El Estado de Bienestar

INTRODUCCIÓN

La noción contemporánea del Estado de bienestar emerge de la intervención estatal en el bienestar poblacional tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus raíces se pueden rastrear hasta finales del siglo XIX y principios del XX, es más recientemente que el compromiso del sector público con el bienestar ciudadano ha cobrado mayor relevancia, marcando un hito en el desarrollo de las economías de mercado avanzadas. En estas economías, la contribución pública al Producto Interno Bruto (PIB) suele rondar el 50%, evidenciando la magnitud tanto cualitativa como cuantitativa de este fenómeno. La inversión pública en bienes con externalidades positivas destaca por su creciente necesidad de recursos, subrayando la importancia de la participación ciudadana en su financiamiento.

El Estado de bienestar, con sus prestaciones, busca alcanzar objetivos clave como la seguridad económica, la reducción de la desigualdad y la lucha contra la pobreza, promoviendo así la integración social. La legitimidad del Estado para priorizar el bienestar se asienta en la eficiencia económica y en la incapacidad del mercado para abordar adecuadamente la asignación y distribución de recursos, especialmente en lo que respecta a los bienes meritocráticos y la equidad.

Los enfoques liberales sugieren que el mercado debería determinar la producción y distribución, relegando la intervención estatal a situaciones donde la solución de mercado sea insuficiente. Sin embargo, la realidad demuestra la necesidad de una intervención estatal en la provisión de bienes y servicios esenciales para el bienestar, dada su generación de externalidades positivas y la insuficiente respuesta del mercado para satisfacer la demanda social.

La intervención pública es crucial para corregir las deficiencias del mercado, especialmente en la distribución de ingresos y la provisión de bienes esenciales. Esto se debe a la incapacidad del mercado de reflejar la demanda social real de ciertos bienes y a su tendencia a excluir a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a ellos. La política redistributiva del Estado, mediante servicios gratuitos, transferencias y impuestos progresivos, busca corregir estas desigualdades, beneficiando a toda la sociedad al promover un reparto de ingresos más equitativo.

El crecimiento del Estado de bienestar se relaciona estrechamente con el desarrollo económico y la evolución de la sociedad, respondiendo a nuevas necesidades surgidas de cambios sociales, económicos y demográficos. La intervención estatal en la economía se ha legitimado y ampliado, enfocándose en el empleo, la redistribución de ingresos, la protección social y el fomento de la cohesión social.

A lo largo del tiempo, la responsabilidad del Estado en el bienestar ciudadano ha evolucionado para abordar las cambiantes demandas de una sociedad en constante transformación. La discusión sobre el Estado de bienestar debe incluir tanto sus costos como los recursos necesarios para su sostenibilidad, evitando una actitud irresponsable que demande más prestaciones sin la disposición a financiarlas. Este debate debe considerar la eficiencia en el uso y la obtención de recursos, así como los desafíos planteados por variables incontrolables como los ciclos económicos y el envejecimiento poblacional.

GÉNESIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El origen del Estado de bienestar, tal como lo conocemos hoy, es un tema sobre el cual no existe consenso unánime en la doctrina. Si bien la mayoría de los autores sitúan su nacimiento inmediato en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial como parte de una mayor intervención pública en la economía, es posible identificar antecedentes históricos relevantes. Entre estos se encuentran las Leyes de Pobres, la legislación social implementada por el Canciller Bismarck en Alemania, e incluso iniciativas del siglo XI en China bajo el primer ministro Wang Anshi, quien estableció préstamos agrícolas y sistemas para regular salarios y pensiones, buscando proveer a los ciudadanos de servicios esenciales para un nivel de vida digno.

Esta evolución temprana del bienestar se puede dividir en tres etapas distintas: el período de experimentación desde 1870 hasta los años 20 del siglo XX, seguido por una fase de consolidación en las décadas de 1930 y 1940, y finalmente, un período de expansión entre 1940 y 1960. El Estado de bienestar surge como respuesta a las disfunciones sociales y políticas generadas por la industrialización, urbanización y explosión demográfica, que exacerbaban la pobreza y la desigualdad. Frente a esto, el Estado social emerge para extender la política social más allá de las clases medias y abordar de manera generalizada el bienestar social.

Este fenómeno se vio impulsado por eventos tanto económicos como extraeconómicos, incluyendo la democratización del sufragio y la Gran Depresión, que expusieron las limitaciones del modelo de producción capitalista y sus consecuencias negativas como el desempleo masivo. En respuesta, se adoptaron políticas económicas intervencionistas, como el New Deal de Roosevelt, y legislaciones clave para el desarrollo del bienestar social, destacando entre ellas el Informe Beveridge de 1942. Este informe proponía un sistema de seguridad social integral, capaz de proteger a los ciudadanos «desde la cuna hasta la tumba», y atacar los cinco grandes males de la sociedad: la indigencia, enfermedad, ignorancia, suciedad y ociosidad.

