La democracia como derechos y libertades

Para los padres fundadores de Estados Unidos, el propósito más importante del gobierno consistía en garantizar determinados derechos y libertades individuales, protegiendo así a los ciudadanos frente a la tiranía. En su visión, una democracia de masas basada en el sufragio universal, excluyendo a las mujeres y a los negros, representaba una amenaza para la supervivencia de la libertad política. Por esta razón, la palabra «democracia» no aparece en la Constitución de Estados Unidos. Los padres fundadores favorecieron una república con poderes limitados y dirigida por hombres ilustrados, socialmente respetables y comprometidos en prevenir el gobierno despótico.

Fue en 1791 cuando los padres fundadores codificaron una serie de derechos y libertades que consideraban sagrados. Conocida como la Carta de Derechos, estas garantías legales frente al exceso de poder gubernamental se ratificaron en las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Entre estos derechos se encontraban la libertad religiosa, de expresión, de prensa y de asociación, el derecho a portar armas para formar una milicia bien ordenada, el derecho a la seguridad frente a inspecciones y detenciones arbitrarias, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y a no declararse culpable, y la prohibición de penas crueles y desusadas. Sin embargo, el derecho al voto no estaba explícitamente establecido en la Constitución original ni en ninguna de las primeras diez enmiendas.

Lista de libertades y derechos democráticos mínimos
El derecho a la vida y a la seguridad de la propia persona y la propiedad frente a la interferencia del gobierno, siempre que no haya indicios de actividad ilegal
Las libertades de pensamiento, opinión y expresión (incluida la libertad de prensa).
Las libertades de conciencia y credo religioso.
El derecho a votar en elecciones significativas, justas, transparentes y competitivas, y a poder pedir cuentas a los representantes del gobierno.
El derecho a reunirse y organizarse de forma pacífica con fines políticos.
La libertad de movimiento, es decir, el derecho a viajar libremente dentro y fuera de las fronteras del país y a vivir donde uno elija..
El derecho a un trato igual bajo la ley y a garantías legales, incluido el derecho a un juicio justo.
El derecho a poseer, a comprar y a vender propiedad privada, y a participar en actividades empresariales privadas.
El derecho a una educación obligatoria financiada por el Estado.

Es posible considerar que la lista de derechos y libertades fundamentales sea esencial para una democracia moderna. Estos derechos y libertades mínimos deben ser garantizados por ley para que un sistema político sea considerado democrático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos estarán de acuerdo con esta definición de democracia. Algunos pueden argumentar que el derecho a la propiedad privada y a beneficiarse de la actividad empresarial no es necesariamente un derecho democrático fundamental. Otros pueden querer incluir en la lista derechos sociales o económicos, como el derecho al trabajo o a la asistencia sanitaria.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 contiene disposiciones que reconocen estos derechos sociales y económicos, afirmando que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para su dignidad y desarrollo personal a través del esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Es importante reconocer que puede haber conflictos en torno a cómo interpretar y aplicar estos criterios mínimos, y que diferentes personas pueden tener diferentes opiniones sobre qué derechos y libertades deben ser considerados fundamentales en una democracia.

Democracia representativa

Los derechos y libertades en la democracia española actual tienen su origen en la Constitución Española de 1931. La Constitución de la República Española de 1931 estableció una serie de principios y derechos que influyeron en la redacción de la Constitución de 1978. Algunos de los aspectos más destacados de la Constitución republicana de 1931 que tuvieron una influencia directa en la Constitución de 1978 son los siguientes:

  1. Separación de poderes: Ambas constituciones establecen la separación de poderes en los órganos del Estado, reconociendo la existencia de poderes legislativo, ejecutivo y judicial independientes y equilibrados.
  2. Derechos fundamentales: La Constitución republicana de 1931 incorporó una amplia gama de derechos y libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y el sufragio universal. Estos derechos también se recogieron en la Constitución de 1978, ampliando y garantizando aún más su protección.
  3. Descentralización: La Constitución republicana de 1931 estableció un sistema descentralizado de gobierno, otorgando autonomía a las regiones y provincias españolas. Este principio de descentralización también se refleja en la Constitución de 1978, que reconoce la organización territorial del Estado en comunidades autónomas.
  4. Derechos laborales: La Constitución republicana de 1931 introdujo importantes derechos laborales, como la jornada laboral de ocho horas, la seguridad social y la protección de los trabajadores. Estos derechos laborales fueron recogidos y ampliados en la Constitución de 1978.

Si bien la Constitución de la República Española de 1931 fue una referencia importante para los redactores de la Constitución de 1978, esta última también incorporó nuevas ideas y principios adaptados al contexto político y social de la época. La constitución de 1978 fue aprobada tras la dictadura franquista y estableció los principios fundamentales del Estado y los derechos y libertades de los ciudadanos.

La Constitución Española (1978) reconoce una amplia gama de derechos y libertades, entre los que se encuentran:

  1. Derechos fundamentales: La Constitución garantiza derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión, la libertad religiosa, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.
  2. Derechos políticos: La Constitución establece el derecho a participar en los asuntos públicos a través del sufragio universal y el derecho a formar partidos políticos. En este apartado, la jefatura del estado es un privilegio exclusivo de la familia Borbón, lo que quiebra el principio de igualdad. Uno de los peajes que se pago por el retorno democrático.
  3. Derechos sociales: La Constitución reconoce derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y la protección social, entre otros.
  4. Derechos laborales: La Constitución garantiza los derechos laborales, como el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, la protección contra el despido arbitrario y la igualdad de oportunidades en el empleo.
  5. Derechos de las personas frente a los poderes públicos: La Constitución establece mecanismos de protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Estos derechos y libertades son fundamentales para el funcionamiento de la democracia española y son protegidos y garantizados por el sistema jurídico del país. Además, España es miembro de la Unión Europea, lo que implica que también se deben respetar y proteger los derechos y libertades establecidos en los tratados y legislación europea.

Referencias

  • Sodaro, M.J. (2011) Política y ciencia política : una introducción. Ed. revisada. Madrid: McGraw-Hill.

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