por abordar las complejidades de la asistencia social y su impacto en la comunidad, incorporando tanto el cuidado benéfico como la vigilancia del orden público en su alcance de acción.

Balance de las Diputaciones de Barrio

El examen global de las Diputaciones de Barrio revela un saldo en gran medida positivo, a pesar de las limitaciones específicas de esta innovación. Su implementación marcó un paso adelante en la abordación de la miseria, al procurar racionalizar las ayudas sociales mediante criterios contrastados y análisis basados en la urgencia, en contraposición a la distribución indiscriminada previamente existente.

La creación de las Diputaciones de Barrio implicó la introducción de nuevas dinámicas en las cuales se abordaba la mendicidad y la caridad tradicional. Esta formalización administrativa de la beneficencia se mantendría en gran medida en la futura evolución de la asistencia pública, con pocas excepciones. Las Diputaciones también contribuyeron a la concentración de recursos, tanto públicos como privados, para enfrentar las necesidades de la pobreza. La espontaneidad de las ayudas fue gradualmente reemplazada por la organización proporcionada por estas instituciones. Junto con el fomento de la educación tanto para niños como para niñas, esta contribución de las Diputaciones se justamente califica como revolucionaria.

Sin embargo, no se puede pasar por alto sus limitaciones. Una de ellas fue su alcance limitado. Aunque inicialmente se centraron en Madrid y posteriormente se expandieron a otras localidades, los esfuerzos por llevar esta innovación a otras áreas no lograron consolidarse. Específicamente, las Diputaciones nunca arraigaron en el entorno rural, manteniéndose como un fenómeno predominantemente urbano.

Afirmar que las Diputaciones eran más preventivas de la mendicidad que curativas de la miseria, como señaló Carasa Soto (1987:448), describe más el objetivo de su establecimiento que una crítica a su ejecución específica. Sin embargo, la superposición de lo civil y lo eclesiástico en una sola institución se convirtió en un rasgo problemático de la organización ilustrada de la beneficencia.

El propio Carasa también identificó limitaciones evidentes en la reforma ilustrada, como la utilización de enfoques económicos privilegiados y elitistas, así como el tono regalista y paternalista del sistema de ayudas.

En última instancia, el sistema de las Diputaciones de Barrio dependía en gran medida de la acción individual. La recolección de limosnas, la supervisión de escuelas, la concesión de ayudas y la comprensión de las necesidades del barrio reposaban en la voluntad de individuos concretos. Esta fragilidad del sistema resulta evidente. Además, si la colaboración del clero ilustrado era esencial para alcanzar los objetivos reformadores, lo mismo se aplicaba a la nobleza, que constituía la mayoría de los diputados electos (Pernil Alarcón, 1988:335).

En resumen, el aspecto más crítico de las Diputaciones podría residir en su balance financiero. Si bien su creación estaba destinada a financiarse mediante limosnas distribuidas por comunidades religiosas y colectas en los barrios, la confianza en el entusiasmo de la caridad cristiana de la población no se materializó según lo esperado. La insuficiencia de la caridad colectiva se hizo evidente con el tiempo, dejando en claro que las expectativas iniciales no se cumplieron por completo (Soubeyroux, 1982:142).

Los Montepíos

En el siglo XVIII, surge una expansión notable de los Montepíos, que son sociedades de socorros mutuos con el propósito de asegurar diversos riesgos, como enfermedad, accidente, incapacidad laboral o muerte. Esta expansión involucra tanto la diversificación de los riesgos cubiertos como su difusión en sectores más amplios de la población, incluyendo grupos que no son estrictamente populares.

La iniciativa de los Montepíos tiene sus raíces en el reinado de Carlos III, motivada por la supresión de las cofradías y hermandades gremiales controladas por la Iglesia, reemplazadas por estas nuevas entidades. Los Montepíos oficiales, los primeros en establecerse, abarcan una gama de actividades, comenzando con el Montepío militar en 1761 y continuando con el Montepío de Ministerios en 1763. Estos ofrecían pensiones a viudas, huérfanos y madres viudas de militares y funcionarios civiles de diversas jerarquías. Otros Montepíos se desarrollaron en sectores como las Reales Oficinas, las Minas de Almadén, Correos y Caminos, y posiciones administrativas y judiciales, entre otros.

Los Montepíos privados surgieron como réplicas de los oficiales, impulsados por la iniciativa privada. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, se fundaron numerosos Montepíos, desde el de Labradores hasta los de diversos oficios como Plateros, Caldereros, Roperos y Comerciantes. También se destacan los de profesionales como Abogados, Procuradores, Agentes, Escribanos, Notarios, Médicos, Cirujanos y Boticarios.

