VERSIÓN 1.0
ORÍGENES DEL ESTADO DEL BIENESTAR
El Estado de Bienestar, surgido como un hito económico, social y político en las sociedades avanzadas del siglo XX, ha sido fundamental en el desarrollo y estructura de los países desarrollados, evolucionando hacia un Estado Social de Derecho.
Muchos expertos señalan que sus raíces se remontan a la Alemania de Otto von Bismarck, con legislaciones pioneras como la ley de seguro de enfermedad y maternidad (1883) y la ley de accidentes del trabajo (1884). Sin embargo, hay quienes argumentan que el verdadero nacimiento del Estado de Bienestar es posterior a la Segunda Guerra Mundial, destacando el sistema inglés de protección social creado entre 1945 y 1948.
H. Hedo (1981) proporciona una perspectiva unificadora, dividiendo su evolución en tres fases:
- Experimentación (1870-1920)
- Consolidación (1930-1940)
- Expansión (desde 1940 en adelante).
Fundamentado en políticas keynesianas, el Estado de Bienestar surgió como respuesta a la crisis económica de 1929, promoviendo la intervención estatal en la economía. La idea principal era corregir las fallas del mercado mediante la intervención estatal, redistribuyendo la renta.
Uno de sus logros más significativos ha sido la institucionalización de los derechos sociales, garantizando prestaciones y servicios básicos como educación, salud, y acceso a bienes culturales y medioambientales. Estos derechos reflejan un proceso histórico que también incluye derechos civiles y políticos.
A lo largo del tiempo, el Estado de Bienestar ha demostrado su capacidad para estabilizar la sociedad, actuando como mediador en conflictos y fomentando la integración social. Al asumir este papel, ha legitimado su función y la estructura social, garantizando armonía y cohesión.
En el contexto español, el desarrollo del Estado de Bienestar ha atravesado distintas etapas políticas, desde la Restauración hasta la Democracia. Algunos de sus hitos más notables incluyen la Ley de accidentes de trabajo (1903), la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), y la Ley de Bases de la Seguridad Social (1963).
Este viaje histórico, que será explorado en detalle, se organiza en cuatro fases, vinculadas a los regímenes políticos de España hasta el fin del franquismo:
- Restauración: Transición de la beneficencia a un intervencionismo más estructurado.
- Dictadura de Primo de Rivera: Emergencia del «intervencionismo administrativo».
- II República: Enfoque en la internacionalización y constitucionalización de la cuestión social.
- Franquismo: Periodo de heterogeneidad legal y administrativa, aunque con ciertos avances en servicios sociales.
EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES O EL INICIO DEL INTERVENCIONISMO CIENTÍFICO
El siglo XX marcó una era de transformaciones significativas en los servicios sociales, evolucionando de la mera beneficencia pública al concepto de bienestar social, plasmado en la Constitución española de 1978. Un punto crucial en este desarrollo fue la creación del Instituto de Reformas Sociales (IRS) en 1903, que sucedió a la Comisión de Reformas Sociales. El establecimiento del IRS representa el inicio del «intervencionismo científico», que implicó la formación de organismos para supervisar y desarrollar las nuevas leyes laborales y sentar las bases del Derecho del Trabajo y de una Administración social responsable de su implementación.
Creación, objetivos, composición y estructura interna
El Instituto de Reformas Sociales (IRS) fue establecido mediante Real Decreto el 23 de abril de 1903 y quedó bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobernación. Su principal objetivo era diseñar y supervisar la legislación laboral, incluyendo la inspección y recolección de estadísticas, y fomentar acciones gubernamentales y sociales para mejorar el bienestar de la clase obrera.
No solo tenía un rol consultivo, sino también administrativo. Estaba compuesto inicialmente por treinta miembros, de los cuales dieciocho eran designados por el gobierno y doce eran elegidos, repartiéndose estos últimos entre representantes patronales y obreros. Posteriormente, se incrementó la cantidad de miembros elegidos directamente, disminuyendo los designados por el Gobierno.
El IRS tenía una estructura organizativa con un pleno, una secretaría general y tres secciones específicas:
- Una sección encargada de la preparación legislativa, recopilando información y redactando propuestas.
- Una segunda centrada en la inspección laboral, servicios jurídicos y técnicos, y la evaluación de accidentes laborales.
- Y la tercera, enfocada en la elaboración de estadísticas sobre temas como huelgas, niveles de vida y desempleo.
El éxito del IRS se atribuye en parte a la diversidad ideológica de sus miembros, que incluía a republicanos, socialistas, conservadores, católicos y librepensadores. Además, su eficacia también radicaba en sus características organizativas: permitía una amplia participación social, otorgaba libertad de acción a su personal técnico, contaba con el apoyo de instituciones locales y tenía un sistema descentralizado de inspección y estadísticas.
Principales medidas legales impulsadas por el Instituto de Reformas Sociales
El IRS fue un propulsor activo de legislaciones centradas en la protección del trabajo de mujeres y niños. Algunas de las leyes más destacadas incluyen:
- Leyes sobre la Mujer y Niños en el Trabajo:
- Ley del 8 de enero de 1907: Prohibió el trabajo de mujeres durante el embarazo y la lactancia, asegurando que los empleadores reservaran el puesto de la trabajadora.
- Real Decreto del 25 de enero de 1908: Limitó el trabajo de mujeres y menores en industrias consideradas insalubres o peligrosas.
- Ley del 22 de julio de 1912: Estableció la prohibición del trabajo nocturno para mujeres.
- Ley del 27 de febrero de 1912 (conocida como «ley de la silla»): Dictaminó que en espacios como tiendas y oficinas, se debía proporcionar un asiento por cada mujer empleada.
- Leyes Laborales Generales:
- Ley del 3 de marzo de 1904: Instituyó el descanso semanal obligatorio.
- Ley del 12 de julio de 1906: Protegió el salario destinado a la subsistencia familiar y los instrumentos de trabajo de posibles embargos.
- Ley de huelga del 27 de abril de 1909: Junto con la ley del 19 de mayo de 1908, reglamentaron los conflictos laborales y establecieron mecanismos de conciliación y arbitraje industrial.
- Ley sobre Emigración:
- Ley del 21 de diciembre de 1907: Aunque reconoció el derecho a emigrar, impuso restricciones en ciertos casos, como a personas con responsabilidades judiciales pendientes o obligaciones militares. Además, estableció un Consejo Superior de Emigración, que incluía representantes del IRS y de la clase obrera.
A pesar de la vasta legislación social promulgada en ese periodo, esta aún reflejaba un enfoque humanitarista y caritativo, considerando la problemática social desde una perspectiva benéfica.
La creación del Instituto Nacional de Previsión y sus fines
El vacío existente en el ámbito de la previsión social fue atendido con la fundación del Instituto Nacional de Previsión (INP) gracias a la influencia del IRS. Instituido mediante la ley del 27 de febrero de 1908, el INP se erigió como el pilar fundamental del futuro sistema de seguridad social español. A pesar de ser una entidad autónoma, y siguiendo la estela del IRS, su establecimiento representó un hito esencial en el ámbito social.
Los objetivos del INP, según el artículo 1 de la ley, eran:
- Fomentar y promover la cultura de la previsión popular, especialmente en lo que respecta a pensiones de retiro.
- Administrar la mutualidad conformada voluntariamente por sus asociados.
- Impulsar y apoyar la práctica de pensiones de retiro, buscando su acreditación tanto a nivel general como especial, a través de entidades públicas o privadas.
Los estatutos provisionales del INP se detallaron en un decreto del 24 de diciembre de 1908, permitiendo que el instituto comenzase sus operaciones el 1 de enero de 1909. Legislaciones posteriores ampliaron el espectro de protección del INP. Por ejemplo, el Real Decreto del 11 de marzo de 1919 instituyó el «retiro obrero» obligatorio. Adicionalmente, el Real Decreto del 18 de marzo de 1919 ofreció subvenciones a las sociedades mutuas obreras que proporcionasen seguro de desempleo. Finalmente, mediante el Real Decreto del 20 de noviembre de 1919, se delineó un Plan de Seguros Sociales que abarcaba seguros de salud, invalidez y maternidad como obligatorios, para quienes, entre 14 y 65 años, trabajasen de forma dependiente con una remuneración anual inferior a seis mil pesetas (aproximadamente. 36€).
Otras actuaciones del Instituto de Reformas Sociales
El Instituto de Reformas Sociales (IRS) promovió numerosas legislaciones, siendo especialmente notable su acción en relación con el trabajo de mujeres y menores. Algunas de sus intervenciones destacadas fueron la limitación de la jornada laboral a ocho horas diarias, legislaciones centradas en el trabajo de mujeres y su protección, así como regulaciones en el ámbito de la previsión y la seguridad laboral.
A lo largo de su existencia, el IRS propuso y ayudó a implementar legislaciones que reflejaron la necesidad de proteger a ciertos grupos vulnerables en el mundo laboral. Por ejemplo, promovió leyes que restringían el trabajo de mujeres embarazadas y en período de lactancia, y la prohibición del trabajo nocturno para ellas. También abogó por la protección de los trabajadores mediante la implementación del descanso semanal obligatorio y la inembargabilidad del salario básico familiar.
Otro hito relevante fue la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, que se erigió como el precursor del sistema español de seguridad social. Esta entidad autónoma tenía como principal objetivo difundir la previsión popular y administrar la mutualidad de asociados que se establecería voluntariamente.
Sin embargo, pese a estos avances, no todos los esfuerzos del IRS se tradujeron en cambios tangibles inmediatos. A menudo, enfrentó desafíos relacionados con la resistencia a la innovación legal y la falta de cumplimiento de las regulaciones. Por ejemplo, a pesar de establecer un servicio de inspección en 1906, este carecía de personal y recursos suficientes para hacer cumplir las leyes laborales.
El período alrededor de 1917 marcó un cambio significativo en el panorama político y social de España. Influenciado tanto por eventos externos, como la revolución rusa, como por tensiones internas derivadas del rápido crecimiento económico y las demandas sociales, el país experimentó una creciente intervención estatal y un giro hacia el paternalismo.
En 1919, el IRS fue reorganizado, reflejando un enfoque más burocrático y menos participativo. Aunque la institución había sido instrumental en promover reformas progresivas en las décadas anteriores, este cambio señaló un alejamiento de su enfoque original basado en la colaboración entre empleadores y trabajadores. A pesar de esto, el legado del IRS sigue siendo fundamental en la historia laboral y social de España.
EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES Y LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO (1920)
Del «intervencionismo científico» al intervencionismo administrativo»
El Instituto de Reformas Sociales (IRS) desempeñó un papel crucial como precursor en la estructuración del sistema laboral y social en España. Establecido como una entidad con un fuerte énfasis en la investigación y reforma laboral, sentó las bases para la posterior creación del Ministerio de Trabajo en 1920, según el Real Decreto de esa fecha. Además, la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, tras el Tratado de Versalles, proporcionó un contexto internacional favorable para fortalecer la estructura laboral en España.
El IRS no solo contribuyó con ideas y propuestas, sino que su existencia y labor sirvieron como justificación y respaldo para el establecimiento de dicho Ministerio. Este movimiento vino acompañado de la integración de otros organismos, como el propio IRS, el Instituto Nacional de Previsión y el Consejo de Emigración, dentro del nuevo Ministerio.
A pesar de la eventual postergación del IRS a raíz de la creación del Ministerio de Trabajo, se puede argumentar que esto fue, paradójicamente, un testimonio de su éxito. El «intervencionismo científico», que el IRS había personificado, evolucionó hacia un «intervencionismo administrativo», marcando un cambio significativo en la forma en que el Estado abordaba las cuestiones laborales y sociales, alejándose de las restricciones del liberalismo anterior.
La creación del Ministerio de Trabajo: una muestra de la burocratización creciente
La instauración del Ministerio de Trabajo en el siglo XX no solo reflejó una consolidación administrativa, sino que también se convirtió en una manifestación palpable de la creciente burocratización del Estado español. Esta transición administrativa representó un alejamiento de la flexibilidad y adaptabilidad del Instituto de Reformas Sociales (IRS) a las necesidades cambiantes de la sociedad, y un acercamiento hacia un modelo más rígido y burocrático, en el cual los procedimientos administrativos estrictos comenzaron a predominar.
A lo largo de las primeras décadas del siglo, hubo propuestas para transformar el núcleo del IRS en un Ministerio de Trabajo, pero este cambio no se concretó hasta que se evidenció la necesidad de una intervención estatal más estructurada y constante en el ámbito laboral, especialmente en el contexto de crisis de la Restauración y posteriormente, con el impacto económico de 1929.
A medida que el Ministerio de Trabajo ganaba terreno, la representación directa de los actores sociales, como los patronos y obreros en el IRS, empezó a declinar. Esto resultó en conflictos y tensiones, dado que los trabajadores sintieron que sus voces estaban siendo marginadas en las decisiones políticas y legislativas. El IRS, que una vez fue un organismo central y proactivo, comenzó a ser relegado a un segundo plano, especialmente con la formación de otros organismos con funciones similares.
En última instancia, el eventual declive y desaparición formal del IRS en 1924 evidencia cómo las estructuras administrativas pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. A pesar de su eventual obsolescencia, la contribución del IRS al panorama social y laboral de España fue fundamental, ya que, como señaló Brenan, sin él, es probable que muchas reformas sociales no se hubieran llevado a cabo.
Disposiciones legales
La instauración del Ministerio de Trabajo no conllevó una detención en el avance de las regulaciones y reformas legales en España. De hecho, tras su creación, se continuaron introduciendo diversas medidas legales en respuesta a las necesidades sociales y económicas del momento:
- El 27 de junio de 1920 se implementó una regulación para controlar la revisión de alquileres y prevenir incrementos desmedidos. Esta medida fue acompañada de la creación de las Juntas de Fomento y Casa Baratas, lo que demuestra una clara intención gubernamental de intervenir en el mercado inmobiliario para asegurar condiciones de vivienda más asequibles para la población.
- En enero de 1921, se estableció un decreto que delimitaba las condiciones de aplicación del Seguro Obligatorio, fortaleciendo así las protecciones sociales para los trabajadores. Además, se instituyó una Comisión permanente de Trabajo y legislación social en las Cortes. Esta comisión tenía como propósito principal supervisar y debatir continuamente sobre cuestiones laborales y legislaciones sociales, reflejando el compromiso del gobierno de mantener un enfoque activo y actualizado en estos temas cruciales.
Estas disposiciones, aunque parecen individuales y específicas, en realidad forman parte de un esfuerzo más amplio de fortalecer el marco legal y social en un período de cambios significativos en España. Las medidas muestran un intento del Estado de equilibrar tanto las demandas económicas como las sociales, buscando siempre el bienestar de sus ciudadanos.
LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923) Y LA DISOLUCIÓN DEL IRS
La Dictadura de Primero de Rivera y la Cuestión social
La dictadura de Primo de Rivera marca un punto de inflexión en el abordaje de la cuestión social en España. Durante este régimen, la administración centralizada adoptó un papel preeminente, relegando a un segundo plano el intervencionismo reformista que había caracterizado al IRS. Con el inicio de la dictadura, el IRS se integró en el Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, tal como lo estableció el Real Decreto del 2 de junio de 1924.
Es curioso observar cómo la llegada al poder de Primo de Rivera coincidió con lo que los historiadores han denominado una «época de dictaduras» en Europa. Durante los años veinte, varios países como Italia, Portugal, Grecia, Yugoslavia y Rusia experimentaron regímenes dictatoriales. Las secuelas de la Primera Guerra Mundial y las reverberaciones de la Revolución Rusa de 1917 pusieron a prueba la resiliencia de las democracias en el continente (Casado, Guillén, 2001).
Sin embargo, para entender plenamente la dictadura de Primo de Rivera, es esencial analizar el complejo panorama interno de España. El país enfrentaba múltiples desafíos: las secuelas y responsabilidades derivadas de los reveses en la guerra de Marruecos; crecientes disturbios públicos; tensiones regionales; una latente inquietud revolucionaria, particularmente en Andalucía; la precaria situación de los jornaleros campesinos; y el declive del sistema de partidos de la Restauración. Esta amalgama de factores, sumada a la incapacidad del sistema político para enfrentar y resolver la profunda crisis política y social, en particular la integración de la clase obrera en la vida política, sentó las bases para el golpe de estado de Primo de Rivera.
Bajo su liderazgo, el Estado tomó un papel activo y directo en la gestión de la cuestión social, buscando soluciones burocráticas y top-down (de arriba hacia abajo) a los desafíos que enfrentaba la nación. Si bien algunas de estas intervenciones pudieron haber ofrecido soluciones temporales, también es evidente que limitaron la participación y la voz de actores sociales clave en el proceso de toma de decisiones.
El sistema corporativo de la Dictadura de Primo de Rivera
Bajo el manto de una notable prosperidad económica, que perduró hasta la crisis de 1929, la clase obrera en España experimentó mejoras salariales notables. Sin embargo, la Dictadura de Primo de Rivera marcó un giro institucional, apostando firmemente por el modelo corporativo. Esta perspectiva corporativa buscaba contraponerse a las ideas liberales, proponiendo reemplazar la confrontación entre clases con una colaboración más estructurada, promoviendo el sindicalismo unitario y rechazando la violencia y las huelgas como medios de solución a conflictos laborales.
El fundamento legal de este cambio se plasmó en el Decreto Ley de Organización Corporativa Nacional, promulgado el 26 de noviembre de 1926. Este decreto propuso una estructuración detallada de la vida laboral, cimentada en Comités paritarios a nivel local y profesional, y culminando en una Corporación Nacional para cada sector industrial, bajo la supervisión de un Consejo de Corporación. Posteriormente, esta visión corporativa se extendió al ámbito agrícola con el Decreto Ley del 12 de mayo de 1928. Sin embargo, una constante en la política española hizo acto de presencia: a pesar de la claridad de las leyes, su implementación efectiva fue laxa y tardía. Al arribar la era republicana, el modelo corporativo delineado en 1926 aún no estaba plenamente operativo.
La discrepancia entre la intención legislativa y la realidad también se manifestó en otros ámbitos. Por ejemplo, Primo de Rivera expresó su deseo de instaurar un sistema de seguro que cubriera desempleo, vejez e invalidez, contando con la participación activa de trabajadores (UGT), empresarios y el Estado. Su visión era que ningún ciudadano, después de años de trabajo, se encontrara en la desventurada posición de mendigar su sustento. Sin embargo, este ideal, al igual que muchos otros, quedó en papel y no se materializó en políticas concretas.
Principales disposiciones normativas Primo de Rivera
Aunque la Dictadura de Primo de Rivera estuvo marcada por grandiosas declaraciones de intenciones, la realidad mostró actuaciones más conservadoras y medidas. Las reformas implementadas incluyeron:
- Accidentes de Trabajo: Por medio del Decreto Ley del 23 de agosto de 1926, se buscó estructurar y clarificar la legislación relacionada con accidentes laborales, proporcionando una mayor protección a los trabajadores.
- Viviendas Asequibles: Se pusieron en marcha políticas destinadas a facilitar y promover la construcción de viviendas asequibles, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas.
- Jubilación y Orfandad: El Estatuto de clases pasivas de 1926 se estableció para proporcionar derechos de jubilación y beneficios por orfandad.
Más allá de estas medidas, la Dictadura mostró especial interés en políticas de apoyo a la familia y maternidad:
- Subsidio a Familias Numerosas: A través del Decreto del 21 de junio de 1926, se introdujo un subsidio dirigido a las familias obreras con ocho o más hijos, buscando proporcionar un apoyo económico a quienes tuvieran grandes responsabilidades familiares.
- Seguro de Maternidad: El Decreto Ley del 22 de marzo de 1929 estableció un seguro obligatorio de maternidad. Esta medida estaba dirigida a garantizar la asistencia sanitaria y una compensación salarial a trabajadoras y empleadas durante el periodo de maternidad. Este decreto se detalló posteriormente en un reglamento en enero de 1930.
- Reconocimiento del Derecho a la Seguridad Social: Aunque no llegó a concretarse, es notable mencionar el intento de la Dictadura por consolidar el derecho a la Seguridad Social en la esfera constitucional, como se evidencia en el Anteproyecto de Constitución elaborado en mayo de 1929 por la Asamblea Nacional.
En resumen, mientras que la retórica de la Dictadura sugería grandes reformas y avances, las acciones concretas, aunque significativas en algunos aspectos, fueron más limitadas y conservadoras.
El final del Instituto de Reformas sociales y la Dictadura de Primo de Rivera
A pesar de la reconfiguración social y política bajo la Dictadura de Primo de Rivera, la influencia y el legado del Instituto de Reformas Sociales (IRS) no se desvanecieron completamente. Esta continuidad se manifestó en varias formas:
- El Código de Trabajo (23 de agosto de 1926): Representó un hito en la consolidación de la legislación laboral al reunir todas las normativas en un solo documento. Aunque se etiquetó como «Código», la originalidad se limitaba en gran medida al primer libro, que trataba sobre el contrato de trabajo. Los otros tres libros incorporaban leyes y regulaciones preexistentes, muchas de las cuales habían sido diseñadas y promovidas por el IRS. Estos libros cubrían temas como el contrato de aprendizaje, accidentes laborales y tribunales industriales.
- El Consejo de Trabajo: A simple vista, parecía ser una continuación del IRS bajo el nuevo régimen. Sin embargo, en la práctica, este consejo no pudo replicar la profundidad de investigación, la conexión directa con las realidades sociales ni la iniciativa proactiva que caracterizaban al IRS.
A pesar de estas continuidades, el ethos detrás del IRS y el Consejo de Trabajo eran fundamentalmente diferentes. Mientras que el IRS había sido concebido como un organismo proactivo e investigador, buscando soluciones basadas en la evidencia para los problemas sociales, el Consejo de Trabajo operaba bajo una lógica más corporativista y centralizada.
En definitiva, aunque el IRS dejó una huella indeleble en la legislación y políticas laborales españolas, su espíritu reformista y progresista chocó con la visión más controlada y estructurada de la Dictadura de Primo de Rivera.
INTERNACIONALIZACIÓN Y CONSTITUCIONALIZACIÓN. LA II REPÚBLICA (1931-1936)
Tras la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión de 1929, el panorama social y político global experimentó una transformación profunda. Estos acontecimientos históricos, en conjunto, pusieron de manifiesto las deficiencias y las desigualdades de los sistemas económicos y sociales prevalecientes, impulsando la necesidad de abordar y remediar estos problemas a nivel nacional e internacional.
1. Cambios Sociales y Legislativos:
- Efectos de la Guerra: La devastación y el desplazamiento causados por la Primera Guerra Mundial hicieron evidente la necesidad de medidas de bienestar y apoyo para los veteranos de guerra, las familias desplazadas y los huérfanos.
- Revolución Rusa: El triunfo del comunismo en Rusia planteó una alternativa radical al capitalismo y llevó la cuestión social al centro del debate político. Se convirtió en un referente para los movimientos obreros y socialistas en el mundo y ejerció presión sobre otros países para mejorar las condiciones de los trabajadores y evitar revueltas similares.
- Crisis Económica de 1929: La Gran Depresión resaltó las vulnerabilidades inherentes a los sistemas económicos sin regulación. La desocupación masiva, la pobreza y la desigualdad económica condujeron a una demanda generalizada de protección social y regulación económica.
2. Rol de Organizaciones Internacionales: Con el establecimiento de la Sociedad de Naciones y, posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comenzó a delinearse un marco internacional para abordar cuestiones laborales y sociales. Estas entidades promovieron normas y directrices que influyeron en las políticas nacionales de muchos países.
3. Constitucionalización de los Derechos Sociales: La importancia de los derechos y protecciones sociales se reflejó en las constituciones de muchos países durante este período. Estos derechos, que incluyen el derecho al trabajo, a la educación y a la protección social, pasaron a ser considerados fundamentales y garantizados constitucionalmente.
4. Desafíos Futuros: Mientras que estas reformas y cambios representaron avances significativos, también surgieron nuevos desafíos. El equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social, la protección de los derechos individuales frente a las demandas colectivas y la adaptación a un mundo en rápida transformación eran cuestiones pendientes que continuarían modelando el curso de la historia social y política en el siglo XX.
En conclusión, la confluencia de estos grandes eventos históricos propició un reexamen y reconfiguración de los sistemas sociales y económicos, llevando a un mayor énfasis en la justicia social, la protección laboral y la intervención del Estado en la economía.
La Internacionalización de la Cuestión social
A medida que avanzaba el siglo XX, el enfoque en la cuestión social trascendía los límites nacionales, reflejando la creciente interconexión global tanto en términos de desafíos como de soluciones. Este cambio no solo fue impulsado por los movimientos políticos y sociales, sino también por los acontecimientos históricos y el desarrollo de instituciones internacionales.
1. Internacionalismo Proletario Marxista: El marxismo, con su visión de una revolución proletaria global, promovió una perspectiva internacionalista de la cuestión social. La idea era que los trabajadores de todo el mundo compartían desafíos y objetivos comunes, y que las soluciones debían ser buscadas en solidaridad y cooperación más allá de las fronteras nacionales.
2. Emergencia de Instituciones Globales: Con la creación de organismos como la Sociedad de Naciones y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establecieron plataformas donde los países podían discutir y abordar problemas globales, incluyendo cuestiones sociales y económicas. Estas instituciones impulsaron normativas y políticas que buscaban estándares mínimos en áreas como derechos humanos, laborales y desarrollo social.
3. Crisis Globales: Eventos como las dos Guerras Mundiales, la Gran Depresión y más tarde la descolonización, tuvieron repercusiones sociales a nivel global. Estos acontecimientos subrayaron la necesidad de una cooperación y coordinación internacional para enfrentar y superar los desafíos asociados.
4. Interdependencia Económica: La globalización económica, con el crecimiento del comercio internacional y la interdependencia financiera, significó que las políticas y crisis en un país podían tener impactos en otros. Esta interconexión hizo esencial la cooperación y la coordinación en políticas sociales y económicas.
5. Movimientos Sociales Transnacionales: A lo largo del siglo XX, surgieron movimientos sociales con agendas que trascendían las fronteras nacionales, como el feminismo, el ambientalismo y los movimientos por los derechos civiles. Estos movimientos a menudo trabajaron en redes internacionales, influyendo en políticas tanto a nivel nacional como global.
En resumen, la cuestión social del siglo XX ya no podía ser vista en términos puramente nacionales. La creciente interconexión global, las crisis compartidas y el surgimiento de instituciones y movimientos transnacionales significaban que las respuestas a los desafíos sociales debían ser concebidas en un marco global. Es un testimonio de un mundo cada vez más integrado, donde las soluciones locales y globales están intrínsecamente entrelazadas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido un pilar en la promoción de estándares laborales justos y equitativos desde su creación. Fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que concluyó la Primera Guerra Mundial, representa una respuesta ambiciosa al desafío de establecer normas laborales a nivel global.
1. Tripartismo: El sistema tripartito de la OIT, establecido en su fundación en 1919, es único. A diferencia de muchas organizaciones internacionales, no está compuesta solo por representantes gubernamentales. También incluye a representantes de trabajadores y empleadores, garantizando que todas las perspectivas del mundo laboral estén representadas.
2. Convenios y Recomendaciones: Desde su inicio, la OIT ha establecido numerosos convenios y recomendaciones. Estas herramientas buscan estandarizar condiciones laborales, promover derechos, mejorar la seguridad y garantizar un empleo decente. Son jurídicamente vinculantes para los países que los ratifican, mientras que las recomendaciones actúan como guías.
3. El Empleo Decente: Entrando en el siglo XXI, la OIT ha defendido con vigor el concepto de «empleo decente». Este término no solo se refiere a la creación de empleo, sino también a derechos laborales, protección social y diálogo.
4. Respuesta a Cambios Globales: La OIT ha adaptado sus enfoques y políticas en respuesta a los cambiantes desafíos del mundo laboral. Por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, se ha centrado en los efectos de la globalización, el cambio climático, la economía gig y la automatización.
5. Defensa de Derechos Humanos: Además de sus roles económicos y laborales, la OIT ha desempeñado un papel vital en la promoción de los derechos humanos desde sus inicios. Esto incluye esfuerzos en el siglo XX y XXI contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la promoción de la igualdad de género.
En resumen, desde su fundación en 1919, la OIT ha representado el entendimiento de que las cuestiones laborales trascienden las fronteras nacionales. Su esfuerzo continuo ha asegurado que los problemas laborales se aborden con una perspectiva global, siempre buscando un mundo laboral más justo y equitativo.
Objetivos y principios de la OIT: La Declaración de Filadelfia
La OIT, fundada en 1919, adoptó una postura revolucionaria al centrarse en la promoción de estándares laborales justos y equitativos en todo el mundo. A lo largo del siglo XX, sus directrices y principios fueron vitales para modelar las políticas laborales y sociales de muchos países, incluida España.
La Declaración de Filadelfia (1944) y sus Principios: Durante una de las épocas más tumultuosas de la historia moderna, en medio de la II Guerra Mundial, la OIT reafirmó su compromiso con la justicia social a través de la «Declaración de Filadelfia». Esta declaración destacó:
- La esencialidad del trabajo como un derecho humano, no simplemente como una mercancía intercambiable.
- La importancia fundamental de la libertad de expresión y asociación para el desarrollo social y económico.
- El reconocimiento de que la pobreza, independientemente de dónde se manifieste, es perjudicial para todos y debe ser combatida de manera colectiva.
- El llamado a la acción concertada tanto a nivel nacional como internacional, enfatizando la necesidad de participación democrática en la toma de decisiones.
- El imperativo moral y social de promover la igualdad de oportunidades para todos, sin importar raza, religión o género.
Influencia y actuación de la OIT a lo largo del tiempo: A pesar de ser formalizada en 1944, la Declaración de Filadelfia encapsuló principios que la OIT había defendido desde su inicio. Desde su fundación, la organización ha trabajado incansablemente para homogeneizar la legislación laboral, proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en general. Su papel ha sido trascendental en áreas como el pleno empleo, condiciones de trabajo, formación profesional, protección de la infancia y la maternidad, entre otros.
Convenios y recomendaciones: A lo largo de los años, la OIT ha adoptado convenios y recomendaciones que establecen directrices para los países miembros. Mientras que los convenios actúan como tratados vinculantes, las recomendaciones sirven como guías para mejorar las políticas y prácticas laborales.
Influencia en España: Después de la I Guerra Mundial, España ratificó rápidamente su compromiso con la OIT, demostrando el impacto y la relevancia de la organización en la política laboral española. Durante la II República, la influencia de la OIT fue aún más evidente, ya que España adoptó muchas de sus directrices y principios.
En resumen, la OIT ha sido y sigue siendo una fuerza motriz en la promoción de justicia social y derechos laborales en todo el mundo. Su influencia ha sido particularmente notable en países como España, donde ha ayudado a moldear políticas y prácticas laborales en línea con sus ideales de equidad y justicia.
La Constitucionalización de la Cuestión social
La constitucionalización representa un viraje fundamental en el paisaje jurídico de muchas naciones. En lugar de limitar el contenido de la Constitución a cuestiones estrictamente políticas, como era común en el siglo XIX, este proceso introduce principios sociales y económicos dentro de la normativa suprema de un país.
Históricamente, los textos constitucionales del siglo XIX estaban primordialmente centrados en estructurar el orden político de un Estado: cómo se elegían a los representantes, cómo se formaba el gobierno, cuáles eran las competencias de los diferentes poderes, entre otros. Estos documentos eran, por lo general, ajenos a las realidades socioeconómicas de la población, omitiendo temas como los derechos laborales, el bienestar social, y las obligaciones del Estado para garantizar la equidad y justicia en estos ámbitos.
Sin embargo, el siglo XX marcó el inicio de una transformación radical en esta perspectiva. Las Constituciones comenzaron a abordar, y en muchos casos garantizar, derechos y principios que impactan directamente en la vida diaria de las personas. Estos cambios reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de abordar cuestiones sociales y económicas a nivel constitucional.
La Constitución rusa, la mexicana de 1917 y, especialmente, la de Weimar de 1919, son ejemplos pioneros de esta evolución. Estos textos no solo delinearon el marco político de sus respectivos países, sino que también consagraron derechos y deberes en áreas hasta entonces desatendidas a nivel constitucional, como el trabajo, la educación, la salud y el bienestar social.
La integración de estos principios en las constituciones es una respuesta a las transformaciones sociales y económicas del siglo XX. Representa el reconocimiento de que los derechos y obligaciones del Estado van más allá del ámbito puramente político y que es esencial que los mismos tengan un fundamento constitucional sólido para garantizar su protección y promoción.
En resumen, la constitucionalización es un reflejo del cambio en la percepción del papel de la Constitución, pasando de ser un documento centrado en la estructura política a uno que aborda de manera integral el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Es una manifestación de la evolución del pensamiento legal y político hacia una visión más holística e inclusiva de la sociedad.
Internacionalización y constitucionalización en la II República Española: la Constitución de 1931
Con la proclamación de la II República en España en 1931, se experimentó una notable transformación en la percepción y abordaje de la cuestión social. Esta transformación no solo respondía a dinámicas internas, sino que también estaba influenciada por tendencias internacionales, especialmente la internacionalización y constitucionalización de las preocupaciones sociales.
La Constitución de 1931 reflejaba este cambio de paradigma. Su contenido evidencia una profunda consideración hacia los derechos sociales, económicos y laborales, enfocándose en la dignidad, equidad y bienestar de la ciudadanía.
- Artículo 46:
- Trabajo como Derecho y Obligación Social: Reconoce al trabajo en todas sus formas como una obligación y un derecho protegido.
- Garantías para el Trabajador: La República se compromete a garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, abarcando campos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia laboral.
- Ejes Claves: Seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, protección de la maternidad, participación obrera en empresas, entre otros.
- Artículo 39:
- Derecho de Asociación y Sindicación: Se reconoce y protege el derecho de sindicación, fortaleciendo la posición y representación de los trabajadores.
- Artículo 43:
- Igualdad y Protección Social: Se establece la igualdad de sexos y se compromete al Estado a prestar asistencia en situaciones de enfermedad, ancianidad y maternidad.
- Reconocimiento de Derechos Familiares: Se destaca la igualdad entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y la protección especial hacia la infancia.
- Artículo 48:
- Educación como Pilar Fundamental: Se establece la educación primaria como obligatoria y gratuita, buscando garantizar igualdad de oportunidades y acceso al conocimiento.
- Artículo 31:
- Movilidad y Libertad: Se reconoce el derecho a emigrar e inmigrar, entendiendo la movilidad como un aspecto esencial de la libertad individual y el desarrollo socioeconómico.
La Constitución de 1931 representó un avance significativo en la forma en que España abordó y protegió los derechos sociales y laborales. Estos artículos, en particular, demuestran un esfuerzo por parte del Estado para garantizar una vida digna, justa e igualitaria para todos sus ciudadanos. Fue una respuesta progresista a las demandas y desafíos sociales de la época, y refleja la evolución del pensamiento social y político en España durante el período de la II República.
De los compromisos constitucionales a la práctica
La II República de España, a pesar de tener una Constitución que establecía ideales ambiciosos para mejorar la situación social, encontró dificultades al llevar esos principios a la práctica. Las razones de estas limitaciones son multifacéticas:
- Entorno Económico Desafiante:
- Impacto de la Crisis de 1929: Aunque esta crisis económica global tuvo sus raíces en 1929, sus efectos en España se sintieron con fuerza durante el advenimiento de la II República. Estas condiciones económicas adversas obstaculizaron considerablemente la implementación de muchas de las promesas sociales articuladas en la Constitución.
- Brevedad de la República:
- Duración Temporal: La II República tuvo una existencia relativamente corta, desde 1931 hasta, según la interpretación, 1936 (inicio de la Guerra Civil) o 1939 (fin de la Guerra Civil). Esta breve ventana de tiempo limitó su capacidad para llevar a cabo y consolidar reformas profundas.
- Inestabilidad Política:
- Conflictos Internos: La República estuvo plagada de tensiones y conflictos, como la sublevación militar liderada por Sanjurjo, la revuelta en Asturias, y otros eventos desestabilizadores (el papel de la Iglesia).
- Cambios Gubernamentales: La frecuencia de cambios en el gobierno, junto con la constante movilización política, retrasó y complicó la ejecución de políticas coherentes y sostenibles.
En resumen, aunque la Constitución de la II República estableció una visión progresista y ambiciosa para el bienestar social, la combinación de desafíos económicos, una duración limitada y una política tumultuosa impidió la realización plena de esos ideales. Las aspiraciones y los compromisos, aunque loables, enfrentaron una serie de obstáculos prácticos y contextuales que hicieron difícil su plena materialización.
El abordaje jurídico de la Cuestión social durante la II República
Durante el período de la Segunda República Española (1931-1939), el tratamiento jurídico de los problemas sociales y laborales experimentó una significativa evolución. Este periodo se caracterizó por un enfoque progresista y reformista que buscaba mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales. A continuación, se destacan algunas de las medidas más relevantes:
- Persistencia de disposiciones sociales anteriores: Mediante el decreto del 24 de junio de 1931, se enumeraron diversas disposiciones de contenido social que se mantendrían vigentes.
- Institucionalización del ámbito social: En 1931, se instauró la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, proporcionando un espacio judicial específico para abordar cuestiones laborales y sociales.
- Regulación de la jornada laboral: El 1 de julio de 1931, se determinó una jornada máxima de trabajo, estableciendo límites al tiempo de trabajo y garantizando el descanso.
- Colocación obrera: En noviembre de 1931, se aprobó la ley de colocación obrera obligatoria, buscando garantizar el empleo y reducir el desempleo.
- Previsión contra el desempleo: En mayo de 1931, se establecieron las bases para la previsión social contra el paro forzoso, creando una Caja Nacional contra el paro forzoso dentro del Instituto Nacional de Previsión Social.
- Protección ante accidentes de trabajo: Se promulgaron leyes en septiembre de 1931 y octubre de 1932 que regulaban los accidentes de trabajo, asegurando la protección de los trabajadores y estableciendo obligaciones para los empleadores.
- Regulación de contratos laborales: En noviembre de 1931, se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, proporcionando un marco legal para las relaciones laborales.
- Beneficencia y Obras Sociales: En 1932, se creó la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, buscando centralizar y mejorar las acciones de asistencia social.
- Medidas contra el desempleo: En julio de 1934 y junio de 1935, se promulgaron leyes que buscaban reducir el desempleo, promoviendo obras públicas y fomentando la iniciativa privada.
- Unificación de seguros sociales: En junio de 1936, se promulgó una ley que unificaba los seguros sociales, abordando áreas como vejez, invalidez, enfermedad y maternidad.
- Enfermedades profesionales: En julio de 1936, se establecieron las bases para la regulación de enfermedades profesionales, reconociendo y garantizando la protección de trabajadores afectados.
Estas medidas reflejan la voluntad reformista de la Segunda República en el ámbito social y laboral, aunque su plena implementación y consolidación se vieron truncadas por el golpe de estado que desencadenó la Guerra Civil en 1936.
LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE EL FRANQUISMO
La Cuestión de los servicios sociales durante el franquismo
Durante el franquismo, aunque no se establecieron servicios sociales en el sentido moderno, se sentaron las bases con diversas medidas e instituciones que, con la llegada de la democracia, facilitarían la creación y consolidación de los actuales servicios sociales en España.
Problemas cronológicos
Durante el periodo franquista, que abarcamos desde el inicio de la guerra civil en 1936 hasta la muerte de Franco en 1975, se producen cambios y desarrollos significativos en diversas áreas, aunque su delimitación temporal puede ser objeto de debate, ya que algunos argumentan que podría extenderse hasta la consolidación democrática con la Constitución de 1978. Sin embargo, para el propósito de este análisis, nos centraremos en el periodo hasta 1975.
La pluralidad y disparidad de situaciones
- Conceptualización del término “servicios sociales”: Durante gran parte del régimen franquista, el término «servicios sociales» no estaba claramente definido o no se usaba de la forma en que lo entendemos hoy. Más que servicios sociales en el sentido contemporáneo, el franquismo se centró en una serie de medidas asistenciales y caritativas, muchas veces bajo el amparo de organizaciones religiosas o vinculadas directamente al Estado, como la Sección Femenina.
- Interacción con organizaciones religiosas: Durante el régimen de Franco, la Iglesia Católica tuvo un papel destacado en la provisión de bienestar y asistencia. Esto tuvo un impacto muy significativo en la forma en que se entendían y proporcionaban los servicios sociales. En muchos casos, estos servicios estaban ligados a la moral y la ideología religiosa, lo que limitaba su alcance y naturaleza.
- Limitaciones económicas y desarrollo industrial: Durante gran parte de la dictadura, España estuvo económicamente aislada del resto de Europa, lo que retrasó ciertos desarrollos económicos y sociales. Sin embargo, a medida que España comenzó a industrializarse en la década de 1960, se produjeron cambios en la estructura social y se hizo evidente la necesidad de un sistema más formalizado de servicios sociales.
Estos condicionamientos influyeron en la forma en que el franquismo abordó los temas de bienestar y asistencia, dando lugar a un sistema muy particular que, aunque sentó algunas bases para el desarrollo posterior de los servicios sociales en la democracia, también presentó características únicas y limitaciones significativas.
El cambio y transformación de las necesidades sociales
A lo largo del régimen franquista, las políticas de asistencia social reflejaron y respondieron a las cambiantes condiciones socioeconómicas y las necesidades emergentes de la sociedad española. Este período, marcado por distintas fases de desarrollo y retos, vio una evolución en la forma en que el Estado abordó la cuestión social.
- Post-Guerra Civil (1936-1959): Beneficencia del Estado – Esta etapa, marcada por las secuelas de la guerra civil, se centró principalmente en abordar las necesidades inmediatas de la población afectada por el conflicto. Las políticas de esta época estuvieron arraigadas en un enfoque tradicional de beneficencia, donde el Estado, a menudo en colaboración con la Iglesia Católica, proporcionaba ayuda a los más necesitados. Sin embargo, esta ayuda estaba altamente politizada y se limitaba a aquellos que eran leales al régimen.
- Despegue Económico (1959-1975): Asistencia Social – Con el inicio del milagro económico español y el consiguiente proceso de urbanización e industrialización, surgieron nuevos desafíos sociales. El rápido crecimiento de las ciudades llevó a problemas como el chabolismo y la falta de infraestructura adecuada. Durante esta etapa, el régimen comenzó a reconocer la necesidad de una política social más estructurada y formalizada, aunque todavía limitada en alcance y en gran parte reactiva.
- Final del Franquismo (1975-1978): Transición hacia los Servicios Sociales – En los últimos años del régimen y con la crisis económica afectando a España, emergieron desafíos como el alto desempleo y el retorno de los emigrantes. Aunque el régimen tomó medidas para abordar estas cuestiones, fue en la etapa postfranquista, con la Constitución de 1978, cuando España inició un enfoque más integral y sistemático hacia los servicios sociales, marcando el inicio de una nueva era en la política social del país.
En resumen, el franquismo vio una evolución gradual desde un modelo de beneficencia basado en la caridad hacia un enfoque más estructurado de asistencia social, sentando las bases para el desarrollo posterior de los servicios sociales en la democracia.
La heterogeneidad legal y administrativa de los servicios sociales
El franquismo se caracterizó por un enfoque reactivo y fragmentado hacia los servicios sociales. En lugar de una estrategia coherente y unificada, la respuesta a las necesidades sociales surgió de forma ad hoc, lo que resultó en una maraña de iniciativas legales y administrativas.
Heterogeneidad Legal y Administrativa: Durante este período, las intervenciones en el ámbito de los servicios sociales carecían de coherencia y estructura. En lugar de un marco legislativo unificado, surgieron múltiples leyes y regulaciones en respuesta a problemas específicos y a menudo inmediatos. Esta multiplicidad de normativas, a menudo superpuestas o contradictorias, llevó a la ineficiencia y a la falta de claridad en términos de responsabilidades y competencias.
Respuesta a Necesidades Urgentes: La política social del franquismo se desarrolló en gran medida como una serie de respuestas a crisis inmediatas. El trauma y las secuelas de la guerra civil exigieron intervenciones rápidas y específicas. Sin embargo, una vez implementadas, estas soluciones a menudo continuaron en operación mucho después de que la necesidad inicial hubiera desaparecido.
Ausencia de Legislación Global: A pesar de la multiplicidad de intervenciones, el régimen careció de una legislación que consolidara y sistematizara su enfoque de los servicios sociales. Esta ausencia de una estructura legislativa unificada significó que las iniciativas a menudo operaban en silos, sin coordinación ni cohesión.
En esencia, la era franquista, en términos de servicios sociales, estuvo marcada por una mezcla de respuestas rápidas a problemas inmediatos y una falta general de visión y estructura a largo plazo. Esta falta de planificación y estructuración se tradujo en intervenciones a menudo ineficaces y descoordinadas. La ausencia de un marco cohesivo para los servicios sociales dejó un legado de fragmentación que posteriormente tendría que ser abordado en la era democrática.
La coexistencia de diferentes modalidades de actuación de los servicios sociales
Durante el franquismo, los servicios sociales operaron en un panorama caracterizado por una diversidad de actores y enfoques. La falta de un marco unificado y coherente para la provisión de servicios sociales dio lugar a una combinación compleja y a menudo superpuesta de intervenciones.
Sector Público: Aunque el Estado desempeñó un papel en la provisión de ciertos servicios, su enfoque estuvo lejos de ser exhaustivo o sistemático. En muchos casos, la respuesta del sector público a las necesidades sociales fue reactiva, surgiendo en respuesta a crisis específicas o demandas inmediatas. Sin un marco legislativo unificado para guiar la acción estatal, las intervenciones públicas a menudo carecían de coherencia y coordinación.
Sector Privado: A falta de una respuesta estatal integral, el sector privado jugó un papel crucial en la provisión de servicios sociales. Esto incluyó organizaciones benéficas, fundaciones y otras entidades no gubernamentales que ofrecían una variedad de servicios a diferentes comunidades y grupos demográficos.
La Iglesia: Uno de los actores más prominentes en el ámbito de los servicios sociales durante el franquismo fue la Iglesia Católica. Con una amplia infraestructura y recursos, la Iglesia desempeñó un papel vital en la provisión de educación, salud y otros servicios básicos. Su posición única le permitió operar con una considerable autonomía, y en algunos casos, llenó vacíos dejados por el Estado.
Organizaciones Sindicales y del Movimiento Nacional Franquista: Estas entidades, vinculadas directamente al régimen, también desempeñaron un papel en la provisión de servicios sociales. Aunque estaban alineadas con la ideología y objetivos del Estado, su actuación no siempre se coordinaba eficientemente con otras intervenciones estatales o privadas.
La coexistencia de estas diferentes modalidades de actuación, si bien proporcionó una cobertura amplia y diversa, también presentó desafíos significativos en términos de eficiencia y coherencia. La falta de coordinación y la superposición de esfuerzos a menudo resultaron en redundancias y lagunas en la provisión de servicios. Además, la multiplicidad de actores y agendas a veces llevó a tensiones y conflictos sobre prioridades y enfoques. En conjunto, aunque esta diversidad de intervenciones garantizó cierta resiliencia y flexibilidad, también subrayó la necesidad de un enfoque más integrado y coherente hacia los servicios sociales.
Principales medidas legislativas durante el franquismo
Durante el franquismo, se desarrollaron varias medidas legislativas que establecieron las bases para la intervención del Estado en el ámbito de los servicios sociales. Estas medidas reflejaron la promesa del régimen de proteger y mejorar el bienestar de los ciudadanos, a pesar de que en muchas ocasiones esta promesa se contraponía con la realidad política y social.
- Fuero del Trabajo (1938):
- Este fue uno de los primeros textos legales que estableció los derechos y protecciones de los trabajadores.
- Garantizó el compromiso del Estado en la defensa de los derechos laborales y en la expansión de los seguros sociales.
- Fuero de los Españoles (1945):
- Afirmaba los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluyendo la protección de las familias numerosas.
- Si bien garantizaba ciertos derechos en el papel, su implementación y protección real eran limitadas.
- Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958):
- Reforzó los principios ideológicos del franquismo y también tocó temas relacionados con el bienestar y la protección social.
Legislación ordinaria durante la guerra civil:
- Sorprendentemente, muchas decisiones legislativas clave relacionadas con la asistencia social se tomaron durante la guerra civil.
- Estas leyes establecieron la base para muchos de los sistemas y estructuras de asistencia que perdurarían durante décadas.
A pesar de la retórica oficial, la realidad de los servicios sociales durante el franquismo fue compleja. Mientras que el régimen promovió una imagen de protector del bienestar del pueblo español, las políticas a menudo eran reactivas y estaban motivadas por preocupaciones políticas y de imagen.
Además, la falta de una estructura cohesiva y una visión a largo plazo para el desarrollo de los servicios sociales condujo a un sistema fragmentado y a menudo ineficaz. Sin embargo, es crucial reconocer que, durante el franquismo, se sentaron muchas de las bases legales y organizativas que influirían en el desarrollo posterior de los servicios sociales en España durante la transición a la democracia. Es decir, a pesar de sus muchas limitaciones, el franquismo dejó una huella duradera en el paisaje de los servicios sociales en España.
El Fondo de Protección Benéfico Social
El Fondo de Protección Benéfico Social, creado en plena Guerra Civil, es un ejemplo de cómo el franquismo trató de articular respuestas a las urgentes necesidades sociales del momento. Su creación subraya una preocupación por centralizar y organizar los recursos destinados a la asistencia social.
Características del Fondo de Protección Benéfico Social:
- Objetivo Centralizador: No se encargaba directamente de proveer servicios asistenciales, sino que su principal función era la de centralizar y distribuir fondos. En lugar de ser un organismo de asistencia directa, operaba más como un mecanismo financiero.
- Recaudación y Distribución: Recogía fondos de diversas fuentes y los redistribuía entre distintos organismos nacionales responsables de prestar la asistencia social.
- Respuesta a Necesidades Urgentes: En un momento de gran convulsión social y económica, el Fondo se creó para abordar de manera eficaz y organizada las «necesidades más urgentes» en todo el país.
- Coordinación con Otros Organismos: Trabajaba en conjunto con diferentes organismos encargados de la asistencia social, asegurando que los recursos fueran destinados de manera eficiente.
En resumen, el Fondo de Protección Benéfico Social fue un instrumento del franquismo para abordar las crecientes necesidades sociales en medio del caos de la Guerra Civil. Aunque no prestaba directamente servicios asistenciales, jugó un papel clave en la financiación y organización de la asistencia social en España durante ese periodo. Su creación refleja un esfuerzo por parte del régimen de establecer estructuras que pudieran responder de manera organizada y centralizada a las demandas sociales del momento.
El Auxilio Social
El Auxilio Social fue una de las instituciones más emblemáticas y controvertidas del franquismo en el ámbito de la asistencia social. Surgida en plena Guerra Civil, tuvo un papel protagonista en la inmediata posguerra, atendiendo a las necesidades básicas de una población devastada por el conflicto.
Características y funciones del Auxilio Social:
- Asistencia Material: La organización ofrecía apoyo material a aquellos más afectados por la guerra, incluyendo distribución de alimentos, ropa y otros bienes esenciales.
- Orientación Ideológica y Religiosa: Más allá de su función asistencial, el Auxilio Social tenía un fuerte componente ideológico y religioso. Actuaba como instrumento de propagación de los valores del régimen franquista y de la Iglesia Católica. El énfasis en los sacramentos, la legalización de matrimonios civiles y el bautismo católico eran evidencia de su agenda de re-cristianización.
- Control Social: A través de su red de asistencia, el Auxilio Social también ejercía un control sobre la población, garantizando la conformidad con los valores y principios del franquismo.
- Cambios Administrativos: A lo largo de su existencia, el Auxilio Social sufrió varios cambios administrativos, pasando por distintas denominaciones y dependencias burocráticas. A pesar de estos cambios, mantuvo su esencia y objetivos hasta su supresión en 1985.
- Desaparición y Legado: Aunque fue suprimido en 1985, su legado perdura en la historia española. El Auxilio Social es recordado tanto por su labor asistencial como por su papel en la consolidación del régimen franquista y la imposición de una agenda ideológica y religiosa.
En resumen, el Auxilio Social fue un instrumento clave del franquismo en el ámbito asistencial y ideológico. Mientras proporcionaba ayuda material a quienes la necesitaban, también buscaba consolidar y promover los valores y principios del régimen, en especial la vinculación con la Iglesia Católica. Su existencia y operación reflejan la compleja relación entre asistencia social, ideología y control político durante el franquismo.
La Organización Nacional de Ciegos
La ONCE representa uno de los ejemplos más significativos de instituciones de asistencia social en España. Establecida durante la Guerra Civil, ha persistido hasta la actualidad, evolucionando y expandiendo sus servicios, y se ha convertido en un referente en cuanto a la integración y promoción de personas con discapacidad visual.
Características y funciones de la ONCE:
- Creación y Dependencia: La ONCE fue creada por decreto en 1938, inicialmente bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación.
- Objetivo Principal: Su propósito primordial era agrupar de manera obligatoria a todos los invidentes de España con el objetivo de fomentar la ayuda mutua y proporcionar servicios que mejoraran su calidad de vida.
- Auto-gestión: Una de las particularidades más destacables de la ONCE es que, desde sus inicios, fue concebida como una entidad en la que los propios invidentes tuvieran un papel activo en su gestión. La estructura se basa en delegaciones provinciales y locales que permiten una administración cercana a sus afiliados.
- Financiamiento a través de Loterías: Para financiar sus actividades, la ONCE estableció un sorteo diario de lotería. Este mecanismo no sólo ha permitido a la entidad generar recursos para sus programas, sino que ha convertido a la ONCE en una institución económicamente potente y autónoma.
- Servicios Ofrecidos: A lo largo de los años, la ONCE ha establecido una amplia gama de servicios para sus afiliados, que incluyen educación, formación profesional, creación de puestos de trabajo, atención médica y programas de previsión social, entre otros.
- Impacto Social: Más allá de sus servicios, la ONCE ha jugado un papel esencial en la sensibilización de la sociedad española respecto a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad visual, promoviendo su integración y participación activa en la sociedad.
En resumen, la ONCE, creada en el contexto de la Guerra Civil y el franquismo, ha trascendido ese período histórico y se ha consolidado como una de las instituciones más importantes en España en el ámbito de la asistencia y promoción de personas con discapacidad visual. Su éxito y longevidad se basan en su capacidad para auto-gestionarse y en su compromiso constante con la mejora de la calidad de vida de sus afiliados.
La Administración Institucional
Durante el período del franquismo, España experimentó un desarrollo significativo en su sistema de seguridad social. Este proceso puede ser dividido en tres fases principales, evidenciando la transición desde una perspectiva basada en la doctrina social de la Iglesia hasta una más universalista, siguiendo modelos europeos:
- Fase de Ayuda a la Familia (1937):
- Inspirada en la doctrina social de la Iglesia con enfoque en apoyo a la familia.
- Se introdujo el subsidio familiar en 1937.
- A partir de 1942 y más notablemente desde 1946, se implementó el Plus Familiar, un sistema basado en puntos para distribuir un impuesto sobre el volumen de salarios empresariales.
- Fase de Mutualismo y Seguros Obligatorios (1939):
- En 1939, se establece el subsidio de vejez e invalidez, reemplazando el antiguo retiro obrero.
- En 1947, se crea el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, ampliado a viudedad en 1955.
- El Mutualismo Laboral, de naturaleza corporativista, también se desarrolla durante este período.
- Fase de Seguridad Sanitaria (1942):
- 1942 marca el establecimiento del Seguro Obligatorio de Enfermedad.
- Se amplían las prestaciones médicas, culminando con el Plan de Instalaciones Sanitarias.
- Expansión de la dispensación de medicamentos.
La profusión de disposiciones y normativas condujo a la creación de la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963 con el objetivo de unificar y simplificar las leyes existentes. Esta ley fue seguida por la Ley de Seguridad Social de 1966 y posteriormente reemplazada por la de 1974.
Esta ley cubrió un amplio espectro de acciones protectoras que incluyeron asistencia sanitaria, prestaciones económicas, protección familiar y servicios sociales, estableciendo así el fundamento de lo que se conocería como la seguridad social moderna.
Finalmente, es importante destacar el papel del Instituto Social de la Marina, que brindó una gama completa de prestaciones de seguridad social, servicios sociales y asistencia, pero específicamente para los trabajadores del mar.
El papel de la Administración Local
Durante el franquismo, la Administración Local jugó un papel esencial en la provisión de servicios asistenciales a la población. Esta responsabilidad se arraigó en una tradición que se remonta a 1887, cuando se impusieron obligaciones de beneficencia a los municipios y provincias.
La Ley de Régimen Local de 1955 reforzó y detalló estas obligaciones, otorgando a los municipios el deber de proporcionar una amplia gama de servicios de beneficencia. Estos incluían:
- Protección de menores.
- Prevención y represión de la mendicidad.
- Creación y mantenimiento de albergues para transeúntes.
- Provisión de asistencia médica y farmacéutica a familias en situaciones de vulnerabilidad.
Además, esta ley especificaba las responsabilidades de las provincias, que debían mantener:
- Hospitales especializados.
- Hogares para ancianos.
Estas disposiciones aseguraban que la asistencia social y sanitaria llegara a quienes más lo necesitaban, incluso en el nivel local. En la práctica, esto significó que los municipios y provincias mantenían y operaban una variedad de instituciones de beneficencia, muchas de las cuales habían sido establecidas antes de 1936. Estas instituciones, heredadas del pasado y continuadas durante el franquismo, servían como pilares fundamentales en la red de apoyo social en toda España.
El compromiso de la administración local con la asistencia y el bienestar de sus ciudadanos reflejaba una comprensión profunda de la importancia de los servicios de proximidad. Aunque el marco nacional dictaba políticas y orientaciones, era a nivel local donde estas políticas cobraban vida y se adaptaban a las necesidades específicas de las comunidades. Es importante destacar que, a pesar de las turbulencias políticas y sociales de la época, el compromiso con el bienestar y la asistencia a los más vulnerables se mantuvo como una prioridad constante en la administración local.
Organizaciones no gubernamentales: Cáritas
Bajo el franquismo, la Iglesia mantuvo una red de organizaciones benéficas y asistenciales, entre las que destaca Cáritas. Esta entidad, con personalidad jurídica propia, surgió en 1942 como el Secretariado Nacional de Caridad y pasó por varias fases evolutivas:
- Fase 1942-1952: Durante esta etapa, la actividad de Cáritas se centró en cubrir necesidades básicas, en gran parte alimenticias. Su enfoque principal fue la caridad y la beneficencia, gestionando también donativos procedentes de Estados Unidos.
- Fase 1952-1956: Esta fase marcó la adopción del nombre «Cáritas» y asumió la gerencia de la Ayuda Social Americana. Además, inició esfuerzos en investigación, formación social e información.
- Fase 1957-1963: Aquí, Cáritas hizo una transición de la beneficencia a la acción social. Se creó una sección dedicada a la planificación, formación y promoción de obras y servicios sociales. En este período, la organización impulsó la creación de Escuelas de Asistentes Sociales, lanzó la revista «Documentación Social», y desarrolló planes de desarrollo social.
- Fase 1964-1974: Cáritas se modernizó y orientó hacia servicios sociales centrados en la promoción comunitaria. Durante este tiempo, la formación profesional, el desarrollo cooperativo y la vida asociativa adquirieron relevancia. También se inició el Plan CCB, una gran investigación empírica sobre las necesidades sociales en España, y se planificaron diversos programas de trabajo a largo plazo.
Posteriormente, Cáritas expandió sus servicios, abordando problemáticas de la juventud, el desempleo, los marginados, los inmigrantes y brindando ayuda a situaciones de necesidad fuera de España.
En resumen, Cáritas ha jugado un papel crucial como organización no gubernamental durante el franquismo, adaptándose a los cambiantes contextos y necesidades, y manteniéndose como un pilar en la ayuda a los más necesitados en España.
Instituciones tuteladas por el Estado
Durante el periodo del franquismo, varias organizaciones desempeñaron un papel significativo en la asistencia social bajo la tutela o con el respaldo del Estado. Estas instituciones contribuyeron a moldear el panorama de los servicios sociales en España durante esos años. Algunas de estas instituciones incluyen:
- Auxilio Social: Esta entidad, fundada en 1936, fue una de las principales organizaciones benéficas durante la posguerra. Su papel no solo se limitó a proporcionar asistencia material, sino que también tuvo una fuerte influencia ideológica y religiosa.
- Obra Sindical del Hogar: Surgida en el marco del sindicato vertical franquista, esta organización tenía como principal objetivo la construcción de viviendas para trabajadores. Además, impulsó otras iniciativas sociales como colonias de vacaciones para niños o la creación de centros de formación y capacitación.
- Sección Femenina de Falange: Aunque principalmente conocida por su papel en la promoción de la ideología del régimen, la Sección Femenina también llevó a cabo programas de asistencia social, incluidos aquellos dirigidos a mujeres, niños y familias necesitadas.
- Frente de Juventudes: Esta organización juvenil del régimen franquista también realizó actividades de carácter asistencial y educativo, orientadas hacia la juventud española.
- Cruz Roja Española: Aunque es una entidad de carácter internacional y con autonomía propia, durante el franquismo mantuvo una estrecha relación con el Estado, desempeñando una labor destacada en asistencia sanitaria y social.
- Cajas de Ahorro. Tuvieron un papel muy destacado en el ámbito social, más allá de su función financiera. Estas entidades tienen un carácter social, estaban comprometidas en el desarrollo de obras sociales en beneficio de las comunidades en las que operan.
- Instituciones de Beneficencia Provincial y Municipal: Los ayuntamientos y diputaciones, a pesar de las limitaciones políticas y económicas, siguieron desempeñando funciones en el ámbito de la beneficencia y asistencia social, gestionando hospitales, asilos y otras instituciones destinadas a poblaciones vulnerables.
- Instituciones religiosas: Además de Cáritas, otras órdenes y congregaciones religiosas desempeñaron un papel en la asistencia social, a menudo en estrecha colaboración con el Estado o bajo su tutela. Estas instituciones gestionaban hospitales, orfanatos, asilos y escuelas, y proporcionaban servicios a poblaciones marginadas.
Estas organizaciones, junto con otras de menor envergadura o ámbito más local, configuraron el panorama de la asistencia social durante el franquismo, cubriendo diversas necesidades en un contexto de grandes carencias y limitaciones políticas y sociales.
Cruz Roja Española
La Cruz Roja Española, desde su fundación en 1864, ha sido una institución clave en la asistencia social y humanitaria en España. Durante el franquismo, su papel fue particularmente relevante dada la necesidad de asistencia debido a los daños y las consecuencias de la guerra civil.
La Cruz Roja, si bien es una organización independiente y neutral, durante el régimen franquista tuvo que operar en un contexto político y social particularmente complicado. A pesar de las dificultades y limitaciones, se mantuvo fiel a sus principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.
Durante la era franquista:
- Ayuda en tiempos de guerra: Siguiendo su misión fundamental, la Cruz Roja Española desempeñó un papel crucial en la atención a las víctimas y afectados por la guerra civil, ofreciendo servicios médicos, asistencia y apoyo.
- Hospitales: La Cruz Roja mantuvo y gestionó varios hospitales de alta calidad en todo el país, ofreciendo servicios médicos a quienes lo necesitaban.
- Campañas de salud y prevención: Aunque gran parte de su enfoque estaba en la atención médica directa, la Cruz Roja también lanzó campañas de sensibilización y prevención en temas de salud.
- Acción humanitaria: Además de sus actividades en tiempos de guerra y salud, la Cruz Roja también llevó a cabo acciones humanitarias, apoyando a comunidades vulnerables, familias y individuos en situación de necesidad.
- Adaptación y evolución: Hacia el final del régimen franquista y especialmente durante la transición democrática, la Cruz Roja Española comenzó un proceso de modernización, adaptándose a los nuevos tiempos y necesidades del país.
En resumen, la Cruz Roja Española, a pesar de las dificultades y desafíos del período franquista, mantuvo su compromiso con el alivio del sufrimiento humano y la promoción de la solidaridad, siendo una entidad clave en el panorama de los servicios sociales y asistenciales en España durante esos años.
Las Cajas de Ahorro
Las Cajas de Ahorro en España, durante el período del franquismo, tuvieron un papel muy destacado en el ámbito social, más allá de su función financiera. Estas entidades tienen un carácter social, estaban comprometidas en el desarrollo de obras sociales en beneficio de las comunidades en las que operan.
- Compromiso legal con la obra social: Las Cajas de Ahorro, por disposición legal, estaban obligadas a destinar una parte significativa de sus beneficios a la realización de obras sociales. Esto suponía la creación y mantenimiento de instituciones y servicios de carácter social, cultural, educativo y asistencial.
- Actuación en distintas áreas: Las Cajas llevaban a cabo programas y proyectos en diversos campos, desde la construcción de viviendas de protección oficial, hospitales y centros para ancianos, hasta el apoyo a la educación, la cultura y el deporte. Además, jugaron un papel crucial en áreas rurales donde, en ocasiones, eran las únicas entidades que promovían acciones de desarrollo social y cultural.
- Innovación y vanguardia: A pesar de la naturaleza a menudo conservadora del régimen franquista, las Cajas de Ahorro, en muchos casos, estuvieron a la vanguardia en la promoción de iniciativas de carácter social innovadoras. Esto incluye, por ejemplo, la creación de programas de atención a personas con discapacidad, promoción de la cultura popular y apoyo a colectivos vulnerables.
- Reinversión en la comunidad: A diferencia de otros modelos bancarios, las Cajas de Ahorro no buscaban el beneficio de los accionistas, sino que reinvertían sus beneficios en la comunidad. Esta filosofía solidaria las posicionó como instituciones cercanas y comprometidas con el bienestar de la sociedad.
- Transformación post-franquismo: Con la transición a la democracia y las posteriores reformas del sistema financiero, las Cajas de Ahorro comenzaron a enfrentar desafíos y transformaciones. Aunque algunas mantuvieron su compromiso con la obra social, otras se fusionaron o transformaron en bancos, lo que llevó a cambios en su modelo de actuación.
En resumen, durante el franquismo, las Cajas de Ahorro desempeñaron un papel vital como agentes de desarrollo social y comunitario en España. Su compromiso con las comunidades y su capacidad para financiar y ejecutar importantes proyectos sociales las estableció como instituciones clave en el panorama social del país durante ese período.
REFERENCIAS
- Alemán Bracho, C.., Alonso Seco, J.M.. and Fernández Santiago, P.. (2010) Fundamentos de servicios sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.
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