La democracia I

La frase «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo» es una célebre cita que se atribuye comúnmente a Abraham Lincoln, quien la pronunció en su discurso de Gettysburg en 1863. Sin embargo, es importante señalar que esta frase encapsula un principio fundamental de la democracia y ha sido utilizada y defendida por muchos otros pensadores y líderes a lo largo de la historia.

La idea central detrás de esta afirmación es que el poder político y la autoridad deben residir en manos del pueblo. Esto implica que los ciudadanos tienen el derecho y la capacidad de participar en la toma de decisiones políticas, ya sea directamente o a través de representantes elegidos. El gobierno «por el pueblo» se refiere a que los gobernantes deben ser elegidos o designados de manera democrática, y su legitimidad proviene del consentimiento y el apoyo de la población.

Además, el gobierno debe estar dedicado al bienestar y los intereses del pueblo en general, es decir, «para el pueblo». Esto implica que los gobernantes deben trabajar en beneficio de la sociedad en su conjunto, tomando decisiones que promuevan el bien común y protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Este principio democrático se basa en la idea de que todos los individuos son iguales en términos de derechos y dignidad, y que cada persona tiene una voz y un voto en los asuntos que afectan a la comunidad en la que vive. Además, implica la existencia de instituciones y mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana en el proceso político.

A lo largo de la historia, esta idea ha sido promovida por filósofos políticos como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y John Stuart Mill, quienes argumentaron a favor de la soberanía popular y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, ha sido un objetivo perseguido por movimientos sociales y políticos en todo el mundo que luchan por la democracia y la justicia social.

La idea fundamental de la democracia es que los ciudadanos tienen el derecho de determinar quién los gobernará. En la mayoría de los casos, eligen a los líderes principales y los consideran responsables de sus acciones. Además, las democracias establecen límites legales a la autoridad del gobierno, garantizando ciertos derechos y libertades para sus ciudadanos.

Sin embargo, al igual que muchas definiciones, esta simplifica en exceso un fenómeno muy complejo y multifacético. De hecho, la democracia puede adoptar varias formas y puede tener diferentes significados para diferentes personas. Para algunos teóricos de la democracia, el principio clave que define el gobierno democrático es la representación a través de elecciones competitivas, libres y justas. Muchos teóricos estarían de acuerdo en que un país que cumple con estos criterios mínimos puede considerarse una democracia electoral.

Sin embargo, aunque los derechos electorales son necesarios, no son suficientes para establecer una democracia genuina. La democracia requiere que ciertos derechos y libertades de la población estén protegidos legalmente. Sin aspectos como la libertad de expresión, la libertad de reunión y otras libertades básicas que el gobierno no puede violar, las elecciones carecen de sentido. En 2022, Freedom House calificó como «libres» a 84 países (5 menos que en 2004) que lograron combinar la democracia electoral con una amplia gama de derechos y libertades. Las discusiones sobre los objetivos últimos de la democracia inevitablemente generan debates sobre las diversas definiciones de democracia.

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Propósitos y paradojas de la Democracia

Una democracia ofrece diversas ventajas en comparación con una dictadura. A continuación, ampliaré los cuatro propósitos reconocidos de la democracia y destacaré sus beneficios.

1. Mejorar la calidad de vida y la dignidad del individuo: En una democracia, todos los ciudadanos tienen la oportunidad de participar significativamente en los asuntos de su comunidad. Esto les permite expresar sus opiniones, tener voz y voto en las decisiones gubernamentales y contribuir al proceso político. La democracia también fomenta la libertad individual y promueve la igualdad política a través del principio de «un ciudadano, un voto». En contraste, las dictaduras tienden a ignorar, reprimir o tratar violentamente a la población, careciendo de la dimensión moral que caracteriza a la democracia.
2. Discernir y hacer cumplir los deseos de la comunidad: Las democracias facilitan un debate abierto sobre programas y políticas alternativas. Realizan encuestas de opinión pública y permiten a los ciudadanos elegir entre candidatos que representan visiones distintas durante las elecciones. Además, brindan acceso a información sobre las actividades del gobierno y promueven la responsabilidad de los cargos electos y los funcionarios públicos. Estos mecanismos permiten que los deseos de la comunidad se tengan en cuenta y se reflejen en las decisiones políticas.
3. Limitar el poder: Las democracias establecen límites legales a la autoridad de los cargos públicos, lo que permite controlar el enorme poder coercitivo del Estado. Al involucrar a una amplia parte de la población adulta en la vida política, la democracia promueve el pluralismo y contrarresta la influencia de grupos y organizaciones socialmente privilegiados. Esto evita la concentración excesiva de poder y brinda un sistema de gobierno más equilibrado y representativo.
4. Reducir los antagonismos sociales: En una democracia, los diferentes grupos de la sociedad tienen la oportunidad de ser escuchados y compartir el poder a través del voto. Esto crea incentivos para la negociación y el establecimiento de acuerdos en lugar de la confrontación. Al reconocer que participar en el juego democrático beneficia más que negarse a cooperar, los grupos sociales enfrentados buscan soluciones colaborativas. De esta manera, la democracia fomenta la cooperación y ayuda a reducir los conflictos sociales.

Sin embargo, es importante reconocer que en la práctica, la democracia puede enfrentar desafíos y no siempre cumplir plenamente sus propósitos.

Es innegable que la democracia, aunque posee una serie de propósitos y valores fundamentales, puede encontrarse con obstáculos y no siempre lograr plenamente sus objetivos en la práctica. Para fortalecer y mejorar la calidad de la democracia, es crucial reconocer y abordar estos desafíos.

Uno de los desafíos más significativos es la inclusividad (restricción a la participación política). Aunque la democracia busca la participación significativa de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, en la realidad existen limitaciones legales y sociales que excluyen a ciertos grupos de la comunidad política. Por ejemplo, los inmigrantes pueden ser considerados ajenos a la comunidad política y se les niega el derecho al voto. Asimismo, históricamente ha habido exclusión de grupos como las mujeres y los menores de edad en la toma de decisiones políticas. Es fundamental superar estas barreras y garantizar la igualdad de participación para todos los ciudadanos.

Otro desafío importante es la división en la sociedad sobre el papel del Estado. Las democracias modernas suelen estar divididas en cuestiones fundamentales relacionadas con el alcance y las responsabilidades del gobierno. Algunos ciudadanos abogan por un Estado mínimo que preserve la libertad individual, mientras que otros defienden un Estado intervencionista que garantice derechos sociales y económicos básicos. Estas divisiones pueden dificultar la búsqueda de consensos y la toma de decisiones eficaces. Es esencial promover un diálogo constructivo y fomentar la deliberación pública para abordar estas diferencias y buscar soluciones que sean inclusivas y respeten los valores democráticos.

