Genesis, expansión, crisis y retos del estado del bienestar

Tabla de contenidos

VERSIÓN 1.0

INTRODUCCIÓN

La noción contemporánea del Estado de bienestar emerge de la intervención estatal en el bienestar poblacional tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus raíces se pueden rastrear hasta finales del siglo XIX y principios del XX, es más recientemente que el compromiso del sector público con el bienestar ciudadano ha cobrado mayor relevancia, marcando un hito en el desarrollo de las economías de mercado avanzadas. En estas economías, la contribución pública al Producto Interno Bruto (PIB) suele rondar el 50%, evidenciando la magnitud tanto cualitativa como cuantitativa de este fenómeno. La inversión pública en bienes con externalidades positivas destaca por su creciente necesidad de recursos, subrayando la importancia de la participación ciudadana en su financiamiento.

El Estado de bienestar, con sus prestaciones, busca alcanzar objetivos clave como la seguridad económica, la reducción de la desigualdad y la lucha contra la pobreza, promoviendo así la integración social. La legitimidad del Estado para priorizar el bienestar se asienta en la eficiencia económica y en la incapacidad del mercado para abordar adecuadamente la asignación y distribución de recursos, especialmente en lo que respecta a los bienes meritocráticos y la equidad.

Los enfoques liberales sugieren que el mercado debería determinar la producción y distribución, relegando la intervención estatal a situaciones donde la solución de mercado sea insuficiente. Sin embargo, la realidad demuestra la necesidad de una intervención estatal en la provisión de bienes y servicios esenciales para el bienestar, dada su generación de externalidades positivas y la insuficiente respuesta del mercado para satisfacer la demanda social.

La intervención pública es crucial para corregir las deficiencias del mercado, especialmente en la distribución de ingresos y la provisión de bienes esenciales. Esto se debe a la incapacidad del mercado de reflejar la demanda social real de ciertos bienes y a su tendencia a excluir a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a ellos. La política redistributiva del Estado, mediante servicios gratuitos, transferencias y impuestos progresivos, busca corregir estas desigualdades, beneficiando a toda la sociedad al promover un reparto de ingresos más equitativo.

El crecimiento del Estado de bienestar se relaciona estrechamente con el desarrollo económico y la evolución de la sociedad, respondiendo a nuevas necesidades surgidas de cambios sociales, económicos y demográficos. La intervención estatal en la economía se ha legitimado y ampliado, enfocándose en el empleo, la redistribución de ingresos, la protección social y el fomento de la cohesión social.

A lo largo del tiempo, la responsabilidad del Estado en el bienestar ciudadano ha evolucionado para abordar las cambiantes demandas de una sociedad en constante transformación. La discusión sobre el Estado de bienestar debe incluir tanto sus costos como los recursos necesarios para su sostenibilidad, evitando una actitud irresponsable que demande más prestaciones sin la disposición a financiarlas. Este debate debe considerar la eficiencia en el uso y la obtención de recursos, así como los desafíos planteados por variables incontrolables como los ciclos económicos y el envejecimiento poblacional.

GÉNESIS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

El origen del Estado de bienestar, tal como lo conocemos hoy, es un tema sobre el cual no existe consenso unánime en la doctrina. Si bien la mayoría de los autores sitúan su nacimiento inmediato en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial como parte de una mayor intervención pública en la economía, es posible identificar antecedentes históricos relevantes. Entre estos se encuentran las Leyes de Pobres, la legislación social implementada por el Canciller Bismarck en Alemania, e incluso iniciativas del siglo XI en China bajo el primer ministro Wang Anshi, quien estableció préstamos agrícolas y sistemas para regular salarios y pensiones, buscando proveer a los ciudadanos de servicios esenciales para un nivel de vida digno.

Esta evolución temprana del bienestar se puede dividir en tres etapas distintas: el período de experimentación desde 1870 hasta los años 20 del siglo XX, seguido por una fase de consolidación en las décadas de 1930 y 1940, y finalmente, un período de expansión entre 1940 y 1960. El Estado de bienestar surge como respuesta a las disfunciones sociales y políticas generadas por la industrialización, urbanización y explosión demográfica, que exacerbaban la pobreza y la desigualdad. Frente a esto, el Estado social emerge para extender la política social más allá de las clases medias y abordar de manera generalizada el bienestar social.

Este fenómeno se vio impulsado por eventos tanto económicos como extraeconómicos, incluyendo la democratización del sufragio y la Gran Depresión, que expusieron las limitaciones del modelo de producción capitalista y sus consecuencias negativas como el desempleo masivo. En respuesta, se adoptaron políticas económicas intervencionistas, como el New Deal de Roosevelt, y legislaciones clave para el desarrollo del bienestar social, destacando entre ellas el Informe Beveridge de 1942. Este informe proponía un sistema de seguridad social integral, capaz de proteger a los ciudadanos «desde la cuna hasta la tumba», y atacar los cinco grandes males de la sociedad: la indigencia, enfermedad, ignorancia, suciedad y ociosidad.