Las teorías económicas de Keynes, junto con las propuestas de Beveridge y el modelo de ciudadanía social de Marshall, conformaron los pilares fundamentales sobre los que se edificaron los Estados de bienestar modernos en la mayoría de los países desarrollados. La consolidación y generalización del Estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial se debió, en gran medida, a la necesidad de reconstruir las economías europeas, el recuerdo de los efectos devastadores de la Gran Depresión y un crecimiento económico sin precedentes impulsado por teorías económicas que favorecían la intervención pública para estimular la demanda y, por ende, el crecimiento económico.

Keynes reconoció cambios significativos posguerra que alteraron la percepción del ahorro y el consumo, introduciendo la idea de que estimular el consumo es esencial para fomentar el crecimiento económico. Este cambio de paradigma subrayó la importancia de la demanda como motor económico, justificando una mayor intervención del Estado para aumentar la capacidad de consumo y de inversión. El objetivo era incrementar el empleo y, con ello, la capacidad de consumo y gasto, impulsando la demanda y la producción. Así, la intervención estatal en la economía se convirtió en un instrumento clave para la legitimación y expansión del Estado de bienestar moderno.

CONCEPTO DE ESTADO DEL BIENESTAR

Definir el Estado del bienestar representa un desafío debido a su naturaleza histórica y dinámica, que refleja la evolución y diversidad de las realidades en las que se implementa. A continuación, se presentan algunas definiciones clave proporcionadas por expertos en el tema.

I. Gough (1982) ve el Estado del bienestar como un entramado de actividades y normativas. Este entramado abarca la provisión de servicios sociales específicos y la regulación de actividades privadas mediante el uso del poder estatal, con el objetivo de influir en la reproducción de la fuerza laboral y sostener a la población no trabajadora dentro de las sociedades capitalistas. Ejemplos de esta regulación incluyen normas sobre la jornada laboral, la edad de trabajo, descansos obligatorios, vacaciones pagadas y el salario mínimo.

J.L. Monereo (1995) define el Estado del bienestar como una estructura organizativa del poder político que asume la responsabilidad de garantizar protección social y bienestar básico a los ciudadanos. Esto implica la provisión estatal de una serie de servicios sociales esenciales y el compromiso de mantener un mínimo nivel de vida para todos los miembros de la comunidad política.

R. Muñoz de Bustillo (1989) describe el Estado del bienestar como el conjunto de intervenciones públicas destinadas a asegurar a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos que garanticen su supervivencia en un sentido social más que biológico, simplemente por su condición de ciudadanos.

Estas definiciones subrayan la naturaleza cambiante del Estado del bienestar, que se manifiesta a través de diversos modelos que combinan la provisión y financiación públicas con la economía de mercado. Aunque el equilibrio entre estos componentes varía con el tiempo y entre países, el Estado del bienestar se ha convertido en un pilar de la estructura política y social de las sociedades desarrolladas. Esto se debe a la creciente dependencia de la población de sus prestaciones, lo que le confiere un carácter inevitable según algunos autores como C. Offe, quien argumenta su permanencia basándose en su rentabilidad para trabajadores, empresarios y el Estado, así como en su papel en la reducción de conflictos y en la evidencia histórica de que sus prestaciones son duraderas.

MODELOS DE ESTADO DEL BIENESTAR

Modelos de estado de bienestar según la orientación de su cobertura y los pilares sobre los que se sustentan

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar refleja la diversidad de enfoques adoptados por diferentes países en respuesta a sus contextos económicos, políticos y sociales específicos. Aquí se presentan tres de los modelos más reconocidos y consensuados:

Modelo Bismarckiano. Este modelo, predominante en países de Europa Occidental como Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Holanda, se caracteriza por su enfoque conservador y corporativo. Se basa en el principio de seguro social, vinculado al salario del trabajador, donde las prestaciones se determinan según las cotizaciones previas al sistema. Este modelo busca la integración de los trabajadores en el sistema político, ofreciendo prestaciones a través del mercado laboral. Las mujeres y dependientes económicos del trabajador reciben derechos derivados. El objetivo es asegurar un nivel de vida estable a lo largo del ciclo vital del individuo, manteniendo la equidad horizontal.

Modelo Socialdemócrata. Implementado en países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, este modelo combina las ideas de Lord Beveridge con las prácticas de los países nórdicos. Se distingue por su cobertura universal y su vinculación con las teorías económicas de Keynes. Considera el bienestar de todos los ciudadanos como una responsabilidad estatal y promueve la igualdad en los derechos sociales, enfocándose en el logro del pleno empleo.