La toma de decisiones eficaces también puede ser un desafío para la democracia. Las sociedades democráticas a menudo se enfrentan a problemas complejos y controversiales que generan divisiones en la opinión pública. En ocasiones, la falta de consenso puede dar lugar a situaciones de bloqueo o punto muerto, donde no se puede llegar a una decisión eficiente. Los diseños institucionales y los procesos políticos deben buscar mecanismos que faciliten la toma de decisiones informadas y garanticen una representación equitativa de los intereses de todos los ciudadanos.

El abuso de poder es otro desafío que puede comprometer la calidad de la democracia. Aunque la democracia busca limitar el poder y garantizar la rendición de cuentas, existe el riesgo de que las elites gobernantes o grupos privilegiados ejerzan un poder desproporcionado e influyan en las decisiones políticas en beneficio propio. La corrupción, la influencia del dinero en la política y el abuso de autoridad pueden socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Es necesario fortalecer los mecanismos de control y transparencia, promover la rendición de cuentas y garantizar una participación ciudadana activa en la supervisión del poder político.

Las 4 facetas de la democracia

Cada una de estas facetas puede adoptar diversas formas en la práctica. Por ejemplo, la soberanía popular puede ejercerse directa o indirectamente, y la lista de derechos y libertades garantizados puede ser más o menos extensa en diferentes contextos democráticos. Del mismo modo, la democracia económica puede variar desde compromisos generales hasta políticas más específicas de redistribución de la riqueza. Estas diferencias no solo afectan a la definición de la democracia y sus facetas, sino también a cómo se implementan y desarrollan en cada sociedad.

	Rasgos clave	Variante mínima	Variante intermedia	Variante máxima
Faceta I Soberanía popular	Participación, rendición de cuentas	Democracia representativa	Democracia plebiscitaria; tecno-democracia; presupuestos participativos	Democracia directa
Faceta II Derechos y libertades	Enumeración de derechos inalienables (no pueden ser recortados por la mayoría)	Derechos civiles básicos	Derechos adicionales, determinados por procedimientos democráticos	➖
Faceta III Valores democráticos	Valores y actitudes relativas a las relaciones entre mayoría y minorías	No discriminación	Tolerancia, compromiso	Acción afirmativa
Faceta IV: Democracia económica	Distribución de la riqueza y poder de toma de decisiones económicas	Equidad; laissez-faire	Igualdad de oportunidades; democracia electoral más Estado del bienestar	Igualdad de resultados; democracia participativa

En conclusión, al comprender y reconocer las múltiples facetas de la democracia, podemos apreciar su complejidad y los desafíos que enfrenta en la práctica. Esto nos insta a reflexionar y trabajar continuamente para fortalecer y mejorar la calidad de la democracia en cada uno de sus aspectos.

Faceta I: el concepto de soberanía popular

La faceta I se refiere al concepto de soberanía popular, que implica que las personas tienen el derecho de gobernarse a sí mismas. Este derecho puede ejercerse directamente mediante la participación activa en el gobierno, o indirectamente a través de la elección de representantes. La responsabilidad del gobierno ante la ciudadanía es fundamental en este aspecto, y puede lograrse a través de mecanismos como elecciones periódicas.

La soberanía popular es un concepto fundamental en la democracia y se refiere al principio de que el poder político emana del pueblo. Significa que son los ciudadanos quienes tienen el derecho y la autoridad para gobernarse a sí mismos y participar en la toma de decisiones que afectan a la sociedad en la que viven. En una democracia, la soberanía popular se puede ejercer de dos maneras principales:

• Directamente: Esto implica que los ciudadanos participen activamente en el gobierno y tomen decisiones de manera directa, sin intermediarios. Esto puede lograrse a través de mecanismos como las asambleas populares, en las que los ciudadanos se reúnen para discutir y tomar decisiones sobre temas específicos. Un ejemplo de ejercicio directo de la soberanía popular son los referéndums, en los que los ciudadanos votan directamente sobre cuestiones importantes, como cambios constitucionales o decisiones políticas trascendentales.
• Indirectamente: En este caso, los ciudadanos eligen representantes a través de elecciones periódicas para que actúen en su nombre en la toma de decisiones políticas. Los representantes electos se convierten en los portavoces y defensores de los intereses de los ciudadanos, y se espera que rindan cuentas y sean responsables ante ellos. Este sistema de representación es común en la mayoría de las democracias modernas, donde los ciudadanos eligen a sus representantes a nivel local, regional o nacional.

Un ejemplo concreto de ejercicio de soberanía popular es el proceso de elecciones generales en un país democrático. Durante las elecciones, los ciudadanos tienen la oportunidad de votar por los candidatos de su preferencia, lo que les permite influir en la selección de los representantes que tomarán decisiones en su nombre. El resultado de las elecciones refleja la voluntad del pueblo y determina la composición del gobierno.

La democracia como soberanía popular

El principio de soberanía popular establece que los ciudadanos tienen el derecho de determinar cómo quieren ser gobernados, siendo ellos la fuente de legitimidad del Estado. Esto implica que tienen el poder de elegir libremente a sus representantes y las políticas que adopta el gobierno, así como el derecho de exigir responsabilidad a sus gobernantes.

La soberanía popular es fundamental en la democracia, ya que esta misma palabra proviene de las raíces griegas «demos», que significa «pueblo», y «kratia», que significa «autoridad» o «gobierno». Literalmente, la democracia se refiere al «gobierno del pueblo».

La soberanía popular se basa en dos conceptos clave: participación y rendición de cuentas. Si el pueblo es soberano, tiene el derecho de participar en la política y considerar a sus gobernantes responsables de sus acciones. Además, el principio del Estado de derecho exige que las democracias garanticen legalmente la participación de todos los ciudadanos y la posibilidad de responsabilizar a quienes gobiernan.

Sin embargo, surge la pregunta de cómo participan las personas en la vida política. A lo largo de la historia, diferentes sistemas políticos democráticos y teóricos han propuesto diversas respuestas. Dos de ellas son la democracia representativa y la democracia directa.

En la democracia representativa, los objetivos de participación ciudadana y rendición de cuentas se logran principalmente a través de métodos indirectos, como la elección de representantes políticos. Por otro lado, la democracia directa, en su forma más pura, permite a todos los ciudadanos adultos participar directamente en la toma de decisiones políticas de su comunidad, siendo el pueblo mismo quien gobierna.

Democracia representativa

En una democracia representativa, las elecciones son el principal mecanismo a través del cual el pueblo ejerce sus derechos soberanos de participación política y exige que sus representantes electos rindan cuentas por sus acciones. En el contexto contemporáneo, la democracia representativa se centra principalmente en el proceso electoral. Las elecciones, al permitir la remoción de los gobernantes, son la forma más importante de rendición de cuentas en una democracia.