Las teorías económicas de Keynes, junto con las propuestas de Beveridge y el modelo de ciudadanía social de Marshall, conformaron los pilares fundamentales sobre los que se edificaron los Estados de bienestar modernos en la mayoría de los países desarrollados. La consolidación y generalización del Estado de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial se debió, en gran medida, a la necesidad de reconstruir las economías europeas, el recuerdo de los efectos devastadores de la Gran Depresión y un crecimiento económico sin precedentes impulsado por teorías económicas que favorecían la intervención pública para estimular la demanda y, por ende, el crecimiento económico.

Keynes reconoció cambios significativos posguerra que alteraron la percepción del ahorro y el consumo, introduciendo la idea de que estimular el consumo es esencial para fomentar el crecimiento económico. Este cambio de paradigma subrayó la importancia de la demanda como motor económico, justificando una mayor intervención del Estado para aumentar la capacidad de consumo y de inversión. El objetivo era incrementar el empleo y, con ello, la capacidad de consumo y gasto, impulsando la demanda y la producción. Así, la intervención estatal en la economía se convirtió en un instrumento clave para la legitimación y expansión del Estado de bienestar moderno.

CONCEPTO DE ESTADO DEL BIENESTAR

Definir el Estado del bienestar representa un desafío debido a su naturaleza histórica y dinámica, que refleja la evolución y diversidad de las realidades en las que se implementa. A continuación, se presentan algunas definiciones clave proporcionadas por expertos en el tema.

I. Gough (1982) ve el Estado del bienestar como un entramado de actividades y normativas. Este entramado abarca la provisión de servicios sociales específicos y la regulación de actividades privadas mediante el uso del poder estatal, con el objetivo de influir en la reproducción de la fuerza laboral y sostener a la población no trabajadora dentro de las sociedades capitalistas. Ejemplos de esta regulación incluyen normas sobre la jornada laboral, la edad de trabajo, descansos obligatorios, vacaciones pagadas y el salario mínimo.

J.L. Monereo (1995) define el Estado del bienestar como una estructura organizativa del poder político que asume la responsabilidad de garantizar protección social y bienestar básico a los ciudadanos. Esto implica la provisión estatal de una serie de servicios sociales esenciales y el compromiso de mantener un mínimo nivel de vida para todos los miembros de la comunidad política.

R. Muñoz de Bustillo (1989) describe el Estado del bienestar como el conjunto de intervenciones públicas destinadas a asegurar a todos los ciudadanos el acceso a servicios básicos que garanticen su supervivencia en un sentido social más que biológico, simplemente por su condición de ciudadanos.

Estas definiciones subrayan la naturaleza cambiante del Estado del bienestar, que se manifiesta a través de diversos modelos que combinan la provisión y financiación públicas con la economía de mercado. Aunque el equilibrio entre estos componentes varía con el tiempo y entre países, el Estado del bienestar se ha convertido en un pilar de la estructura política y social de las sociedades desarrolladas. Esto se debe a la creciente dependencia de la población de sus prestaciones, lo que le confiere un carácter inevitable según algunos autores como C. Offe, quien argumenta su permanencia basándose en su rentabilidad para trabajadores, empresarios y el Estado, así como en su papel en la reducción de conflictos y en la evidencia histórica de que sus prestaciones son duraderas.

MODELOS DE ESTADO DEL BIENESTAR

Modelos de estado de bienestar según la orientación de su cobertura y los pilares sobre los que se sustentan

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar refleja la diversidad de enfoques adoptados por diferentes países en respuesta a sus contextos económicos, políticos y sociales específicos. Aquí se presentan tres de los modelos más reconocidos y consensuados:

Modelo Bismarckiano. Este modelo, predominante en países de Europa Occidental como Alemania, Francia, Bélgica, Austria y Holanda, se caracteriza por su enfoque conservador y corporativo. Se basa en el principio de seguro social, vinculado al salario del trabajador, donde las prestaciones se determinan según las cotizaciones previas al sistema. Este modelo busca la integración de los trabajadores en el sistema político, ofreciendo prestaciones a través del mercado laboral. Las mujeres y dependientes económicos del trabajador reciben derechos derivados. El objetivo es asegurar un nivel de vida estable a lo largo del ciclo vital del individuo, manteniendo la equidad horizontal.

Modelo Socialdemócrata. Implementado en países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega, este modelo combina las ideas de Lord Beveridge con las prácticas de los países nórdicos. Se distingue por su cobertura universal y su vinculación con las teorías económicas de Keynes. Considera el bienestar de todos los ciudadanos como una responsabilidad estatal y promueve la igualdad en los derechos sociales, enfocándose en el logro del pleno empleo.

Modelo Sureño. Característico de países del sur de Europa, incluyendo España, este modelo centra el bienestar en la familia, asignándole un papel predominante y relegando a un segundo plano la intervención pública. Comparte con el modelo Bismarckiano el principio de acceso a la protección basado en el empleo y una mayor protección a los jubilados en comparación con la población activa. Sin embargo, es un modelo híbrido que incluye prestaciones universales como la salud y la educación, similares a las del modelo socialdemócrata, ofreciendo así un enfoque mixto que combina elementos de ambos modelos.