Modelo Sureño. Característico de países del sur de Europa, incluyendo España, este modelo centra el bienestar en la familia, asignándole un papel predominante y relegando a un segundo plano la intervención pública. Comparte con el modelo Bismarckiano el principio de acceso a la protección basado en el empleo y una mayor protección a los jubilados en comparación con la población activa. Sin embargo, es un modelo híbrido que incluye prestaciones universales como la salud y la educación, similares a las del modelo socialdemócrata, ofreciendo así un enfoque mixto que combina elementos de ambos modelos.

Estos modelos demuestran la complejidad y la variabilidad del concepto de Estado del bienestar, reflejando cómo las diferencias ideológicas, económicas y culturales influyen en la forma en que los países abordan la protección social y el bienestar de sus ciudadanos.

Modelos de estado de bienestar según la orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos

Según el grado de institucionalización.

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según el grado de institucionalización nos ofrece una perspectiva detallada de cómo diferentes países abordan la protección social y la redistribución de la renta. Esta clasificación se divide en tres modelos principales: institucional, residual e intermedio.

Modelo Institucional. Adoptado por países como el Reino Unido, los países escandinavos y Austria, este modelo equilibra el individualismo y la libertad económica con la seguridad y la igualdad. Se caracteriza por programas públicos universales, seguros sociales para trabajadores y políticas activas de redistribución de renta. Su enfoque en la igualdad económica y social y en la necesidad guía la provisión de servicios y transferencias universales. Este modelo favorece la redistribución vertical, la solidaridad y la igualdad, con un fuerte énfasis en alcanzar el pleno empleo a través de la cooperación entre sindicatos y gobierno. Se destaca por altas tasas de sindicalización, negociación centralizada de salarios y elevados niveles de gasto público, con poca regulación y un predominio de transferencias universales.

Modelo Residual. En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suiza, el Estado tiene un rol secundario, priorizando el mercado y la familia en la satisfacción de necesidades. La intervención estatal se limita a proteger contra los riesgos de desregulación de mercados, asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, y aplicar políticas de empleo minimalistas. Las prestaciones públicas requieren una prueba de medios y son selectivas, destinadas solo a quienes el mercado y la familia no pueden sostener. Este modelo se caracteriza por bajo poder sindical, negociación colectiva fragmentada y una regulación escasa del mercado de trabajo.

Modelo Intermedio. Representado por Alemania, este modelo valora el mérito y la productividad laboral para la satisfacción de necesidades sociales, enfocándose en prestaciones sociales que compensan el desempleo sin perseguir activamente el pleno empleo. La asignación de recursos sigue dependiendo en gran medida del mercado laboral, con protección para quienes han contribuido al sistema. Los beneficios están relacionados con las cotizaciones previas, y la cobertura se define sin considerar necesariamente la necesidad. Presenta una tasa de sindicalización media, negociación centralizada, fuerte regulación y altos niveles de gasto, enfocándose en la redistribución horizontal y cubriendo necesidades ante riesgos específicos.

Cada uno de estos modelos refleja diferentes filosofías políticas y económicas sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad, la importancia de la solidaridad social, y cómo se deben manejar la seguridad y la igualdad en contraposición a la libertad y el individualismo.

Según el criterio político

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según criterios políticos nos proporciona una visión de cómo las diferencias ideológicas y culturales influyen en la configuración de los sistemas de protección social y redistribución de ingresos en diversos países. A continuación, se detallan cinco modelos principales basados en este criterio:

Estado Liberal. Presente en Estados Unidos, Canadá y Australia, este modelo se caracteriza por ofrecer ayudas focalizadas a los más pobres, con transferencias universales modestas y subsidios dirigidos a clases de ingresos inferiores. Promueve una coexistencia de estratos sociales, donde la protección social para los más desfavorecidos convive con un bienestar social mayoritario suministrado por el mercado, perpetuando así la estratificación social.

Estado Corporatista. En países como Francia, Alemania, Austria y Bélgica, los derechos sociales están vinculados a la clase laboral, manteniendo diferencias sociales. Este modelo tiene un escaso papel redistributivo y se apoya en mecanismos tradicionales de bienestar como la familia y la Iglesia, destacando un fuerte componente contributivo.

Estado Socialdemócrata. Los países escandinavos adoptan este modelo con el objetivo de lograr la igualdad mediante programas universalistas. Se enfoca en la independencia del individuo respecto a la familia y el mercado, y existe un compromiso político con el pleno empleo, reflejando un sistema político de orientación socialista.

Modelo Radical. Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido ejemplifican este modelo, que busca combatir la pobreza y lograr la igualdad de ingresos mediante instrumentos redistributivos distintos a los altos niveles de gasto social tradicionalmente asociados con el Estado del bienestar.