Para asegurar una participación ciudadana efectiva y una rendición de cuentas adecuada, los procedimientos electorales deben cumplir con ciertos criterios básicos. Estos criterios incluyen:

• Significativos: los cargos que se eligen a través del proceso electoral deben tener una autoridad considerable, incluyendo la aprobación de leyes y la designación de autoridades públicas.
• Competitivos: debe existir una competencia real para ocupar los cargos electos. No deben existir leyes o prácticas que impidan la competencia o que garanticen que los candidatos participen sin oposición.
• Libres: los electores deben tener la libertad de votar por su opción preferida, o incluso de no votar o votar en blanco. No deben experimentar ninguna forma de coerción o intimidación por parte de las autoridades públicas o de individuos u organizaciones externas al Estado.
• Secretos: las elecciones deben celebrarse a través de votos secretos para proteger la confidencialidad de la elección de los votantes.
• Justos y transparentes: los procedimientos utilizados para seleccionar a los candidatos, realizar las elecciones y contar los votos no deben basarse en favoritismos, discriminación, fraude u cualquier otra forma de injusticia que perjudique a los participantes o a la población en su conjunto.
• Periódicos: las elecciones deben celebrarse en intervalos regulares, al menos cada cuatro o cinco años, para que los votantes puedan ejercer sus derechos de responsabilidad y para que los perdedores tengan la oportunidad de volver a participar.
• Inclusivos: todos los adultos mayores de cierta edad, generalmente 18 años, deben tener el derecho al voto, con mínimas excepciones razonables.
• Igualitarios: los derechos electorales deben distribuirse de manera igualitaria entre los individuos, de acuerdo con el principio de «una persona, un voto».

Además de votar en las elecciones, los ciudadanos pueden participar en la política electoral asumiendo un papel activo en un partido político o trabajando para un candidato durante los períodos electorales. También pueden participar en el proceso político expresando públicamente sus opiniones sobre cuestiones que afectan a su comunidad. Las democracias modernas ofrecen diversas oportunidades para la libre expresión de la opinión pública, como escribir a los representantes electos, participar en foros comunitarios o formar organizaciones con personas que comparten las mismas ideas para promover sus causas. Los ciudadanos también pueden responder encuestas de opinión realizadas por empresas u organismos de investigación demoscópica.

Estos y otros mecanismos de expresión pública cumplen la importante función de influir, de manera indirecta, en la agenda política. Permiten a la población expresar sus prioridades y puntos de vista para que los gobernantes y los partidos políticos los tengan en cuenta en sus programas políticos. En definitiva, permiten que los ciudadanos participen, aunque de manera limitada, en la toma de decisiones políticas.

La soberanía popular exige transparencia y apertura política. Idealmente, los representantes políticos deben compartir con la población información relevante sobre las decisiones que toman. El nivel de secretismo gubernamental en una democracia debe ser mínimo, mientras que el gobierno transparente y abierto debe ser amplio. Los gobernantes y funcionarios públicos que incumplen este requisito, involucrándose en actos ilegales o éticamente cuestionables a espaldas de la opinión pública, socavan gravemente la democracia. Por lo tanto, las democracias deben supervisar el funcionamiento de las instituciones públicas e investigar las acusaciones de abuso de poder.

Asimismo, la apertura política requiere un flujo libre de información. Por lo tanto, la libertad de prensa y el acceso libre a diversas fuentes de información que influyen en las decisiones del gobierno son elementos fundamentales de la soberanía popular. La censura y la difusión deliberada de información confusa son técnicas de control típicas de las dictaduras.

En cuanto a la democracia representativa, cabe mencionar que implica la delegación del poder y la responsabilidad gubernamental, por parte del conjunto de la ciudadanía, a un pequeño número de personas. En todas las democracias contemporáneas, solo una fracción muy reducida de la población del país se dedica a las tareas reales de gobierno. Estas personas constituyen una minoría y conforman una élite política. Por tanto, las democracias representativas están gobernadas por elites políticas que tienen cierta discrecionalidad para abordar los asuntos de la comunidad. La democracia moderna se basa en el concepto del «elitismo democrático», donde el gobierno es ejercido por elites que rinden cuentas al pueblo. Las elecciones son el principal mecanismo a través del cual el pueblo puede exigir cuentas a las autoridades gubernamentales e influir en sus decisiones.

En resumen, la democracia representativa implica la participación ciudadana a través de elecciones y otros mecanismos de expresión pública, así como la rendición de cuentas de las elites políticas. La soberanía popular exige procedimientos electorales significativos, competitivos, libres, secretos, justos y transparentes, periódicos, inclusivos e igualitarios. Para Dahl, la poliarquía es la realidad más cercana a la democracia ideal, y combina la participación de las masas con la toma de decisiones de las elites políticas.

Democracia directa

La democracia directa se diferencia de la democracia representativa en que implica el ejercicio directo del gobierno por parte del pueblo, llevando a cabo el concepto de «gobierno por el pueblo» de manera literal. Sin embargo, los ejemplos reales de democracia directa son muy raros. En la antigüedad, algunas ciudades-estado griegas, especialmente Atenas, tenían sus propias variantes de este tipo de gobierno. Durante los años de apogeo de la democracia ateniense, aproximadamente desde el 500 hasta el 300 a.C., a los ciudadanos se les otorgaba el derecho de participar en debates públicos sobre asuntos que afectaban a la ciudad, así como formular y votar propuestas para abordarlos. De hecho, los ciudadanos eran los legisladores, y el poder político ejecutivo era principalmente un cuerpo administrativo encargado de cumplir los deseos de los ciudadanos. Tenían poca autoridad para iniciar iniciativas políticas importantes y generalmente estaban compuestos por ciudadanos elegidos al azar para ejercer sus cargos durante un año. Otro ejemplo de democracia directa fue la ciudad-estado de Ginebra en el siglo XVIII.

Sin embargo, ninguno de estos ejemplos de democracia directa clásica presentaba altos niveles de inclusión o igualdad. Tanto la antigua Atenas como la Ginebra del siglo XVIII negaban los derechos de ciudadanía a las mujeres, y ciertas categorías de hombres también estaban excluidas. Los esclavos, los extranjeros nacidos fuera del territorio y los hombres que no cumplían con ciertos requisitos de propiedad no se incluían en los procedimientos de autogobierno de Atenas. Se estima que solo dos de cada cinco adultos atenienses disfrutaban de los derechos de ciudadanía. Ginebra también imponía requisitos de propiedad para disfrutar de esos derechos y otorgaba ciertos poderes de decisión a las élites que ejercían el poder político de manera rutinaria. En las asambleas municipales de las pequeñas ciudades de Estados Unidos, una forma de democracia directa que prevaleció en la Nueva Inglaterra del siglo XVI, el derecho a participar en procedimientos democráticos directos era un poco más abierto. Sin embargo, incluso con estos derechos de participación limitados, estas democracias directas del pasado solo podían funcionar a pequeña escala.