Estos modelos demuestran la complejidad y la variabilidad del concepto de Estado del bienestar, reflejando cómo las diferencias ideológicas, económicas y culturales influyen en la forma en que los países abordan la protección social y el bienestar de sus ciudadanos.

Modelos de estado de bienestar según la orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos

Según el grado de institucionalización.

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según el grado de institucionalización nos ofrece una perspectiva detallada de cómo diferentes países abordan la protección social y la redistribución de la renta. Esta clasificación se divide en tres modelos principales: institucional, residual e intermedio.

Modelo Institucional. Adoptado por países como el Reino Unido, los países escandinavos y Austria, este modelo equilibra el individualismo y la libertad económica con la seguridad y la igualdad. Se caracteriza por programas públicos universales, seguros sociales para trabajadores y políticas activas de redistribución de renta. Su enfoque en la igualdad económica y social y en la necesidad guía la provisión de servicios y transferencias universales. Este modelo favorece la redistribución vertical, la solidaridad y la igualdad, con un fuerte énfasis en alcanzar el pleno empleo a través de la cooperación entre sindicatos y gobierno. Se destaca por altas tasas de sindicalización, negociación centralizada de salarios y elevados niveles de gasto público, con poca regulación y un predominio de transferencias universales.

Modelo Residual. En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suiza, el Estado tiene un rol secundario, priorizando el mercado y la familia en la satisfacción de necesidades. La intervención estatal se limita a proteger contra los riesgos de desregulación de mercados, asegurar la estabilidad y el crecimiento económico, y aplicar políticas de empleo minimalistas. Las prestaciones públicas requieren una prueba de medios y son selectivas, destinadas solo a quienes el mercado y la familia no pueden sostener. Este modelo se caracteriza por bajo poder sindical, negociación colectiva fragmentada y una regulación escasa del mercado de trabajo.

Modelo Intermedio. Representado por Alemania, este modelo valora el mérito y la productividad laboral para la satisfacción de necesidades sociales, enfocándose en prestaciones sociales que compensan el desempleo sin perseguir activamente el pleno empleo. La asignación de recursos sigue dependiendo en gran medida del mercado laboral, con protección para quienes han contribuido al sistema. Los beneficios están relacionados con las cotizaciones previas, y la cobertura se define sin considerar necesariamente la necesidad. Presenta una tasa de sindicalización media, negociación centralizada, fuerte regulación y altos niveles de gasto, enfocándose en la redistribución horizontal y cubriendo necesidades ante riesgos específicos.

Cada uno de estos modelos refleja diferentes filosofías políticas y económicas sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad, la importancia de la solidaridad social, y cómo se deben manejar la seguridad y la igualdad en contraposición a la libertad y el individualismo.

Según el criterio político

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según criterios políticos nos proporciona una visión de cómo las diferencias ideológicas y culturales influyen en la configuración de los sistemas de protección social y redistribución de ingresos en diversos países. A continuación, se detallan cinco modelos principales basados en este criterio:

Estado Liberal. Presente en Estados Unidos, Canadá y Australia, este modelo se caracteriza por ofrecer ayudas focalizadas a los más pobres, con transferencias universales modestas y subsidios dirigidos a clases de ingresos inferiores. Promueve una coexistencia de estratos sociales, donde la protección social para los más desfavorecidos convive con un bienestar social mayoritario suministrado por el mercado, perpetuando así la estratificación social.

Estado Corporatista. En países como Francia, Alemania, Austria y Bélgica, los derechos sociales están vinculados a la clase laboral, manteniendo diferencias sociales. Este modelo tiene un escaso papel redistributivo y se apoya en mecanismos tradicionales de bienestar como la familia y la Iglesia, destacando un fuerte componente contributivo.

Estado Socialdemócrata. Los países escandinavos adoptan este modelo con el objetivo de lograr la igualdad mediante programas universalistas. Se enfoca en la independencia del individuo respecto a la familia y el mercado, y existe un compromiso político con el pleno empleo, reflejando un sistema político de orientación socialista.

Modelo Radical. Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido ejemplifican este modelo, que busca combatir la pobreza y lograr la igualdad de ingresos mediante instrumentos redistributivos distintos a los altos niveles de gasto social tradicionalmente asociados con el Estado del bienestar.

Modelo Tradicional, Católico. Este modelo, visto en países como Italia, España, Grecia y Portugal, se caracteriza por un sistema de bienestar poco institucionalizado, con un bajo compromiso con el pleno empleo. La familia desempeña un papel crucial en la provisión del bienestar, con una tasa sindical baja y negociación centralizada. La política social tiende a mantener el estatus social existente, resultando en una alta desigualdad en la estructura de ingresos.

Cada uno de estos modelos refleja una filosofía política y social única sobre el rol del Estado en la economía, la importancia de la solidaridad social frente a la autonomía individual, y cómo equilibrar la libertad económica con la justicia social.

