La relación entre ciudadanía y economía constituye uno de los debates más controvertidos en torno a la definición de democracia, especialmente en lo que respecta a la democracia económica. Varias preguntas cruciales surgen en este contexto:
- ¿Cuáles deben ser los objetivos socioeconómicos de un país gobernado democráticamente? ¿Igualdad de oportunidades, igualdad de riqueza, máxima libertad para buscar la prosperidad individual u otro ideal?
- ¿Hasta qué punto deben los ciudadanos tener el poder de influir en las decisiones económicas?
En todas las sociedades, surge la cuestión central de cómo distribuir sus recursos y oportunidades limitados entre su población. ¿Cómo se asignan recursos como alimentos, energía y acceso a la atención médica? ¿Cómo se distribuyen empleos y oportunidades educativas? Estas interrogantes, en última instancia, se resumen en la pregunta política fundamental: «quién obtiene qué, cuándo y cómo». Dependiendo de las instituciones políticas de un país, ciertos grupos pueden acumular más ventajas económicas que otros. No obstante, es posible que un sistema político esté diseñado de manera que distribuya los recursos y oportunidades de manera más equitativa, permitiendo que la población comparta los beneficios económicos de manera más justa.
Partamos del supuesto de que las economías que logran distribuir sus recursos y oportunidades de manera relativamente igualitaria son más democráticas que aquellas que concentran la riqueza en manos de unos pocos. Asimismo, consideremos que las economías que garantizan ciertas libertades económicas a la población, como la capacidad de dirigir negocios privados o manejar la propia renta con mínima intervención gubernamental, pueden considerarse más democráticas que aquellas que limitan el poder económico al Estado o a una élite privilegiada. ¿Es posible lograr simultáneamente la igualdad y la libertad económica, o son conceptos mutuamente excluyentes?
Al igual que las otras tres facetas de la democracia, la cuarta faceta se puede visualizar en un continuo. Algunas personas sostendrán que, en su nivel mínimo, una democracia debe esforzarse por alcanzar la equidad para todos. «Equidad» en este contexto significa «justicia», entendida como garantizar que todos tengan una oportunidad razonable de seguridad y bienestar económico. Incluso los más desfavorecidos deberían tener al menos una oportunidad justa de salir de la pobreza y progresar en la sociedad. La noción de justicia puede variar de una sociedad a otra y dentro de ellas.
Junto con la promoción de una asignación equitativa de oportunidades, algunos argumentarán que el gobierno también debe distribuir de manera justa los recursos económicos entre la población. Esto podría manifestarse a través de políticas de bienestar destinadas a evitar la pobreza extrema y garantizar necesidades básicas como alimento, vivienda y atención médica. Sin embargo, la definición de lo que es necesario para garantizar la equidad puede ser amplia y diversa.
Este concepto de equidad permite un amplio margen para la libertad económica. Las personas y las empresas pueden realizar transacciones y gestionar propiedades con cierta libertad, aunque el gobierno podría establecer límites para preservar la equidad, como recaudar impuestos para financiar programas sociales. No obstante, en un esfuerzo por alcanzar una distribución más igualitaria, la intervención del gobierno podría ser mayor.
La igualdad de oportunidades se sitúa en otro extremo del continuo. Requiere que el Estado y el sector privado se comprometan a garantizar que todos tengan oportunidades similares para el progreso económico. Bajo este principio, no debería existir ninguna ventaja social significativa que permita a ciertos individuos acceder a oportunidades educativas y laborales de manera preferencial.
Perseguir la igualdad de resultados implica que todos disfruten de una cantidad similar de riqueza en última instancia. Esto requiere una redistribución considerable de la riqueza y, posiblemente, un control más estricto sobre los ingresos. Aquí es donde se produce un dilema. La democracia busca tanto la igualdad como la libertad, pero cuanto más se busca la igualdad, más se limita la libertad económica.
Imagina un país llamado «Ejemplolandia», que se rige por un sistema democrático. En Ejemplolandia, existe un debate en curso sobre cómo equilibrar la igualdad de oportunidades y la libertad económica en el contexto de la educación.
En un extremo del espectro, algunos ciudadanos sostienen que la igualdad de oportunidades debe ser la máxima prioridad. Argumentan que el gobierno debe garantizar que todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de alta calidad. Esto implica proporcionar escuelas públicas de excelencia, programas de becas y recursos educativos gratuitos para todos. Bajo este enfoque, no debería haber ventajas educativas basadas en la riqueza de los padres. Si los recursos económicos no son un factor determinante en el acceso a una educación de calidad, se fomentará una competencia más justa y se nivelará el campo de juego.
Por otro lado, hay quienes argumentan que la libertad económica debe prevalecer en la educación. Sostienen que las escuelas privadas y la inversión privada en la educación deben ser permitidas, lo que proporcionaría a los padres la opción de elegir la educación que consideren mejor para sus hijos. Esto podría estimular la innovación educativa y permitir que las personas influyan en el sistema educativo a través de sus elecciones económicas.
En Ejemplolandia, la solución podría ser un enfoque equilibrado. El gobierno podría mantener escuelas públicas de alta calidad para asegurarse de que todos tengan acceso a una educación básica sólida. Al mismo tiempo, podría permitir que existan escuelas privadas y brindar apoyo financiero a través de programas de becas para aquellos que deseen acceder a opciones educativas alternativas. Esta combinación permitiría cierta igualdad de oportunidades al tiempo que reconoce la libertad de elección de los ciudadanos.
En este ejemplo, la democracia en Ejemplolandia se manifiesta en la capacidad de los ciudadanos para participar en el debate y la toma de decisiones sobre cómo equilibrar la igualdad y la libertad en la educación. La solución final podría ser un compromiso que refleje los valores democráticos de igualdad y elección, y que responda a las necesidades y deseos diversos de la población.
Este escenario ejemplifica cómo la democracia no solo se trata de la participación política, sino también de cómo los ciudadanos influyen en la dirección económica y social de su país.
En resumen, las democracias modernas enfrentan la tensión entre estas dos visiones opuestas de democracia económica: la orientada hacia la igualdad y la enfocada en la libertad del mercado privado. Muchas democracias intentan equilibrar estos aspectos, en ocasiones enfatizando la equidad sobre la plena igualdad y buscando intervenir en la economía mientras permiten cierta libertad a la empresa privada. El Estado del bienestar democrático, muy común en las democracias avanzadas, refleja este equilibrio y puede variar en su enfoque hacia la libertad o la igualdad.
Referencias
- Sodaro, M.J. (2011) Política y ciencia política : una introducción. Ed. revisada. Madrid: McGraw-Hill.