Aunque las democracias directas no existen como forma de gobierno para grandes grupos en el mundo actual, es posible ampliar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones más allá de los extremos de la democracia representativa y la democracia directa. Una posibilidad es la democracia plebiscitaria, donde se utilizan referendos o consultas populares para tomar decisiones importantes. Otra posibilidad, mucho más novedosa y en evolución gracias a los últimos avances en tecnología de comunicación, es la llamada tecnodemocracia. Esta forma de participación ciudadana utiliza herramientas digitales y plataformas en línea para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, permitiéndoles debatir, proponer y votar sobre diferentes temas. La tecnodemocracia busca aprovechar la participación y el conocimiento colectivo para una toma de decisiones más inclusiva y representativa.

Democracia plebiscitaria

El término «plebiscitario» proviene del latín «plebs», que hace referencia al pueblo llano de la antigua Roma en contraste con la élite patricia. A lo largo del siglo XX, varias democracias representativas han brindado a sus ciudadanos la oportunidad de votar sobre cuestiones políticas específicas a través de referendos o plebiscitos. Aunque estos mecanismos difieren en su aplicación y alcance en cada país, su objetivo principal es permitir que la población exprese su opinión directamente en decisiones importantes.

En Estados Unidos, los referendos son comunes a nivel local y estatal, pero no se han utilizado a nivel nacional. En Canadá, se han llevado a cabo varios referendos en Québec sobre su posible secesión. En varios países de Europa Occidental, se han realizado referendos sobre la incorporación a la Unión Europea y otras cuestiones relevantes. En España, el artículo 92 de la Constitución regula la convocatoria de referendos, como el referendo de 1986 sobre la incorporación de España a la OTAN y el de 2005 sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.

Los resultados de un referendo pueden tener diferentes consecuencias dependiendo del contexto. En algunos casos, los resultados son vinculantes para los representantes del gobierno, lo que significa que están obligados a acatar la voluntad expresada por el pueblo. En otros casos, los resultados son meramente consultivos, lo que implica que proporcionan información relevante sobre el sentir de la sociedad, pero no comprometen las decisiones políticas finales.

En cualquier caso, los referendos se consideran un mecanismo electoral que se encuentra a medio camino entre la democracia representativa y la democracia directa. Permiten que los ciudadanos participen de manera directa en la toma de decisiones, al tiempo que mantienen el marco institucional y representativo propio de la democracia. A través de los referendos, se busca ampliar la participación ciudadana y fortalecer la legitimidad de las decisiones políticas al tener en cuenta directamente la opinión de la población.

Es importante tener en cuenta que los referendos no son la única forma de ampliar la participación ciudadana. La tecnodemocracia, como se mencionó anteriormente, es otro enfoque novedoso que utiliza la tecnología de las comunicaciones para involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Estos diferentes mecanismos buscan promover una mayor inclusión y participación de la ciudadanía en la vida política, enriqueciendo así la democracia y garantizando una representación más fiel de los intereses y la voluntad popular.

Tecnodemocracia

La tecnodemocracia es un concepto que se refiere a la utilización de las tecnologías de comunicación para fortalecer la participación ciudadana en los procesos políticos. En la actualidad, los avances tecnológicos como los teléfonos, el correo electrónico, las redes sociales y otras herramientas digitales ofrecen nuevas formas de expresar los deseos y opiniones de los ciudadanos de manera directa e instantánea.

Estas tecnologías de comunicación abren la puerta a la creación de una democracia semidirecta de alta tecnología en las democracias representativas existentes. Los ciudadanos pueden utilizar estas herramientas para transmitir sus deseos y preocupaciones a sus representantes de forma rápida y eficiente, sin tener que depender únicamente de los canales tradicionales de participación política.

Además de los referendos y las nuevas tecnologías, en los últimos años se ha experimentado con otras formas de involucrar a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones a nivel local. Un ejemplo destacado son los «presupuestos participativos», que se originaron en Porto Alegre, Brasil, y han sido implementados en diversas localidades alrededor del mundo. Estos mecanismos permiten que los ciudadanos participen en la definición de las prioridades de asignación de los recursos públicos, brindándoles la oportunidad de influir directamente en las políticas y proyectos que afectan su comunidad.

En España, se han destacado las experiencias de presupuestos participativos llevadas a cabo en los municipios de Rubí, Sabadell y Córdoba. Estos proyectos han logrado involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones locales, fomentando la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

En resumen, la tecnodemocracia representa un avance significativo en la ampliación de la participación ciudadana en los procesos políticos. A través de las nuevas tecnologías de comunicación y mecanismos como los presupuestos participativos, se busca fortalecer la democracia al permitir que los ciudadanos tengan una voz más activa y directa en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

Faceta II: derechos y libertades básicas

La faceta II se relaciona con los derechos y libertades básicas que deben ser garantizados por la ley a todos los ciudadanos. Estos derechos no pueden ser suprimidos por el Estado en nombre del bien común, ni por las personas en el ejercicio de sus propios derechos, ni por la mayoría en el gobierno. Proteger y respetar estos derechos es esencial para preservar la democracia.

Los derechos y libertades básicas son elementos esenciales de cualquier sociedad democrática. Estos derechos se consideran inherentes a todas las personas, independientemente de su origen étnico, género, religión, orientación sexual u otras características personales. Garantizar estos derechos y libertades es fundamental para proteger la dignidad humana, promover la igualdad y salvaguardar la libertad individual.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de derechos y libertades básicas:

1. Libertad de expresión: Este derecho garantiza la libertad de opinión y la posibilidad de expresar ideas y opiniones sin temor a represalias. Incluye la libertad de prensa, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de asociación. Un ejemplo sería el derecho de los ciudadanos a expresar sus opiniones en manifestaciones públicas o a través de medios de comunicación.
2. Derecho a la igualdad: Este derecho implica que todas las personas deben ser tratadas de manera justa y equitativa, sin discriminación por motivos de raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad u otras características protegidas. Un ejemplo sería la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, el empleo o la participación política.
3. Derecho a la vida y a la seguridad: Este derecho protege el derecho fundamental a la vida y garantiza la seguridad personal. Implica que ninguna persona puede ser privada arbitrariamente de su vida y que el Estado debe tomar medidas para prevenir y sancionar la violencia y el crimen. Un ejemplo sería la existencia de leyes y políticas para prevenir el homicidio y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
4. Derecho a la privacidad: Este derecho asegura la protección de la vida privada y personal de las personas. Incluye el derecho a la inviolabilidad del domicilio, la confidencialidad de la correspondencia y comunicaciones privadas, y la protección de datos personales. Un ejemplo sería la protección de la privacidad en las comunicaciones electrónicas y la prohibición del acceso no autorizado a la información personal.
5. Derecho a la libertad de religión: Este derecho garantiza la libertad de creencias religiosas, incluyendo la libertad de practicar, manifestar, cambiar o renunciar a una religión. Implica que ninguna persona puede ser discriminada o perseguida por motivos religiosos. Un ejemplo sería el derecho de los individuos a profesar y practicar su religión libremente, así como la protección de lugares de culto.