Según el grado de corporativismo

La clasificación de los modelos de Estado del bienestar según el grado de corporativismo ofrece una perspectiva sobre cómo la interacción entre los actores sociales y económicos, incluidos los sindicatos, las organizaciones empresariales y el Estado, influye en la formulación y la implementación de políticas sociales y económicas. Esta clasificación se divide en dos categorías principales: el modelo pluralista y el modelo corporatista integrado.

Modelo Pluralista. Este modelo se caracteriza por una regulación económica orientada hacia la demanda, con un consenso limitado sobre los objetivos de la política económica. La política social se encuentra relativamente desconectada de la economía y la política general, y hay una gran cantidad de grupos de interés con distintos niveles de influencia y participación. Dentro del modelo pluralista, se identifican dos subtipos:

Países corporatistas sin amplia participación del trabajo: Incluye naciones como Japón, Francia y Suiza, donde, a pesar de la existencia de estructuras corporativas, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones es limitada.
Países con mínimo corporativismo: Se refiere a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia, países en los cuales el corporativismo es débil y los grupos de interés operan en un marco de competencia más abierta, sin una integración profunda en la formulación de políticas económicas y sociales.

Modelo Corporatista Integrado. Representado por Bélgica, los Países Bajos, Suecia y Noruega, este modelo se distingue por una regulación económica que también considera el lado de la oferta. Se reconoce y se institucionaliza la interdependencia entre los ámbitos social y económico, promoviendo una integración más profunda entre las políticas económicas y sociales. Los grupos de presión en estos países están fuertemente organizados y juegan un papel significativo en el consenso y la formulación de políticas. Este enfoque promueve una colaboración más estrecha entre los diferentes actores sociales, incluyendo sindicatos y organizaciones empresariales, en la gestión de la economía y la implementación de políticas sociales.

Ambos modelos reflejan distintas maneras de entender y estructurar la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, influyendo significativamente en la dirección y la eficacia de las políticas de bienestar y en la cohesión social y económica de los países.

La discusión sobre los modelos de Estado del bienestar según su orientación ideológica y la vinculación de sus prestaciones a los objetivos económicos revela la complejidad y la diversidad inherentes a estos sistemas. La dificultad de clasificar los Estados del bienestar de manera exhaustiva subraya la evolución y la adaptación de estos modelos a los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo del tiempo.

Inicialmente, los sistemas de bienestar se podían categorizar en modelos puros, como el continental (Bismarckiano), enfocado en la protección basada en el empleo y las contribuciones al sistema, y el atlántico (Beveridgiano), centrado en la cobertura de necesidades básicas y financiado por el Estado. Sin embargo, la realidad actual muestra una fusión de objetivos y una universalización tanto de los riesgos cubiertos como de los destinatarios de la protección, extendiéndose más allá de los trabajadores y sus dependientes para incluir a la población en general.

Esta evolución refleja una adaptación a las necesidades cambiantes de las sociedades modernas, donde los sistemas de bienestar no solo buscan responder a situaciones de necesidad o riesgo laboral, sino que también se orientan hacia el logro de importantes metas económicas. La interacción entre los objetivos sociales y económicos de los Estados del bienestar ha llevado a la creación de modelos híbridos que buscan equilibrar la protección social con la promoción del crecimiento económico y la estabilidad.

En momentos de crisis económica, cuando se presiona para ampliar la cobertura del bienestar mientras sus bases financieras se debilitan, surgen debates sobre los fines y objetivos de estos sistemas. Se plantea la necesidad de una legitimidad mayor para la acción estatal en el ámbito del bienestar y una colaboración más estrecha con la sociedad civil, marcando un cambio desde la «esperanza de Estado» hacia la «confianza en la sociedad». Este cambio refleja una búsqueda de equilibrio entre lo público y lo privado, reconociendo los límites fluidos y a menudo volátiles entre ambos ámbitos.

La discusión sobre los Estados del bienestar destaca la importancia de adaptarse a las realidades sociales y económicas cambiantes, manteniendo al mismo tiempo los principios fundamentales de protección y solidaridad social. La complejidad y pluralidad de estos sistemas subrayan su valor irrenunciable para las sociedades contemporáneas, incluso ante los desafíos presentados por las crisis económicas y los cambios en el tejido social.

OBJETIVOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR: PRINCIPALES ACCIONES

Los objetivos del Estado del bienestar y sus principales acciones han sido ampliamente discutidos, mostrando cómo, aunque con diferentes niveles de énfasis, todos los Estados considerados han buscado proporcionar seguridad económica, reducir las desigualdades sociales y combatir la pobreza. Esto se ha logrado principalmente externalizando hacia el sector público costos que anteriormente recaían en el individuo o la familia. El reparto de recursos para estos propósitos ha estado influenciado por los orígenes del sistema, las circunstancias económicas y la ideología dominante en cada época.

De manera resumida, los objetivos mencionados anteriormente y sus justificaciones se pueden describir de la siguiente manera:

Objetivo: Seguridad Económica. Se busca mantener un estándar de vida para los ciudadanos como un derecho político, garantizando una renta mínima y reduciendo la inseguridad económica y social mediante prestaciones económicas como pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas familiares.