Esta proliferación de modalidades de previsión refleja una creciente conciencia colectiva sobre los riesgos que antes carecían de cobertura. Sin embargo, el éxito de los Montepíos se vio limitado por errores en su diseño técnico. Uno de los principales obstáculos fue el número excesivo de ancianos inscritos en su fundación, lo que dificultó su viabilidad financiera a largo plazo. También faltó un asesoramiento técnico adecuado por parte del Consejo de Castilla, lo que no permitió corregir esta orientación errónea.

Es importante destacar que los Montepíos no solo cumplían la función de previsión. Por ejemplo, en Cataluña, estudiados por Ralle (1984), establecían requisitos para garantizar su estabilidad. Los estatutos excluían a aquellos con problemas de salud graves o que se temiera no podrían pagar las cuotas regulares. Además, algunos riesgos no eran cubiertos, como las consecuencias del alcoholismo o las heridas por riñas. La moralidad de los afiliados era también un factor de solidaridad interna.

A pesar de su alejamiento formal de la previsión controlada por la Iglesia, la influencia eclesiástica aún se mantenía en cierta medida en la práctica. Los Montepíos se convirtieron en un importante paso hacia la creación de sistemas más sólidos de seguridad social, aunque sus limitaciones evidentes señalaron la necesidad de una planificación más cuidadosa y un enfoque más técnico en su implementación y gestión.

CONCLUSIONES

A lo largo del siglo XVIII, España experimentó un proceso de reorganización administrativa y centralización de la toma de decisiones, impulsado por la búsqueda de la racionalización y la expansión del poder estatal. Esta tendencia se manifestó en diversas áreas, desde la reestructuración de la administración local hasta la creación de una red de comunicaciones radiales con epicentro en Madrid. Además, se observó un renovado interés en el fomento de las artes, las letras y las ciencias.

Esta dinámica innovadora también se extendió al ámbito de las necesidades materiales de la sociedad. A lo largo de este período, la asistencia social, históricamente en manos de la Iglesia y sus dependencias, pasó a depender en mayor medida del Estado y de iniciativas respaldadas por las autoridades públicas.

Surge una pregunta relevante: ¿Cómo evolucionó la situación de la pobreza en este siglo y medio? La respuesta es clara: el concepto de pobreza dejó de ser un conjunto uniforme para ser categorizado según un nuevo criterio: la capacidad para trabajar. Así, solo se brindaban ayudas a aquellos que padecían alguna discapacidad que les impedía ganarse la vida, o a personas honradas que habían perdido su forma de subsistencia habitual, como huérfanos o jornaleros sin empleo. Para el resto, incluyendo a los vagabundos y simuladores de dolencias, el Estado tomó medidas legales para reprimir la vagancia y utilizar su fuerza laboral en áreas necesitadas, como el ejército y las obras públicas. Aquellos pobres que no eran capaces de trabajar eran confinados en instituciones con el objetivo de reformar sus hábitos y comportamientos.

Este cambio trajo consigo un enfoque dual: asistencia y represión. Fueron los pilares sobre los cuales se edificaron proyectos y legislaciones, diseñados para reconciliar el temor que los mendigos y vagabundos inspiraban en las clases privilegiadas con la incapacidad de estas para ofrecer empleo. Además, se buscaba atender las necesidades más urgentes de los pobres sin poner en riesgo las posiciones jerárquicas establecidas.

Este período ilustrado introdujo una de sus grandes contribuciones: la transición de la caridad como método de asistencia social a la beneficencia. Esta evolución se reflejó en proyectos y leyes continuos a lo largo de este siglo y medio. La sociedad ya no solo se basaba en la obligación moral del individuo, sino que reconocía la responsabilidad colectiva de garantizar la subsistencia de quienes no podían hacerlo por sí mismos.

En este proceso de cambio, la visión de la pobreza se transformó. Dejó de ser solo un tema religioso o espiritual para convertirse en un obstáculo al desarrollo económico y una amenaza potencial para la estabilidad social. La nueva perspectiva conllevó una rechazo a la limosna indiscriminada, considerada promotora de la ociosidad y la pobreza, así como de los vicios asociados. En su lugar, se promovió la integración social y laboral de los pobres.

En resumen, el siglo XVIII marcó un cambio significativo en la manera en que se abordó la asistencia social y se percibió la pobreza. Las políticas estatales y la conceptualización de la beneficencia como un deber colectivo contribuyeron a la creación de un nuevo enfoque en la lucha contra la pobreza y en la promoción de la participación del Estado en el ámbito de la asistencia social.

REFERENCIAS

  • Alemán Bracho, C.., Alonso Seco, J.M.. and Fernández Santiago, P.. (2010) Fundamentos de servicios sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.
  • ChatGPT

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