Estos son solo algunos ejemplos de los derechos y libertades básicas que son fundamentales en una sociedad democrática. Es importante destacar que estos derechos no son absolutos y pueden ser limitados en ciertos casos, como por razones de seguridad nacional o protección de otros derechos fundamentales. Sin embargo, cualquier restricción debe ser proporcional y estar justificada de acuerdo con los principios de una sociedad democrática.

La democracia como derechos y libertades

Para los padres fundadores de Estados Unidos, el propósito más importante del gobierno consistía en garantizar determinados derechos y libertades individuales, protegiendo así a los ciudadanos frente a la tiranía. En su visión, una democracia de masas basada en el sufragio universal, excluyendo a las mujeres y a los negros, representaba una amenaza para la supervivencia de la libertad política. Por esta razón, la palabra «democracia» no aparece en la Constitución de Estados Unidos. Los padres fundadores favorecieron una república con poderes limitados y dirigida por hombres ilustrados, socialmente respetables y comprometidos en prevenir el gobierno despótico.

Fue en 1791 cuando los padres fundadores codificaron una serie de derechos y libertades que consideraban sagrados. Conocida como la Carta de Derechos, estas garantías legales frente al exceso de poder gubernamental se ratificaron en las primeras diez enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. Entre estos derechos se encontraban la libertad religiosa, de expresión, de prensa y de asociación, el derecho a portar armas para formar una milicia bien ordenada, el derecho a la seguridad frente a inspecciones y detenciones arbitrarias, el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito y a no declararse culpable, y la prohibición de penas crueles y desusadas. Sin embargo, el derecho al voto no estaba explícitamente establecido en la Constitución original ni en ninguna de las primeras diez enmiendas.

Lista de libertades y derechos democráticos mínimos
El derecho a la vida y a la seguridad de la propia persona y la propiedad frente a la interferencia del gobierno, siempre que no haya indicios de actividad ilegal
Las libertades de pensamiento, opinión y expresión (incluida la libertad de prensa).
Las libertades de conciencia y credo religioso.
El derecho a votar en elecciones significativas, justas, transparentes y competitivas, y a poder pedir cuentas a los representantes del gobierno.
El derecho a reunirse y organizarse de forma pacífica con fines políticos.
La libertad de movimiento, es decir, el derecho a viajar libremente dentro y fuera de las fronteras del país y a vivir donde uno elija..
El derecho a un trato igual bajo la ley y a garantías legales, incluido el derecho a un juicio justo.
El derecho a poseer, a comprar y a vender propiedad privada, y a participar en actividades empresariales privadas.
El derecho a una educación obligatoria financiada por el Estado.

Es posible considerar que la lista de derechos y libertades fundamentales sea esencial para una democracia moderna. Estos derechos y libertades mínimos deben ser garantizados por ley para que un sistema político sea considerado democrático. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos estarán de acuerdo con esta definición de democracia. Algunos pueden argumentar que el derecho a la propiedad privada y a beneficiarse de la actividad empresarial no es necesariamente un derecho democrático fundamental. Otros pueden querer incluir en la lista derechos sociales o económicos, como el derecho al trabajo o a la asistencia sanitaria.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 contiene disposiciones que reconocen estos derechos sociales y económicos, afirmando que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener los derechos económicos, sociales y culturales necesarios para su dignidad y desarrollo personal a través del esfuerzo nacional y la cooperación internacional. Es importante reconocer que puede haber conflictos en torno a cómo interpretar y aplicar estos criterios mínimos, y que diferentes personas pueden tener diferentes opiniones sobre qué derechos y libertades deben ser considerados fundamentales en una democracia.

Los derechos y libertades en la democracia española actual tienen su origen en la Constitución Española de 1931. La Constitución de la República Española de 1931 estableció una serie de principios y derechos que influyeron en la redacción de la Constitución de 1978. Algunos de los aspectos más destacados de la Constitución republicana de 1931 que tuvieron una influencia directa en la Constitución de 1978 son los siguientes:

1. Separación de poderes: Ambas constituciones establecen la separación de poderes en los órganos del Estado, reconociendo la existencia de poderes legislativo, ejecutivo y judicial independientes y equilibrados.
2. Derechos fundamentales: La Constitución republicana de 1931 incorporó una amplia gama de derechos y libertades individuales, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y el sufragio universal. Estos derechos también se recogieron en la Constitución de 1978, ampliando y garantizando aún más su protección.
3. Descentralización: La Constitución republicana de 1931 estableció un sistema descentralizado de gobierno, otorgando autonomía a las regiones y provincias españolas. Este principio de descentralización también se refleja en la Constitución de 1978, que reconoce la organización territorial del Estado en comunidades autónomas.
4. Derechos laborales: La Constitución republicana de 1931 introdujo importantes derechos laborales, como la jornada laboral de ocho horas, la seguridad social y la protección de los trabajadores. Estos derechos laborales fueron recogidos y ampliados en la Constitución de 1978.

Si bien la Constitución de la República Española de 1931 fue una referencia importante para los redactores de la Constitución de 1978, esta última también incorporó nuevas ideas y principios adaptados al contexto político y social de la época. La constitución de 1978 fue aprobada tras la dictadura franquista y estableció los principios fundamentales del Estado y los derechos y libertades de los ciudadanos.

La Constitución Española (1978) reconoce una amplia gama de derechos y libertades, entre los que se encuentran:

1. Derechos fundamentales: La Constitución garantiza derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión, la libertad religiosa, el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la tutela judicial efectiva, entre otros.
2. Derechos políticos: La Constitución establece el derecho a participar en los asuntos públicos a través del sufragio universal y el derecho a formar partidos políticos. En este apartado, la jefatura del estado es un privilegio exclusivo de la familia Borbón, lo que quiebra el principio de igualdad. Uno de los peajes que se pago por el retorno democrático.
3. Derechos sociales: La Constitución reconoce derechos sociales, como el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y la protección social, entre otros.
4. Derechos laborales: La Constitución garantiza los derechos laborales, como el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga, la protección contra el despido arbitrario y la igualdad de oportunidades en el empleo.
5. Derechos de las personas frente a los poderes públicos: La Constitución establece mecanismos de protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Estos derechos y libertades son fundamentales para el funcionamiento de la democracia española y son protegidos y garantizados por el sistema jurídico del país. Además, España es miembro de la Unión Europea, lo que implica que también se deben respetar y proteger los derechos y libertades establecidos en los tratados y legislación europea.

Faceta III: valores democráticos fundamentales

La faceta III está compuesta por los valores democráticos fundamentales, como la tolerancia, la justicia y el compromiso. Estos valores son fundamentales para el funcionamiento y la cohesión de una sociedad democrática. Fomentar un ambiente de respeto mutuo, equidad y participación activa fortalece la calidad de la democracia.