Ventajas del aseguramiento público	Inconvenientes del aseguramiento público
✔️Menores costes de transacción. ✔️Capacidad para asegurar riesgos de carácter social (como el desempleo). ✔️Evitación de la selección adversa. ✔️Si es obligatorio, impide la falta de previsión individual.	✔️No impide, sino que puede incentivar el riesgo moral. ✔️Puede dar lugar a la esperanza de Estado.

Objetivo: Reducción de la Desigualdad. Este objetivo pretende modificar la distribución de la renta entre los miembros de la sociedad, buscando reducir la concentración de la renta, aumentarla en los grupos con menores ingresos y promover la igualdad de oportunidades o resultados finales. Esto se logra a través de transferencias de ingresos, suministro de bienes y servicios y establecimiento de un sistema impositivo progresivo.

Objetivo: Lucha contra la Pobreza. Se centra en la integración social de los excluidos, enfrentando la pobreza surgida de crisis económicas y cambios sociales y demográficos. Para lograrlo, se implementan políticas de desempleo, protección a la familia, programas de lucha contra la pobreza y prestaciones no contributivas.

Es importante destacar que la mezcla de estos objetivos puede generar efectos perversos, especialmente cuando la expansión del Estado del bienestar requiere mayores recursos, lo que puede resultar en desfases entre los propósitos redistributivos del gasto social y los tributos que lo financian. Por lo tanto, al analizar su impacto redistributivo, es esencial considerar tanto la perspectiva del gasto social como la de los ingresos necesarios para su sostenimiento, principalmente a través de impuestos.

Es crucial comprender cómo estos objetivos y acciones se entrelazan y afectan mutuamente, ya que esto permite una evaluación más precisa y completa del impacto del Estado del bienestar en la sociedad.

EXPANSIÓN DEL ESTADO DEL BIENESTAR

La expansión del Estado del bienestar ha sido influenciada por una variedad de factores económicos, políticos y sociales que han moldeado sus objetivos y su legitimidad a lo largo de su evolución.

Factores económicos

En términos económicos, después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de abordar los desafíos asociados con la falta de crecimiento económico y el desempleo, así como la corrección de las desigualdades en la distribución del ingreso, condujo al surgimiento y desarrollo del Estado del bienestar. Este sistema proporcionó una forma más eficiente y duradera de alcanzar estos objetivos económicos en comparación con la intervención exclusiva del mercado. Además, al socializar el gasto en áreas como educación y salud, el Estado del bienestar contribuyó a reducir los costos laborales para el capital y a mejorar el equilibrio entre salarios directos e indirectos.

La teoría keynesiana respaldó los beneficios de una mayor intervención estatal, lo que generó una demanda creciente de políticas de bienestar en los Estados europeos. Sin embargo, durante la crisis de los años setenta, se evidenciaron las limitaciones y precariedades de los sistemas de bienestar, especialmente debido a la presión financiera causada por el desempleo y el aumento del gasto social. Este contexto llevó a un cuestionamiento de la intervención estatal en la economía y el propósito de mantener sistemas de bienestar que, aunque ofrecían más beneficios, se alejaban de sus objetivos originales y se convertían en un instrumento más para la estabilidad económica.

A pesar de estos desafíos, el Estado del bienestar se percibe como esencial para el funcionamiento de una economía desarrollada, ya que contribuye significativamente a la estabilidad macroeconómica y al desarrollo económico a través de su impacto en el consumo y la inversión en capital humano y servicios sociales. Aunque pueden surgir debates sobre su eficacia y justificación de ciertos elementos, el núcleo esencial del Estado del bienestar, vinculado a la garantía de niveles mínimos de bienestar, es generalmente aceptado y no se cuestiona su existencia.

Factores políticos

Los factores políticos también jugaron un papel crucial en el desarrollo del Estado del bienestar. La legitimidad del Estado para intervenir en la economía no solo se fundamentó en la propagación de la teoría keynesiana, sino también en los procesos de democratización que garantizaban derechos políticos, económicos y sociales a los ciudadanos.

En este contexto, el Estado asumió un papel fundamental en la facilitación de la integración social mediante la expansión de servicios públicos como la sanidad, la educación y las pensiones a prácticamente toda la población. Esto marcó un cambio significativo, ya que la responsabilidad del bienestar de los ciudadanos pasó del ámbito familiar al Estado, lo que generó una creciente expectativa de intervención estatal para garantizar el bienestar social, aunque no fuera el productor directo de los bienes necesarios para lograrlo.

La intervención estatal también contribuyó a la integración de las organizaciones obreras en el sistema capitalista, lo que ayudó a evitar transformaciones abruptas en el sistema político y permitió una síntesis entre la libertad económica y la igualdad social.

Es comprensible entonces que Marshall, en 1950, considerara que el Estado del bienestar representaba la realización de los derechos sociales, después de que los derechos civiles (siglo XVIII) y políticos (siglo XIX) fueran reconocidos. Por lo tanto, el crecimiento del gasto público se convirtió en una consecuencia lógica de la extensión de los derechos de ciudadanía.