Modelo Tradicional, Católico. Este modelo, visto en países como Italia, España, Grecia y Portugal, se caracteriza por un sistema de bienestar poco institucionalizado, con un bajo compromiso con el pleno empleo. La familia desempeña un papel crucial en la provisión del bienestar, con una tasa sindical baja y negociación centralizada. La política social tiende a mantener el estatus social existente, resultando en una alta desigualdad en la estructura de ingresos.

Cada uno de estos modelos refleja una filosofía política y social única sobre el rol del Estado en la economía, la importancia de la solidaridad social frente a la autonomía individual, y cómo equilibrar la libertad económica con la justicia social.

Según el grado de corporativismo

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según el grado de corporativismo ofrece una perspectiva sobre cómo la interacción entre los actores sociales y económicos, incluidos los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Estado, influye en la formulación y la implementación de políticas sociales y económicas. Esta clasificación se divide en dos categorías principales: el modelo pluralista y el modelo corporatista integrado.

Modelo Pluralista. Este modelo se caracteriza por una regulación económica orientada hacia la demanda, con un consenso limitado sobre los objetivos de la política económica. La política social se encuentra relativamente desconectada de la economía y la política general, y hay una gran cantidad de grupos de interés con distintos niveles de influencia y participación. Dentro del modelo pluralista, se identifican dos subtipos:

  • Países corporatistas sin amplia participación del trabajo: Incluye naciones como Japón, Francia y Suiza, donde, a pesar de la existencia de estructuras corporativas, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones es limitada.
  • Países con mínimo corporativismo: Se refiere a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, países en los cuales el corporativismo es débil y los grupos de interés operan en un marco de competencia más abierta, sin una integración profunda en la formulación de políticas económicas y sociales.

Modelo Corporatista Integrado. Representado por Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Noruega, este modelo se distingue por una regulación económica que también considera el lado de la oferta. Se reconoce y se institucionaliza la interdependencia entre los ámbitos social y económico, promoviendo una integración más profunda entre las políticas económicas y sociales. Los grupos de presión en estos países están fuertemente organizados y juegan un papel significativo en el consenso y la formulación de políticas. Este enfoque promueve una colaboración más estrecha entre los diferentes actores sociales, incluyendo sindicatos y organizaciones empresariales, en la gestión de la economía y la implementación de políticas sociales.

Ambos modelos reflejan distintas maneras de entender y estructurar la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, influyendo significativamente en la dirección y la eficacia de las políticas de bienestar y en la cohesión social y económica de los países.

La discusión sobre los modelos de Estado del bienestar según su orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos revela la complejidad y la diversidad inherentes a estos sistemas. La dificultad de clasificar los Estados del bienestar de manera exhaustiva subraya la evolución y la adaptación de estos modelos a los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo del tiempo.

Inicialmente, los sistemas de bienestar se podían categorizar en modelos puros, como el continental (Bismarckiano), enfocado en la protección basada en el empleo y las contribuciones al sistema, y el atlántico (Beveridgiano), centrado en la cobertura de necesidades básicas y financiado por el Estado. Sin embargo, la realidad actual muestra una fusión de objetivos y una universalización tanto de los riesgos cubiertos como de los destinatarios de la protección, extendiéndose más allá de los trabajadores y sus dependientes para incluir a la población en general.

Esta evolución refleja una adaptación a las necesidades cambiantes de las sociedades modernas, donde los sistemas de bienestar no solo buscan responder a situaciones de necesidad o riesgo laboral, sino que también se orientan hacia el logro de importantes metas económicas. La interacción entre los objetivos sociales y económicos de los Estados del bienestar ha llevado a la creación de modelos híbridos que buscan equilibrar la protección social con la promoción del crecimiento económico y la estabilidad.

En momentos de crisis económica, cuando se presiona para ampliar la cobertura del bienestar mientras sus bases financieras se debilitan, surgen debates sobre los fines y objetivos de estos sistemas. Se plantea la necesidad de una legitimidad mayor para la acción estatal en el ámbito del bienestar y una colaboración más estrecha con la sociedad civil, marcando un cambio desde la «esperanza de Estado» hacia la «confianza en la sociedad». Este cambio refleja una búsqueda de equilibrio entre lo público y lo privado, reconociendo los límites fluidos y a menudo volátiles entre ambos ámbitos.

La discusión sobre los Estados del bienestar destaca la importancia de adaptarse a las realidades sociales y económicas cambiantes, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales de protección y solidaridad social. La complejidad y pluralidad de estos sistemas subrayan su valor irrenunciable para las sociedades contemporáneas, incluso ante los desafíos presentados por las crisis económicas y los cambios en el tejido social.

REFERENCIAS

  • Alemán Bracho. (2020). Políticas sociales : innovaciones y cambios (1st & #170; ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi

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