Los valores democráticos fundamentales son principios y creencias que sustentan el funcionamiento de una sociedad democrática. Estos valores son esenciales para promover la participación ciudadana, la justicia, la igualdad y el respeto por los derechos humanos. A continuación, se presentan algunos ejemplos de valores democráticos fundamentales y su importancia:

1. Tolerancia: La tolerancia es el respeto y aceptación de las diferencias y opiniones diversas. Es fundamental en una sociedad democrática, ya que permite la convivencia pacífica y el diálogo entre personas con perspectivas y experiencias diferentes. La tolerancia implica escuchar y considerar puntos de vista contrarios, incluso cuando no se está de acuerdo con ellos.
   • Ejemplo: En una sociedad democrática, se valora la tolerancia hacia diferentes grupos étnicos, religiosos o culturales, permitiendo que coexistan y expresen su identidad sin discriminación.
2. Justicia: La justicia es el principio de equidad y trato justo para todos los individuos. Implica que las leyes y normas se apliquen de manera imparcial, sin privilegios ni discriminación. La justicia busca asegurar que todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a los derechos fundamentales.
   • Ejemplo: En un sistema judicial democrático, se garantiza que todas las personas sean consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad y se les brinda un juicio justo y equitativo.
3. Compromiso cívico: El compromiso cívico es la participación activa de los ciudadanos en la vida política, social y comunitaria. Implica estar informado, ejercer el derecho al voto, participar en organizaciones de la sociedad civil y contribuir al bienestar de la comunidad. El compromiso cívico fortalece la democracia al empoderar a los ciudadanos y permitirles influir en las decisiones que los afectan.
   • Ejemplo: Los ciudadanos que participan en debates públicos, se unen a organizaciones no gubernamentales o participan en protestas pacíficas para abogar por cambios sociales o políticos están ejerciendo su compromiso cívico.
4. Igualdad: La igualdad es el principio de tratar a todas las personas de manera equitativa y sin discriminación. En una sociedad democrática, se busca eliminar las barreras que impiden el acceso igualitario a oportunidades, recursos y derechos fundamentales.
   • Ejemplo: Las leyes que prohíben la discriminación por motivos de género, raza, religión o discapacidad promueven la igualdad en una sociedad democrática.
5. Respeto a los derechos humanos: Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, y su respeto es esencial en una sociedad democrática. Estos derechos incluyen la libertad de expresión, el derecho a la vida, la libertad de pensamiento, la igualdad, entre otros. Respetar los derechos humanos implica garantizar la protección y el cumplimiento de estos derechos para todas las personas.
   • Ejemplo: La existencia de organismos nacionales e internacionales encargados de proteger y promover los derechos humanos, así como la legislación y los mecanismos legales para abordar violaciones de derechos, son ejemplos de respeto a los derechos humanos en una sociedad democrática.

Estos son solo algunos ejemplos de valores democráticos fundamentales. Es importante destacar que estos valores son interdependientes y se refuerzan mutuamente en una sociedad democrática. Su promoción y práctica contribuyen al fortalecimiento de la democracia y al bienestar de las personas.

La democracia como sistema de valores

Las dos primeras facetas de la democracia se centran en los derechos civiles y políticos que los ciudadanos poseen en relación con el Estado. Sin embargo, surge la pregunta de si estos derechos son suficientes para establecer una democracia en su totalidad. Aunque muchos argumentarían que los procedimientos electorales y las libertades individuales enumeradas son esenciales, existe un consenso en que también son necesarios ciertos valores fundamentales para que una democracia prospere.

Estos valores o normas fundamentales son de gran importancia:

• Justicia: Implica tratar a todos los grupos de manera equitativa, sin negar oportunidades basadas en la discriminación sistemática. La justicia social es un pilar en una democracia funcional.
• Tolerancia: Requiere respeto por la diversidad y la convivencia armoniosa con aquellos que tienen opiniones y características diferentes.
• Consenso: Busca resolver las diferencias mediante la cooperación, la negociación justa y la disposición a hacer concesiones mutuas.
• Fiabilidad: Demanda que los miembros de la sociedad, en particular los líderes políticos y funcionarios, actúen de manera que inspiren confianza en su integridad y honestidad.
• Compromiso con la resolución pacífica: Promueve el uso de la fuerza solo como último recurso en las relaciones internacionales, manteniendo el enfoque en la resolución no violenta de conflictos.

Estos valores, que pueden considerarse como el «espíritu de la democracia», son cruciales en la formación de una democracia verdadera. No basta con que los líderes políticos los proclamen públicamente, sino que también deben ponerlos en práctica y, si es necesario, respaldarlos con la autoridad del Estado.

En el marco internacional, estos valores democráticos también tienen un impacto significativo. Promueven la paz al rechazar la agresión directa y restringir el uso de la fuerza a situaciones de autodefensa o defensa de los aliados.

En cuanto a la tercera faceta de la democracia, hay variaciones en su alcance. En su nivel mínimo, las democracias deben evitar la discriminación sistemática de grupos sociales específicos y abstenerse de institucionalizarla mediante leyes. En una interpretación más amplia, las democracias pueden intervenir contra la discriminación injusta incluso en interacciones privadas. Esto puede limitar ciertos derechos individuales en favor de asegurar un trato justo y no discriminatorio.

Incluso una interpretación aún más amplia sugiere que los gobiernos democráticos deben adoptar medidas activas para corregir las desigualdades históricas y actuales, a través de acciones positivas como cuotas para grupos subrepresentados en empleos u opciones educativas.

En situaciones excepcionales, donde los conflictos sociales son profundos y peligrosos, la democracia puede requerir instituciones y procedimientos especiales para evitar la violencia y el colapso del gobierno. Estos diseños institucionales pueden ser necesarios en sociedades profundamente divididas, lo que se conoce como democracia consociativa.

Si bien los derechos civiles y políticos son una parte crucial de la democracia, no son suficientes por sí mismos. Los valores de justicia, tolerancia, consenso, fiabilidad y compromiso con la paz son esenciales para construir y mantener una democracia genuina y efectiva.

Faceta IV: democracia económica

La faceta IV se centra en el concepto de democracia económica, que considera criterios de justicia y equidad como componentes sociales y económicos de la democracia. La forma en que se aborda este aspecto puede variar desde un compromiso general con la igualdad de oportunidades hasta la distribución más equitativa de la riqueza en un país. La democracia económica busca asegurar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a recursos y oportunidades, evitando así la concentración desigual de poder y riqueza.

La democracia económica es un concepto que se refiere a la idea de incorporar principios democráticos en la esfera económica, de manera que se garantice la participación y el control ciudadano en la toma de decisiones económicas que afectan a la sociedad en su conjunto. Busca promover la justicia y la igualdad en las relaciones económicas, así como asegurar que los beneficios y las oportunidades económicas estén distribuidos de manera equitativa.

En la democracia económica, se reconoce que el poder económico no debe concentrarse en manos de unos pocos, sino que debe ser compartido y ejercido de manera democrática. Esto implica la participación de los trabajadores, consumidores, comunidades y otros actores en la toma de decisiones económicas, incluyendo la gestión de las empresas, la distribución de recursos y la definición de políticas económicas.