Al institucionalizar los derechos sociales, el Estado del bienestar contribuyó a una mayor estabilidad política y al mantenimiento de la paz social al fomentar una mayor interacción social y legitimidad del sistema económico.

Factores sociales

Diversos factores de índole social han influido en el desarrollo y expansión del Estado del bienestar. Entre estos factores se encuentra la incapacidad de la población trabajadora para hacer frente a su mayor vulnerabilidad como consecuencia de su participación en los procesos productivos. La proliferación de una masa trabajadora cada vez más numerosa y desprotegida también ha sido un elemento clave, así como la ampliación de todas las fuerzas sociales, incluidos trabajadores, sindicatos y empresarios, cuya expansión y desarrollo han contribuido de manera efectiva a la articulación de su propia fuerza reivindicativa en materia social.

La extensión progresiva de los derechos de los ciudadanos en el ámbito social ha llevado a un aumento del número de personas que pueden acceder de forma gratuita a un amplio catálogo de prestaciones sociales. Esta universalidad hace necesario que sean las instituciones públicas las que garanticen el acceso equitativo y sin discriminación a dichos servicios, permitiendo así la plena integración y participación activa de todos los ciudadanos en la sociedad.

En lugar de basarse en una prueba de recursos o en la situación especial de riesgo derivada de la participación en el proceso productivo, el suministro de servicios y prestaciones se ha ampliado cada vez más, ofreciendo beneficios no solo a aquellos que carecen de recursos o a los trabajadores y sus familias, sino a toda la población, considerando estos beneficios como un derecho inherente a la condición de ciudadano.

Las teorías explicativas del desarrollo del Estado del bienestar desde la perspectiva de la demanda de bienestar social ofrecen diversos enfoques. La teoría del industrialismo destaca los factores socioeconómicos como determinantes principales, mientras que la teoría socialdemócrata enfatiza las luchas sociales y políticas del movimiento obrero organizado. Por otro lado, la teoría neomarxista sostiene que el Estado del bienestar sirve a los intereses de la clase dominante, y la teoría política corporatista o de grupos de interés resalta el papel de estos grupos en la articulación de necesidades colectivas y políticas públicas.

Factores Sociales en el Desarrollo del Estado del Bienestar:
- Incapacidad de la población trabajadora:
  - Participación en procesos productivos aumenta vulnerabilidad.
  - Masa trabajadora numerosa y desprotegida.
- Ampliación de fuerzas sociales:
  - Desarrollo y expansión de trabajadores, sindicatos y empresarios.
  - Contribución a la articulación de fuerza reivindicativa en lo social.
- Extensión de derechos ciudadanos:
  - Progresiva ampliación del acceso gratuito a prestaciones sociales.
  - Universalidad garantizada por instituciones públicas para integración plena.
- Cambio en suministro de servicios:
  - De pruebas de recursos a prestaciones extendidas a toda la población.
  - Reconocimiento de beneficios como derechos inherentes de ciudadanía.

Teorías explicativas desde la perspectiva de la demanda de bienestar social

Teoría del Industrialismo.Esta teoría enfatiza los factores socioeconómicos como los principales determinantes del Estado del bienestar. Sugiere que el desarrollo industrial y tecnológico conlleva a un aumento en el gasto en bienestar. La industrialización expone a la población a nuevos riesgos y desafíos, debilitando los mecanismos tradicionales de asistencia social como la familia y la caridad. La creciente incorporación de la mujer al trabajo también influye en esta dinámica. En este contexto, el Estado responde a las nuevas necesidades generadas por la industrialización, y su intervención se percibe como neutral desde el punto de vista político. El crecimiento económico proporciona los recursos necesarios para financiar la expansión del gasto social.

La Ley de Wagner postula que el desarrollo económico contribuye al aumento del gasto público, ya que las sociedades complejas generan más conflictos que requieren intervención estatal. Además, la elasticidad de la renta de los bienes públicos sugiere que su consumo aumenta más que proporcionalmente con el incremento de la renta de los países.

Desde esta perspectiva, el crecimiento del Estado del bienestar se explica por factores económicos y demográficos asociados al proceso de industrialización, como la demanda de una población más educada, cambios en el modelo familiar, el envejecimiento poblacional y la urbanización.

Algunos académicos recurren a la «teoría de la convergencia» para respaldar estos planteamientos, argumentando que los países desarrollados con regímenes democráticos experimentan un rápido crecimiento del gasto social y convergen en programas básicos de protección.

Sin embargo, esta teoría presenta debilidades al no poder justificar completamente el crecimiento del gasto público, dar poca importancia a los factores políticos e institucionales que influyen en la expansión del gasto social, y no explicar las diferencias en los programas sociales entre diferentes países, ni la aparición de grupos que se oponen a las políticas del Estado del bienestar o su crisis.

