En las sociedades democráticas modernas, el estado de derecho no es solo una frase retórica, sino un principio de gobernabilidad esencial que garantiza justicia y equidad. Este principio sostiene que todos, sin excepción – desde el ciudadano común hasta las instituciones gubernamentales y entidades privadas – están sujetos a un cuerpo legal firmemente establecido, transparente y equitativo. La importancia de estas leyes trasciende su existencia; radica en su promulgación abierta y su aplicación imparcial, supervisada por un poder judicial que opera con independencia y objetividad.
La influencia del estado de derecho se extiende más allá de la teoría jurídica; tiene implicaciones prácticas significativas, especialmente en la mejora de los servicios públicos. Un derecho fundamental como la sanidad puede verse considerablemente reforzado bajo este marco. A través de mecanismos como el procedimiento de reclamación patrimonial, el estado de derecho demuestra su capacidad para servir de motor en la promoción de la calidad y eficiencia en la asistencia sanitaria.
Las reclamaciones patrimoniales, presentadas por ciudadanos contra la administración debido a negligencias o deficiencias en la prestación de servicios sanitarios, conllevan costes que el Estado debe asumir. Estos costes no solo representan una carga financiera directa, sino que también reflejan el precio de no cumplir con los estándares esperados de atención sanitaria. Cuando el coste de manejar y resolver estas reclamaciones supera el de implementar mejoras en el sistema de salud, la administración se encuentra ante un poderoso incentivo económico para actuar. En consecuencia, es probable que se inicien reformas significativas que eleven la calidad del servicio.
Este mecanismo no solo protege a los ciudadanos al brindarles una vía para reclamar sus derechos, sino que también promueve un ciclo virtuoso de mejora continua. Las instituciones, al enfrentar las consecuencias de sus falencias, se ven impulsadas a mejorar proactivamente la asistencia sanitaria, priorizando así el bienestar de la población.
En resumen, el estado de derecho se revela como un instrumento vital para el progreso social y la garantía de servicios públicos de calidad. Al alinear los costes legales con los principios de eficiencia y atención al ciudadano, se establece un entorno en el cual la calidad de los servicios sanitarios no solo es un ideal, sino una expectativa real y alcanzable. Esto no es solo una victoria para la gobernabilidad, sino una victoria tangible para cada individuo que depende de estos servicios esenciales.