• Un ejemplo de democracia económica es la implementación de cooperativas de trabajo. En una cooperativa, los trabajadores son propietarios y gestionan democráticamente la empresa. Toman decisiones colectivas sobre la dirección de la empresa, la distribución de los beneficios y las condiciones laborales. Este modelo permite que los trabajadores tengan un mayor control sobre su trabajo, participen en la toma de decisiones y compartan los frutos de su esfuerzo de manera más equitativa.
• Otro ejemplo es la implementación de presupuestos participativos a nivel local. En algunos lugares, se establecen procesos democráticos en los que los ciudadanos pueden participar activamente en la asignación de recursos públicos. Los ciudadanos proponen y deciden cómo se utilizan los fondos públicos, priorizando las necesidades de la comunidad. Esto garantiza una distribución más equitativa de los recursos y empodera a los ciudadanos para tomar decisiones económicas que afectan directamente a su entorno.

La relación entre ciudadanía y economía constituye uno de los debates más controvertidos en torno a la definición de democracia, especialmente en lo que respecta a la democracia económica. Varias preguntas cruciales surgen en este contexto:

1. ¿Cuáles deben ser los objetivos socioeconómicos de un país gobernado democráticamente? ¿Igualdad de oportunidades, igualdad de riqueza, máxima libertad para buscar la prosperidad individual u otro ideal?
2. ¿Hasta qué punto deben los ciudadanos tener el poder de influir en las decisiones económicas?

En todas las sociedades, surge la cuestión central de cómo distribuir sus recursos y oportunidades limitados entre su población. ¿Cómo se asignan recursos como alimentos, energía y acceso a la atención médica? ¿Cómo se distribuyen empleos y oportunidades educativas? Estas interrogantes, en última instancia, se resumen en la pregunta política fundamental: «quién obtiene qué, cuándo y cómo». Dependiendo de las instituciones políticas de un país, ciertos grupos pueden acumular más ventajas económicas que otros. No obstante, es posible que un sistema político esté diseñado de manera que distribuya los recursos y oportunidades de manera más equitativa, permitiendo que la población comparta los beneficios económicos de manera más justa.

Partamos del supuesto de que las economías que logran distribuir sus recursos y oportunidades de manera relativamente igualitaria son más democráticas que aquellas que concentran la riqueza en manos de unos pocos. Asimismo, consideremos que las economías que garantizan ciertas libertades económicas a la población, como la capacidad de dirigir negocios privados o manejar la propia renta con mínima intervención gubernamental, pueden considerarse más democráticas que aquellas que limitan el poder económico al Estado o a una élite privilegiada. ¿Es posible lograr simultáneamente la igualdad y la libertad económica, o son conceptos mutuamente excluyentes?

Junto con la promoción de una asignación equitativa de oportunidades, algunos argumentarán que el gobierno también debe distribuir de manera justa los recursos económicos entre la población. Esto podría manifestarse a través de políticas de bienestar destinadas a evitar la pobreza extrema y garantizar necesidades básicas como alimento, vivienda y atención médica. Sin embargo, la definición de lo que es necesario para garantizar la equidad puede ser amplia y diversa.

Este concepto de equidad permite un amplio margen para la libertad económica. Las personas y las empresas pueden realizar transacciones y gestionar propiedades con cierta libertad, aunque el gobierno podría establecer límites para preservar la equidad, como recaudar impuestos para financiar programas sociales. No obstante, en un esfuerzo por alcanzar una distribución más igualitaria, la intervención del gobierno podría ser mayor.

La igualdad de oportunidades se sitúa en otro extremo del continuo. Requiere que el Estado y el sector privado se comprometan a garantizar que todos tengan oportunidades similares para el progreso económico. Bajo este principio, no debería existir ninguna ventaja social significativa que permita a ciertos individuos acceder a oportunidades educativas y laborales de manera preferencial.

Perseguir la igualdad de resultados implica que todos disfruten de una cantidad similar de riqueza en última instancia. Esto requiere una redistribución considerable de la riqueza y, posiblemente, un control más estricto sobre los ingresos. Aquí es donde se produce un dilema. La democracia busca tanto la igualdad como la libertad, pero cuanto más se busca la igualdad, más se limita la libertad económica.

En resumen, las democracias modernas enfrentan la tensión entre estas dos visiones opuestas de democracia económica: la orientada hacia la igualdad y la enfocada en la libertad del mercado privado. La democracia económica busca garantizar la participación ciudadana en las decisiones económicas y promover la justicia y la igualdad en las relaciones económicas. Los ejemplos mencionados muestran cómo se pueden implementar modelos y prácticas que fomenten una mayor participación y distribución equitativa de los beneficios económicos en la sociedad.

Principios fundamentales de la democracia

Aunque las conceptualizaciones de la democracia pueden variar y existen diferentes interpretaciones en todo el mundo, hay varios principios fundamentales que son ampliamente aceptados como esenciales para construir un sistema de gobierno democrático.

1. Estado de derecho: El principio del Estado de derecho implica que todas las personas, incluidos los gobernantes, están sujetas a las leyes establecidas y que estas leyes se aplican de manera justa y equitativa. Esto implica que nadie está por encima de la ley y que los derechos y las libertades de los ciudadanos están protegidos.
2. Inclusión: La inclusión es otro principio clave de la democracia. Significa que todas las personas deben tener la oportunidad de participar en el proceso político y que sus voces deben ser escuchadas y consideradas. Esto implica garantizar el derecho al voto y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.
3. Igualdad: El principio de igualdad sostiene que todas las personas deben tener igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad, independientemente de su origen étnico, género, religión u otras características personales. Esto implica promover la no discriminación y garantizar la igualdad de trato ante la ley.

Estos principios básicos son considerados fundamentales para la mayoría de los teóricos y activistas políticos en el mundo a la hora de definir una democracia y sientan las bases para una democracia sólida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las democracias reales pueden tener limitaciones o desafíos en la plena realización de estos principios, y que el debate y la evolución de la democracia son procesos continuos.

Estado de derecho

El Estado de derecho es un principio fundamental en el cual el poder del Estado se encuentra limitado por las leyes, y ninguna persona o entidad puede situarse por encima de ellas. Este principio implica que los gobernantes están sujetos al imperio de la ley, y los poderes del gobierno para formular y aplicar las leyes deben estar restringidos por constricciones legales.

El Estado de derecho es fundamental para el funcionamiento de un gobierno democrático. Requiere que el Estado establezca claramente las limitaciones de su autoridad en documentos oficiales, como una Constitución escrita, o a través de legislaciones explícitas. Sin el Estado de derecho, los representantes del gobierno podrían ejercer el poder sin límites, de manera absoluta, sin estar sujetos a las leyes.