Teoría Socialdemócrata. Esta teoría, también conocida como hipótesis de los recursos en el poder, analiza el impacto de las ideologías en el desarrollo del Estado del bienestar. Se centra en la movilización de clase y la influencia de la ideología en el Estado del bienestar, considerando variables políticas como la ubicación del partido gobernante en el espectro izquierda-derecha y el grado de organización del movimiento obrero.

Según esta teoría, el Estado del bienestar es el resultado de las luchas sociales y políticas del movimiento obrero organizado a nivel político y sindical. El control de la clase trabajadora sobre el gobierno permite la intervención estatal en los procesos distributivos, convirtiendo al Estado del bienestar en un componente esencial del compromiso de la clase capitalista con el movimiento obrero.

Sin embargo, esta teoría no explica completamente la efectividad de las políticas redistributivas de los gobiernos socialdemócratas, ni considera otros factores importantes como la etnia, la raza o la religión en el desarrollo del Estado del bienestar. Además, no explica por qué crece el gasto en pensiones o la influencia de ideologías dispares en los gobiernos sobre el Estado del bienestar, ni el comportamiento del Estado del bienestar en determinados períodos históricos.

Teoría Neomarxista. Según la teoría neomarxista, el Estado del bienestar sirve a los intereses de la clase capitalista tanto desde una perspectiva económica como política. Económicamente, permite la reproducción y acumulación del capital al garantizar la estabilidad social necesaria para el funcionamiento del sistema capitalista. Políticamente, neutraliza la lucha de clases al integrar a la clase trabajadora en el sistema capitalista y reprimir cualquier protesta que pueda surgir. Desde este punto de vista, el Estado actúa como un instrumento controlado por la clase dominante para mantener el orden social y garantizar la supervivencia del capitalismo.

Sin embargo, esta teoría presenta debilidades significativas. No profundiza en las causas últimas de la crisis del sistema capitalista y la intervención estatal, y carece de un respaldo empírico suficiente. Además, tiende a marginar otras formas de protección social que no están relacionadas directamente con el mercado y el Estado, como el papel de la familia o las organizaciones no gubernamentales (ONG). No logra explicar las similitudes entre los modelos de Estado del bienestar en países socialistas y capitalistas, ni por qué países como Estados Unidos, Japón o Suiza tienen un gasto en bienestar relativamente bajo. Tampoco puede explicar por qué se implementan medidas sociales que van en contra de los intereses de la clase capitalista en ciertos contextos.

Teoría Política Corporativista o de Grupos de Interés. Esta teoría destaca el papel fundamental que juegan los grupos de interés en la articulación de las necesidades colectivas y la formulación de políticas públicas. Estos grupos pueden influir en el proceso político y condicionar sus resultados, incluso sin necesidad de participar directamente en elecciones, al buscar sus propios intereses. La captación del voto de estos grupos es crucial para los políticos, ya que su influencia puede extenderse a otros sectores de la sociedad mediante un «efecto imitación». Además, grupos numéricamente o económicamente significativos pueden respaldar opciones políticas afines y proporcionar información relevante a los votantes y políticos, lo que puede sesgar las decisiones políticas.

Según autores como G. FOX, M. OLSON, F. C. PAMPEL y J. B. WILLIAMSON, los cambios demográficos y económicos facilitan la aparición de nuevos grupos de interés y la aglutinación de intereses existentes, lo que influye en el gasto en bienestar. Este crecimiento del gasto en bienestar está asociado a la actividad de los grupos de interés y la inclusión de colectivos anteriormente excluidos del proceso político, quienes reivindican programas sociales que beneficien sus intereses específicos, a menudo financiados por toda la población.

Sin embargo, esta teoría sugiere que aunque el Estado del bienestar responde a las demandas de sus votantes, puede contribuir a aumentar la desigualdad, ya que los grupos con menos recursos tienen dificultades para articular y defender sus intereses de manera colectiva. Por ejemplo, esta teoría puede explicar el énfasis en el gasto social destinado a los ancianos debido a su influencia en los procesos electorales, así como la promoción de programas públicos contra la pobreza por parte de los sindicatos.

Las principales debilidades de esta teoría radican en la dificultad para medir el impacto de los grupos de interés en la acción del sector público y en comprender los mecanismos políticos a través de los cuales hacen valer sus intereses. En resumen, las teorías explicativas de la expansión del Estado del bienestar desde la perspectiva de la demanda se basan en la complejidad de las sociedades, el poder de los recursos sindicales y de los grupos de interés, y la ideología marxista para justificar este fenómeno.

Teorías explicativas desde la perspectiva de la oferta de bienestar social

Estas teorías, pertenecientes a la «Escuela de la Elección Colectiva», se centran en analizar los «fallos del sector público» en la adopción de decisiones públicas, especialmente relacionadas con el comportamiento de políticos y burócratas. Argumentan que existen características estructurales, como la búsqueda de intereses propios por parte de estos actores, que influyen en el diseño de políticas públicas.

