LA TRANSICIÓN Y LOS SERVICIOS SOCIALES

Con el inicio de la Transición política, España experimentó un cambio gradual pero profundo en sus instituciones y en gran parte de su sistema jurídico, especialmente en el ámbito público. El viejo paradigma de la asistencia social y la beneficencia fue transformado radicalmente debido a la adopción de una visión moderna asociada a los servicios sociales. Esta renovación, impulsada por la nueva orientación política, no sólo se centró en un sector específico, sino que abordó la totalidad de elementos relacionados con el bienestar social.

Ante este escenario, es esencial analizar las carencias del sistema previo a la Transición para entender mejor el alcance y la profundidad de las reformas introducidas. Esta retrospectiva nos brinda una perspectiva clara de las diferentes dimensiones, tanto legales como administrativas, que la democratización impulsaría y reformaría en pro del bienestar de los ciudadanos.

Rasgos distintivos del sistema de asistencia social al inicio de la transición

El sistema de asistencia social que precedió a la Transición española presentaba características que evidenciaban su enfoque tradicional y, en muchos casos, obsoleto. Algunos de estos rasgos distintivos eran:

  1. Carácter benéfico: La ayuda estaba basada en la caridad y no en derechos fundamentales de las personas.
  2. Enfoque paternalista: Los beneficiarios eran vistos más como sujetos pasivos de compasión que como individuos con derechos.
  3. Ayuda individualizada: Las intervenciones estaban dirigidas a individuos y no a comunidades o colectivos.
  4. Ausencia de prevención: El sistema reaccionaba ante los problemas en lugar de prevenirlos. Faltaba un enfoque que potenciara la autonomía individual.
  5. Desconexión con la comunidad: Los servicios no estaban integrados en la vida comunitaria de los territorios en los que operaban.
  6. Enfoque de establecimiento: La ayuda estaba basada en instituciones específicas más que en redes integradas de servicios.
  7. Buenas intenciones pero falta de profesionalismo: No había un enfoque técnico para abordar los problemas sociales.
  8. Centros especializados: Existía una carencia de lugares que ofrecieran información, orientación y canalización.
  9. Predominio del sector privado: La asistencia social estaba en manos de entidades privadas más que del Estado.
  10. Falta de coordinación: Había pluralidad de organismos públicos, pero estos operaban de forma aislada, sin una planificación clara y coordinada.
  11. Financiación marginal: La financiación era insuficiente y dependía más de donativos que de una planificación presupuestaria.

Con la llegada de la Transición, surgió la necesidad de abordar y cambiar estas deficiencias. Este período no sólo se centró en desmantelar lo existente sino que, de forma paralela, trabajó en construir un nuevo modelo adaptado a las demandas sociales y a la nueva realidad política y social del país. Esta dualidad de objetivos (reformar lo antiguo y construir un nuevo sistema) le otorgó a la Transición una profundidad y singularidad notables.

La dinámica de la reforma legal

La Transición democrática en España, que tuvo lugar aproximadamente entre 1975 y 1982, fue un período de profundos cambios políticos, sociales y culturales. Durante este tiempo, España pasó de ser una dictadura bajo Francisco Franco a una monarquía parlamentaria y una democracia constitucional.

Las reformas de la estructura administrativa

La Transición política y democrática en España trajo consigo una profunda reestructuración de las instituciones y de la administración pública, y el ámbito de la asistencia social no fue la excepción. Estas reformas buscaban, entre otras cosas, modernizar, centralizar y coordinar las acciones en el ámbito social y mejorar su eficiencia y eficacia.

  1. El Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS): Este organismo jugó un papel central en las reformas de la asistencia social durante la Transición. Su recorrido administrativo fue marcado por varios cambios y reconfiguraciones a lo largo de estos años.
  2. Reestructuración bajo el Ministerio de Trabajo: Con el Real Decreto de 15 de abril de 1977, se buscó unificar las actuaciones del Estado en materia social bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo. Esta decisión marcó un punto de inflexión en cómo se abordaba la asistencia social desde la administración central.
  3. Reforma y Vinculación con la Seguridad Social: El Real Decreto de 16 de noviembre de 1978 trajo tres cambios significativos. Primero, vinculó al INAS con la reforma de la gestión de la Seguridad Social, lo que reflejaba una visión más integrada de la protección social. Segundo, se le encomendó al INAS la gestión de la «Asistencia Social del Estado», que sería complementaria a las prestaciones de la Seguridad Social. Tercero, el decreto integró en el INAS varios establecimientos de asistencia pública, aunque con algunas excepciones notables.
  4. Transferencias y Autonomías: Posteriormente, el papel del INAS evolucionó con el paso de sus competencias al INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales). Además, en el marco del proceso de descentralización que vivió España con la creación de las comunidades autónomas, muchas de las competencias en materia de asistencia social fueron transferidas a estas entidades territoriales.

En resumen, la Transición en España fue un periodo de profundos cambios y reajustes en el ámbito de la asistencia social. Estos cambios buscaban adaptar el sistema a las nuevas realidades y demandas de una sociedad en plena transformación democrática.

El logro de servicios sociales públicos

Durante la transición española, uno de los cambios más profundos y significativos en el ámbito social fue la reestructuración y expansión de los servicios sociales públicos. Estos cambios se orientaron hacia la universalización y democratización del acceso a servicios fundamentales para el bienestar de la ciudadanía.

Universalización de los servicios sociales: Uno de los aspectos clave de las reformas fue convertir los servicios sociales, que tradicionalmente estaban vinculados a la Seguridad Social, en servicios públicos universales. Esto significó que estos servicios ya no dependerían de las cotizaciones a la Seguridad Social, sino que serían financiados por el Estado y estarían disponibles para todos los ciudadanos, independientemente de su estatus laboral o contributivo.

Financiación pública y transferencia al Estado: La Seguridad Social había estado gestionando ciertos servicios sociales que no eran inherentemente parte de su core de prestaciones. Con el Real Decreto de 1978, estas funciones fueron transferidas al Estado. Este cambio significó que estos servicios ya no se financiarían mediante cotizaciones a la Seguridad Social, sino que serían responsabilidad del presupuesto del Estado.

Creación del INSERSO: Como parte de la reestructuración, se crearon varios institutos encargados de gestionar diferentes aspectos de la seguridad y bienestar social. El INSERSO, encargado de los servicios sociales para la tercera edad y personas con discapacidad, es un claro ejemplo de esta reconfiguración.

Participación y descentralización: El Real Decreto no solo se centró en la universalización y financiación pública de los servicios. También reconoció la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a información y participen activamente en los procesos de decisión que afectan sus vidas. Además, se mencionó la descentralización como un paso clave hacia una gestión más eficiente y cercana a las necesidades de la población.

En resumen, con la Transición, España emprendió un profundo proceso de reforma en el ámbito social que transformó la manera en que los servicios sociales eran concebidos, gestionados y financiados. Estas reformas reflejaron una clara orientación hacia un modelo más democrático, inclusivo y centrado en el ciudadano.

La instauración paulatina del sistema autonómico

La instauración del sistema autonómico en España durante la transición representó un cambio profundo y estructural en la organización política y administrativa del país. Este proceso no sólo implicó la creación de nuevas entidades administrativas, sino también la redefinición de competencias y responsabilidades entre las diferentes administraciones.

1. Descentralización del poder: Uno de los rasgos fundamentales del sistema autonómico es la descentralización del poder. Las comunidades autónomas obtienen competencias específicas en áreas como educación, salud, cultura, y, por supuesto, servicios sociales. Esto permite una gestión más cercana y adaptada a las peculiaridades y necesidades de cada territorio.

2. Transferencias de competencias: El proceso de transferencia de competencias del Estado central a las comunidades autónomas fue complejo y llevó tiempo. Las áreas de competencia, como la asistencia social, se fueron transfiriendo de manera progresiva, permitiendo a las autonomías desarrollar sus propias políticas y servicios en estos ámbitos.

3. Supresión de las instituciones franquistas: Durante la transición, se hizo evidente la necesidad de desmantelar y reemplazar muchas de las estructuras e instituciones heredadas del régimen franquista. Esto fue especialmente relevante en el ámbito de los servicios sociales, donde se buscó reemplazar el antiguo sistema paternalista y centralizado por uno más democrático, inclusivo y descentralizado.

4. Participación ciudadana y adaptación a la realidad local: Uno de los beneficios de la descentralización es que permite una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones a nivel local. Las comunidades autónomas pueden adaptar sus políticas y servicios a la realidad específica de su territorio, lo que se traduce en soluciones más ajustadas a las necesidades de la población.

5. Coexistencia de múltiples niveles de gobierno: Con la creación de las comunidades autónomas, se establece un sistema donde coexisten diferentes niveles de gobierno (local, autonómico y estatal). Esto plantea retos en términos de coordinación y cooperación, pero también ofrece oportunidades para una gestión más flexible y adaptada.

En conclusión, la instauración del sistema autonómico durante la transición española tuvo un impacto profundo en la organización y gestión de los servicios sociales. Supuso la redefinición de responsabilidades, la descentralización del poder y una mayor adaptación a las realidades y necesidades específicas de cada territorio.

La dinámica social durante la transición

La transición democrática en España no solo se caracterizó por cambios estructurales a nivel político y administrativo, sino también por profundos cambios sociales que influyeron y fueron influenciados por la nueva orientación política del país. Esta dinámica social desempeñó un papel crucial en la forma en que se desarrolló y consolidó la democracia en España.

Asistencia social y cambio político

El proceso de transición democrática en España no solo fue una transformación política, sino también una redefinición profunda del contrato social, que alteró la relación entre el estado y sus ciudadanos. La asistencia social, entendida en su sentido más amplio, jugó un papel vital en este proceso.

1. Protagonismo Local:
Las administraciones locales, en particular los ayuntamientos, asumieron un papel fundamental durante la transición. Ante la ausencia de un marco legal claro y con recursos limitados, los gobiernos locales se encontraron en la primera línea de respuesta a las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Estas demandas cubrían una amplia variedad de cuestiones, desde la vivienda y el empleo hasta la salud y la educación.

2. Legitimidad Ciudadana:
El cambio político trajo consigo una nueva forma de entender el papel de los ciudadanos en el proceso político. Ya no eran simples sujetos pasivos, sino actores activos que demandaban un papel en la configuración de su sociedad. Esta participación ciudadana fue crucial para legitimar y consolidar el proceso democrático.

3. Respuesta a Demandas Sociales:
La transición no solo fue un proceso político, sino también una respuesta a las demandas y necesidades sociales acumuladas durante décadas de dictadura. Los nuevos actores políticos, aún en formación y consolidación, buscaron construir alianzas con distintos grupos y movimientos sociales para abordar estas demandas. La solución a estas demandas se convirtió en una forma de obtener y consolidar el apoyo político.

4. Dinámica de Cambio:
La transición no fue un proceso lineal ni homogéneo. Las demandas y necesidades de la sociedad cambiaron y evolucionaron, y las instituciones políticas y sociales tuvieron que adaptarse en consecuencia. La presión constante y la movilización ciudadana aseguraron que las demandas de asistencia social y bienestar se mantuvieran en la agenda política.

En conclusión, la asistencia social durante la transición no solo refleja la evolución del estado de bienestar en España, sino también la transformación de la relación entre los ciudadanos y el estado. La democracia emergente tuvo que responder no solo a los retos políticos, sino también a las demandas sociales, y la asistencia social se convirtió en un campo de batalla clave en este proceso.

El incremento de las necesidades sociales

El período de transición democrática en España no sólo estuvo marcado por el desmantelamiento de algunas estructuras autoritarias y la instauración de un nuevo marco democrático, sino también por una serie de transformaciones socioeconómicas que repercutieron de manera significativa en el ámbito de la asistencia social.

Crisis económica y necesidades emergentes:
La crisis del petróleo de 1973 tuvo un impacto profundo en la economía global y España no fue una excepción. Esta crisis trajo consigo una recesión que elevó las tasas de desempleo. A ello se sumó la falta de oportunidades para emigrar hacia otros países europeos, que también enfrentaban dificultades económicas, y el regreso de muchos emigrantes españoles. Esta combinación generó un aumento significativo en las demandas y necesidades sociales, en especial en materia de empleo.

Demandas Sociales en Aumento:
La transición, caracterizada por la apertura y liberalización política, permitió una mayor expresión pública de las demandas y necesidades que habían estado latentes durante el régimen anterior. Los sindicatos, los partidos políticos y otros grupos sociales, que antes operaban en la clandestinidad o bajo fuertes restricciones, pudieron ahora canalizar y representar públicamente estas demandas.

Nuevo Paradigma de Asistencia:
Con la transición, la asistencia social dejó de ser vista únicamente como un mecanismo de beneficencia y empezó a ser entendida como un derecho y una responsabilidad del Estado. Esta nueva perspectiva implicaba no sólo atender las necesidades inmediatas, sino también trabajar en políticas preventivas y estructurales que garantizaran un bienestar duradero.

Constitución como Piedra Angular:
La Constitución Española de 1978 se convirtió en el marco legal que consolidó muchos de estos cambios, reconociendo derechos sociales fundamentales y estableciendo el compromiso del Estado en garantizarlos. Así, la Carta Magna se erige como el documento que formaliza y orienta la transformación de la asistencia social en España.

En resumen, el cambio político y socioeconómico durante la transición en España generó una profunda revisión y evolución del sistema de asistencia social, llevando a un enfoque más integral, democrático y orientado hacia el bienestar de todos los ciudadanos.

REFERENCIAS

  • Alemán Bracho, C.., Alonso Seco, J.M.. and Fernández Santiago, P.. (2010) Fundamentos de servicios sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.

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