A pesar de su sencillez conceptual, el Estado de derecho ha sido escaso a lo largo de la historia. Surgió gradualmente en Gran Bretaña a lo largo de varios siglos, sometiendo a los monarcas a limitaciones legales impuestas por el Parlamento, y se consolidó como una democracia electoral en el siglo XX. En los primeros días de la República de Estados Unidos, el Estado de derecho fue fundamental en su sistema constitucional. Sin embargo, hasta la segunda mitad del siglo XX, fue escaso en la mayoría de los países, ya que pocos Estados tenían leyes que limitaran significativamente su propio poder.

Antes de la Segunda Guerra Mundial, solo algunos países, principalmente en Europa Occidental, lograron establecer gobiernos basados en el Estado de derecho. Sin embargo, muchos de ellos fueron breves y sucumbieron a dictaduras. El fascismo acabó con la democracia en Italia, Alemania y España, mientras que la agresión nazi destruyó la democracia en Francia y otros países ocupados. Después de la guerra, estos países lograron establecer gobiernos democráticos basados en el Estado de derecho. Aún en la actualidad, algunos países luchan por establecer regímenes democráticos y construir el principio del Estado de derecho.

Lamentablemente, no todos los líderes políticos que se comprometen públicamente con el Estado de derecho siempre respetan sus limitaciones. Con frecuencia, los representantes del gobierno o sus empleados violan los derechos civiles y políticos de la población y participan en prácticas corruptas, incluso en países donde el Estado de derecho está consolidado desde hace mucho tiempo. Si no se consagra el Estado de derecho como el primer principio de gobierno, la democracia no puede sobrevivir.

Un ejemplo histórico relevante es el desarrollo del Estado de derecho en Estados Unidos. Desde los primeros días de la República, el país estableció una sólida base constitucional y legal que limitaba el poder del gobierno. La Constitución de los Estados Unidos, junto con la Declaración de Derechos, garantiza los derechos y las libertades individuales, y establece restricciones claras sobre el poder del gobierno. A lo largo de la historia, los tribunales han desempeñado un papel fundamental en la interpretación y aplicación del Estado de derecho, asegurando que las leyes se cumplan y que los derechos de los ciudadanos sean protegidos.

En resumen, el Estado de derecho es un principio esencial para la democracia, ya que limita el poder del Estado y garantiza que los gobernantes estén sujetos a las leyes. Aunque ha sido escaso en la historia, su consolidación es crucial para establecer regímenes democráticos y proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. El ejemplo de Estados Unidos ilustra cómo el Estado de derecho ha sido un pilar fundamental en su sistema político y constitucional.

Inclusión

El principio de inclusión es fundamental en una democracia y establece que todos los adultos deben tener reconocidos los derechos democráticos y ser considerados ciudadanos. Esto implica que la ciudadanía y los derechos políticos no pueden ser negados o limitados de forma discriminatoria a sectores específicos de la población, como las mujeres o los grupos étnicos y culturales minoritarios.

En un país que reconoce procedimientos democráticos, como el derecho al voto y la libertad de expresión, estos derechos políticos no pueden ser negados selectivamente a ciertos segmentos de la población. Todos los adultos que forman parte de la comunidad deben ser incluidos en la categoría de ciudadanos, de lo contrario, el sistema político solo puede considerarse parcialmente democrático en el mejor de los casos.

La inclusión también implica que todos los grupos principales de la población, ya sean étnicos, religiosos, de clase social, etc., tengan razones para creer que están mejor bajo un sistema democrático que bajo otra forma de gobierno no democrática, siempre y cuando cumplan con las reglas y los procedimientos democráticos. Nadie debe ser sistemáticamente excluido de los beneficios que ofrece el proceso democrático. Si en un sistema político formalmente democrático las «reglas del juego» perjudican a grupos sociales específicos o funcionan constantemente en desventaja de algún grupo, surge la duda sobre si realmente se puede considerar democrático. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando los procedimientos electorales democráticos resultan en una «tiranía de la mayoría» constante sobre las minorías.

En realidad, casi todas las democracias han reducido o negado ciertos derechos políticos a determinados grupos en algún momento de su historia. En algunos casos, la discriminación política abierta contra grupos sociales específicos puede ser tan represiva e intencionada que cuestiona las credenciales democráticas del país. La negación de derechos electorales u otros derechos políticos a las mujeres, clases específicas o minorías religiosas o étnicas plantea preguntas serias sobre el grado de democracia real en ese sistema político. Incluso la definición de ciudadanía puede ser manipulada deliberadamente para negar injustamente el derecho al voto a ciertos segmentos de la población, como lo demuestran las experiencias recientes en los Estados bálticos.

En resumen, el principio de inclusión en una democracia implica que todos los adultos deben tener reconocidos los derechos democráticos y ser considerados ciudadanos sin discriminación. La negación o limitación de derechos políticos a grupos específicos plantea serias dudas sobre la verdadera naturaleza democrática de un sistema político. Es importante garantizar que todos los grupos de la población tengan igualdad de oportunidades y sean incluidos en el proceso democrático.

Igualdad

El principio de igualdad es fundamental en la democracia, ya que busca garantizar que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y libertades, distribuyéndolos de manera equitativa entre todos. Esto implica que ningún grupo o segmento de la población debe tener privilegios o ventajas injustas sobre otros.

En el contexto de los derechos políticos básicos, como el derecho al voto, la libertad de expresión, de asociación y de reunión, es crucial que estos derechos sean ejercidos por todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Si las reglas y prácticas de la democracia permiten que algunos segmentos de la sociedad disfruten de estos derechos de manera preferencial o si se aplican leyes de manera discriminatoria, se socava el principio de igualdad ante la ley, que es fundamental en una democracia.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el concepto de igualdad puede tener diferentes interpretaciones en diferentes contextos. Es necesario distinguir entre igualdad y equidad. La equidad implica brindar a las personas una oportunidad justa para mejorar su bienestar bajo las mismas leyes que se aplican a todos, sin necesariamente igualar las condiciones sociales o económicas iniciales ni los resultados finales. Por otro lado, la igualdad implica un nivel más estricto de igualdad en términos de derechos políticos y condiciones sociales y económicas. En un sentido estricto de igualdad, no habría distinciones de clase y todos serían iguales en términos socioeconómicos.

Es importante reconocer que existe un debate en torno a la igualdad económica en las democracias. Algunos argumentan que las democracias deben priorizar la máxima libertad individual para que los ciudadanos persigan sus objetivos sin interferencias del Estado, incluso si esto resulta en disparidades y desigualdades económicas. Otros sostienen que la igualdad de derechos políticos debe ir de la mano con alguna forma de igualdad de derechos económicos y sociales.

En resumen, el principio de igualdad busca garantizar una distribución equitativa de los derechos y libertades democráticas entre todos los ciudadanos. Aunque existen diferentes perspectivas y controversias en torno a la igualdad económica, la igualdad política es ampliamente reconocida como esencial en las democracias.

Referencias

• Sodaro, M.J. (2011) Política y ciencia política : una introducción. Ed. revisada. Madrid: McGraw-Hill.