Según J.A. SCHUMPETER, los partidos políticos formulan políticas con el objetivo de obtener votos, no necesariamente para lograr objetivos preestablecidos. Esto puede generar una «ilusión política» entre los votantes, quienes perciben más claramente los beneficios de las políticas públicas que sus costos. Además, en períodos previos a las elecciones, los políticos tienden a implementar políticas expansivas para reducir el desempleo y aumentar el crecimiento económico, aunque esto pueda llevar a una posterior necesidad de políticas contractivas para controlar la inflación.

Autores como W. A. NORDLINGER, A. WILDAVSKY, J. M. BUCHANAN y G. TULLOCK resaltan el papel de la burocracia en el aumento del gasto público, especialmente en el gasto social, ya que poseen información privilegiada y pueden influir en los políticos. La estructura organizativa del sector público también influye en el crecimiento del gasto social, ya que una mayor descentralización puede generar duplicidades y falta de coordinación, así como una mayor disposición para atender todas las demandas de los ciudadanos sin preocuparse tanto por la financiación.

En conclusión, estas teorías explican cómo los fallos del sector público, influenciados por los intereses de políticos y burócratas, pueden llevar a una ilusión política y a políticas públicas que priorizan la obtención de votos sobre la eficiencia económica.

CRISIS Y RETOS DEL ESTADO DEL BIENESTAR

A primera vista, se podría anticipar que el éxito de los programas que configuran el Estado del Bienestar llevaría a su expansión indefinida. Sin embargo, la realidad es más compleja. Desde una perspectiva económica, el sostenimiento del Estado del Bienestar está intrínsecamente ligado a la justificación de la intervención pública en la economía, lo cual no está exento de controversias. Aunque los fallos de mercado han argumentado históricamente a favor de una mayor implicación pública en la vida económica, los fallos del Estado socavan las bases de su legitimidad y presencia en la vida ciudadana.

Estos fallos del sector público se originan principalmente por la ineficiencia económica inherente al proceso de toma de decisiones colectivas, lo que conduce a un incremento del gasto público. Este aumento se debe a la dinámica de los sistemas de votación y la influencia de intereses particulares de políticos, votantes, burócratas y grupos de interés, así como a las asimetrías de información entre el Estado y las empresas, y a una demanda creciente de intervención pública por parte de los ciudadanos, quienes acceden a servicios públicos gratuitamente o a un coste inferior al de mercado.

La expansión del sector público en ámbitos sociales coexiste con el desarrollo de las economías de mercado, limitada por la sostenibilidad económica de dicha intervención. James O’Connor en su obra sobre la «crisis fiscal del Estado» ilustra cómo los límites del Estado del Bienestar están condicionados por las restricciones fiscales del gasto público. O’Connor (1973) destaca la dualidad de presiones sobre el Estado: por un lado, las demandas de acumulación de capital para garantizar la rentabilidad del sector privado y, por otro, la necesidad de mantener la legitimidad de la intervención pública para satisfacer crecientemente las demandas sociales de servicios públicos.

La crisis fiscal, descrita por O’Connor, emerge de la socialización de los costes por parte del capital monopolista sin compartir los beneficios, el incremento de los costes salariales en el sector estatal sin una correspondiente medición de productividad, y la obligación del Estado de cubrir necesidades sociales no atendidas por el capital. Esto resulta en una contradicción entre la acumulación de capital y los gastos sociales, donde los beneficios se privatizan mientras los costes se socializan.

Esta crisis ha llevado a replantear el vínculo entre el empleo y el derecho a prestaciones sociales en un contexto de desafíos emergentes como la globalización, cambios demográficos y nuevas formas de pobreza. C. Alemán (fecha) sugiere que los modelos futuros del Estado del Bienestar deben superar la inercia y adaptarse eficientemente a nuevas demandas sociales, buscando asegurar su sostenibilidad en un mundo globalizado.

La actual crisis del Estado del Bienestar, exacerbada por la crisis económica global de 2008 y la pandemia del coronavirus, pone de manifiesto la necesidad de una reforma que asegure la viabilidad económica y la competitividad del Estado. Esto implica un equilibrio entre lo que los ciudadanos están dispuestos a pagar en impuestos y los servicios que esperan recibir, en un entorno de creciente competencia fiscal que desafía los sistemas de bienestar tradicionales.

La respuesta a estos desafíos requiere una reevaluación de la colaboración entre la sociedad civil y los distintos niveles de administración pública, así como un enfoque hacia la inversión social como propone la Comisión Europea en la Estrategia Europa 2020. Este enfoque busca transformar las políticas sociales de compensaciones pasivas a estrategias proactivas que fomenten el capital humano y estimulen el crecimiento económico.

En conclusión, el Estado del Bienestar enfrenta desafíos significativos que demandan una reforma orientada hacia la eficiencia, la sostenibilidad y la inclusión social. Solo mediante una implicación equilibrada de todos los sectores de la sociedad —Estado, mercado, hogar y sociedad civil— podremos asegurar la continuidad y adaptabilidad del Estado del Bienestar en el siglo XXI.

REFERENCIAS

Alemán Bracho. (2020). Políticas sociales : innovaciones y cambios (1st & #170; ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi