LOS SERVICIOS SOCIALES DURANTE LA II REPÚBLICA

Tras la I Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión de 1929, el panorama social y político global experimentó una transformación profunda. Estos acontecimientos históricos, en conjunto, pusieron de manifiesto las deficiencias y las desigualdades de los sistemas económicos y sociales prevalecientes, impulsando la necesidad de abordar y remediar estos problemas a nivel nacional e internacional.

1. Cambios Sociales y Legislativos:

  • Efectos de la Guerra: La devastación y el desplazamiento causados por la Primera Guerra Mundial hicieron evidente la necesidad de medidas de bienestar y apoyo para los veteranos de guerra, las familias desplazadas y los huérfanos.
  • Revolución Rusa: El triunfo del comunismo en Rusia planteó una alternativa radical al capitalismo y llevó la cuestión social al centro del debate político. Se convirtió en un referente para los movimientos obreros y socialistas en el mundo y ejerció presión sobre otros países para mejorar las condiciones de los trabajadores y evitar revueltas similares.
  • Crisis Económica de 1929: La Gran Depresión resaltó las vulnerabilidades inherentes a los sistemas económicos sin regulación. La desocupación masiva, la pobreza y la desigualdad económica condujeron a una demanda generalizada de protección social y regulación económica.

2. Rol de Organizaciones Internacionales: Con el establecimiento de la Sociedad de Naciones y, posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), comenzó a delinearse un marco internacional para abordar cuestiones laborales y sociales. Estas entidades promovieron normas y directrices que influyeron en las políticas nacionales de muchos países.

3. Constitucionalización de los Derechos Sociales: La importancia de los derechos y protecciones sociales se reflejó en las constituciones de muchos países durante este período. Estos derechos, que incluyen el derecho al trabajo, a la educación y a la protección social, pasaron a ser considerados fundamentales y garantizados constitucionalmente.

4. Desafíos Futuros: Mientras que estas reformas y cambios representaron avances significativos, también surgieron nuevos desafíos. El equilibrio entre el desarrollo económico y la justicia social, la protección de los derechos individuales frente a las demandas colectivas y la adaptación a un mundo en rápida transformación eran cuestiones pendientes que continuarían modelando el curso de la historia social y política en el siglo XX.

En conclusión, la confluencia de estos grandes eventos históricos propició un reexamen y reconfiguración de los sistemas sociales y económicos, llevando a un mayor énfasis en la justicia social, la protección laboral y la intervención del Estado en la economía.

La Internacionalización de la Cuestión social

A medida que avanzaba el siglo XX, el enfoque en la cuestión social trascendía los límites nacionales, reflejando la creciente interconexión global tanto en términos de desafíos como de soluciones. Este cambio no solo fue impulsado por los movimientos políticos y sociales, sino también por los acontecimientos históricos y el desarrollo de instituciones internacionales.

1. Internacionalismo Proletario Marxista: El marxismo, con su visión de una revolución proletaria global, promovió una perspectiva internacionalista de la cuestión social. La idea era que los trabajadores de todo el mundo compartían desafíos y objetivos comunes, y que las soluciones debían ser buscadas en solidaridad y cooperación más allá de las fronteras nacionales.

2. Emergencia de Instituciones Globales: Con la creación de organismos como la Sociedad de Naciones y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se establecieron plataformas donde los países podían discutir y abordar problemas globales, incluyendo cuestiones sociales y económicas. Estas instituciones impulsaron normativas y políticas que buscaban estándares mínimos en áreas como derechos humanos, laborales y desarrollo social.

3. Crisis Globales: Eventos como las dos Guerras Mundiales, la Gran Depresión y más tarde la descolonización, tuvieron repercusiones sociales a nivel global. Estos acontecimientos subrayaron la necesidad de una cooperación y coordinación internacional para enfrentar y superar los desafíos asociados.

4. Interdependencia Económica: La globalización económica, con el crecimiento del comercio internacional y la interdependencia financiera, significó que las políticas y crisis en un país podían tener impactos en otros. Esta interconexión hizo esencial la cooperación y la coordinación en políticas sociales y económicas.

5. Movimientos Sociales Transnacionales: A lo largo del siglo XX, surgieron movimientos sociales con agendas que trascendían las fronteras nacionales, como el feminismo, el ambientalismo y los movimientos por los derechos civiles. Estos movimientos a menudo trabajaron en redes internacionales, influyendo en políticas tanto a nivel nacional como global.

En resumen, la cuestión social del siglo XX ya no podía ser vista en términos puramente nacionales. La creciente interconexión global, las crisis compartidas y el surgimiento de instituciones y movimientos transnacionales significaban que las respuestas a los desafíos sociales debían ser concebidas en un marco global. Es un testimonio de un mundo cada vez más integrado, donde las soluciones locales y globales están intrínsecamente entrelazadas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha sido un pilar en la promoción de estándares laborales justos y equitativos desde su creación. Fundada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que concluyó la Primera Guerra Mundial, representa una respuesta ambiciosa al desafío de establecer normas laborales a nivel global.

1. Tripartismo: El sistema tripartito de la OIT, establecido en su fundación en 1919, es único. A diferencia de muchas organizaciones internacionales, no está compuesta solo por representantes gubernamentales. También incluye a representantes de trabajadores y empleadores, garantizando que todas las perspectivas del mundo laboral estén representadas.

2. Convenios y Recomendaciones: Desde su inicio, la OIT ha establecido numerosos convenios y recomendaciones. Estas herramientas buscan estandarizar condiciones laborales, promover derechos, mejorar la seguridad y garantizar un empleo decente. Son jurídicamente vinculantes para los países que los ratifican, mientras que las recomendaciones actúan como guías.

3. El Empleo Decente: Entrando en el siglo XXI, la OIT ha defendido con vigor el concepto de «empleo decente». Este término no solo se refiere a la creación de empleo, sino también a derechos laborales, protección social y diálogo.

4. Respuesta a Cambios Globales: La OIT ha adaptado sus enfoques y políticas en respuesta a los cambiantes desafíos del mundo laboral. Por ejemplo, en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI, se ha centrado en los efectos de la globalización, el cambio climático, la economía gig y la automatización.

5. Defensa de Derechos Humanos: Además de sus roles económicos y laborales, la OIT ha desempeñado un papel vital en la promoción de los derechos humanos desde sus inicios. Esto incluye esfuerzos en el siglo XX y XXI contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la promoción de la igualdad de género.

En resumen, desde su fundación en 1919, la OIT ha representado el entendimiento de que las cuestiones laborales trascienden las fronteras nacionales. Su esfuerzo continuo ha asegurado que los problemas laborales se aborden con una perspectiva global, siempre buscando un mundo laboral más justo y equitativo.

Objetivos y principios de la OIT: La Declaración de Filadelfia

La OIT, fundada en 1919, adoptó una postura revolucionaria al centrarse en la promoción de estándares laborales justos y equitativos en todo el mundo. A lo largo del siglo XX, sus directrices y principios fueron vitales para modelar las políticas laborales y sociales de muchos países, incluida España.

La Declaración de Filadelfia (1944) y sus Principios: Durante una de las épocas más tumultuosas de la historia moderna, en medio de la II Guerra Mundial, la OIT reafirmó su compromiso con la justicia social a través de la «Declaración de Filadelfia». Esta declaración destacó:

  • La esencialidad del trabajo como un derecho humano, no simplemente como una mercancía intercambiable.
  • La importancia fundamental de la libertad de expresión y asociación para el desarrollo social y económico.
  • El reconocimiento de que la pobreza, independientemente de dónde se manifieste, es perjudicial para todos y debe ser combatida de manera colectiva.
  • El llamado a la acción concertada tanto a nivel nacional como internacional, enfatizando la necesidad de participación democrática en la toma de decisiones.
  • El imperativo moral y social de promover la igualdad de oportunidades para todos, sin importar raza, religión o género.

Influencia y actuación de la OIT a lo largo del tiempo: A pesar de ser formalizada en 1944, la Declaración de Filadelfia encapsuló principios que la OIT había defendido desde su inicio. Desde su fundación, la organización ha trabajado incansablemente para homogeneizar la legislación laboral, proteger los derechos de los trabajadores y mejorar las condiciones laborales en general. Su papel ha sido trascendental en áreas como el pleno empleo, condiciones de trabajo, formación profesional, protección de la infancia y la maternidad, entre otros.

Convenios y recomendaciones: A lo largo de los años, la OIT ha adoptado convenios y recomendaciones que establecen directrices para los países miembros. Mientras que los convenios actúan como tratados vinculantes, las recomendaciones sirven como guías para mejorar las políticas y prácticas laborales.

Influencia en España: Después de la I Guerra Mundial, España ratificó rápidamente su compromiso con la OIT, demostrando el impacto y la relevancia de la organización en la política laboral española. Durante la II República, la influencia de la OIT fue aún más evidente, ya que España adoptó muchas de sus directrices y principios.

En resumen, la OIT ha sido y sigue siendo una fuerza motriz en la promoción de justicia social y derechos laborales en todo el mundo. Su influencia ha sido particularmente notable en países como España, donde ha ayudado a moldear políticas y prácticas laborales en línea con sus ideales de equidad y justicia.

La Constitucionalización de la Cuestión social

La constitucionalización representa un viraje fundamental en el paisaje jurídico de muchas naciones. En lugar de limitar el contenido de la Constitución a cuestiones estrictamente políticas, como era común en el siglo XIX, este proceso introduce principios sociales y económicos dentro de la normativa suprema de un país.

Históricamente, los textos constitucionales del siglo XIX estaban primordialmente centrados en estructurar el orden político de un Estado: cómo se elegían a los representantes, cómo se formaba el gobierno, cuáles eran las competencias de los diferentes poderes, entre otros. Estos documentos eran, por lo general, ajenos a las realidades socioeconómicas de la población, omitiendo temas como los derechos laborales, el bienestar social, y las obligaciones del Estado para garantizar la equidad y justicia en estos ámbitos.

Sin embargo, el siglo XX marcó el inicio de una transformación radical en esta perspectiva. Las Constituciones comenzaron a abordar, y en muchos casos garantizar, derechos y principios que impactan directamente en la vida diaria de las personas. Estos cambios reflejan una creciente conciencia sobre la importancia de abordar cuestiones sociales y económicas a nivel constitucional.

La Constitución rusa, la mexicana de 1917 y, especialmente, la de Weimar de 1919, son ejemplos pioneros de esta evolución. Estos textos no solo delinearon el marco político de sus respectivos países, sino que también consagraron derechos y deberes en áreas hasta entonces desatendidas a nivel constitucional, como el trabajo, la educación, la salud y el bienestar social.

La integración de estos principios en las constituciones es una respuesta a las transformaciones sociales y económicas del siglo XX. Representa el reconocimiento de que los derechos y obligaciones del Estado van más allá del ámbito puramente político y que es esencial que los mismos tengan un fundamento constitucional sólido para garantizar su protección y promoción.

En resumen, la constitucionalización es un reflejo del cambio en la percepción del papel de la Constitución, pasando de ser un documento centrado en la estructura política a uno que aborda de manera integral el bienestar y los derechos de todos los ciudadanos. Es una manifestación de la evolución del pensamiento legal y político hacia una visión más holística e inclusiva de la sociedad.

Internacionalización y constitucionalización en la II República Española: la Constitución de 1931

Con la proclamación de la II República en España en 1931, se experimentó una notable transformación en la percepción y abordaje de la cuestión social. Esta transformación no solo respondía a dinámicas internas, sino que también estaba influenciada por tendencias internacionales, especialmente la internacionalización y constitucionalización de las preocupaciones sociales.

La Constitución de 1931 reflejaba este cambio de paradigma. Su contenido evidencia una profunda consideración hacia los derechos sociales, económicos y laborales, enfocándose en la dignidad, equidad y bienestar de la ciudadanía.

  • Artículo 46:
    • Trabajo como Derecho y Obligación Social: Reconoce al trabajo en todas sus formas como una obligación y un derecho protegido.
    • Garantías para el Trabajador: La República se compromete a garantizar condiciones dignas para todos los trabajadores, abarcando campos como la salud, la educación, la seguridad y la justicia laboral.
    • Ejes Claves: Seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte, protección de la maternidad, participación obrera en empresas, entre otros.
  • Artículo 39:
    • Derecho de Asociación y Sindicación: Se reconoce y protege el derecho de sindicación, fortaleciendo la posición y representación de los trabajadores.
  • Artículo 43:
    • Igualdad y Protección Social: Se establece la igualdad de sexos y se compromete al Estado a prestar asistencia en situaciones de enfermedad, ancianidad y maternidad.
    • Reconocimiento de Derechos Familiares: Se destaca la igualdad entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y la protección especial hacia la infancia.
  • Artículo 48:
    • Educación como Pilar Fundamental: Se establece la educación primaria como obligatoria y gratuita, buscando garantizar igualdad de oportunidades y acceso al conocimiento.
  • Artículo 31:
    • Movilidad y Libertad: Se reconoce el derecho a emigrar e inmigrar, entendiendo la movilidad como un aspecto esencial de la libertad individual y el desarrollo socioeconómico.

La Constitución de 1931 representó un avance significativo en la forma en que España abordó y protegió los derechos sociales y laborales. Estos artículos, en particular, demuestran un esfuerzo por parte del Estado para garantizar una vida digna, justa e igualitaria para todos sus ciudadanos. Fue una respuesta progresista a las demandas y desafíos sociales de la época, y refleja la evolución del pensamiento social y político en España durante el período de la II República.

De los compromisos constitucionales a la práctica

La II República de España, a pesar de tener una Constitución que establecía ideales ambiciosos para mejorar la situación social, encontró dificultades al llevar esos principios a la práctica. Las razones de estas limitaciones son multifacéticas:

  1. Entorno Económico Desafiante:
    • Impacto de la Crisis de 1929: Aunque esta crisis económica global tuvo sus raíces en 1929, sus efectos en España se sintieron con fuerza durante el advenimiento de la II República. Estas condiciones económicas adversas obstaculizaron considerablemente la implementación de muchas de las promesas sociales articuladas en la Constitución.
  2. Brevedad de la República:
    • Duración Temporal: La II República tuvo una existencia relativamente corta, desde 1931 hasta, según la interpretación, 1936 (inicio de la Guerra Civil) o 1939 (fin de la Guerra Civil). Esta breve ventana de tiempo limitó su capacidad para llevar a cabo y consolidar reformas profundas.
  3. Inestabilidad Política:
    • Conflictos Internos: La República estuvo plagada de tensiones y conflictos, como la sublevación militar liderada por Sanjurjo, la revuelta en Asturias, y otros eventos desestabilizadores (el papel de la Iglesia).
    • Cambios Gubernamentales: La frecuencia de cambios en el gobierno, junto con la constante movilización política, retrasó y complicó la ejecución de políticas coherentes y sostenibles.

En resumen, aunque la Constitución de la II República estableció una visión progresista y ambiciosa para el bienestar social, la combinación de desafíos económicos, una duración limitada y una política tumultuosa impidió la realización plena de esos ideales. Las aspiraciones y los compromisos, aunque loables, enfrentaron una serie de obstáculos prácticos y contextuales que hicieron difícil su plena materialización.

El abordaje jurídico de la Cuestión social durante la II República

Durante el período de la Segunda República Española (1931-1939), el tratamiento jurídico de los problemas sociales y laborales experimentó una significativa evolución. Este periodo se caracterizó por un enfoque progresista y reformista que buscaba mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población, en un contexto de fuertes tensiones políticas y sociales. A continuación, se destacan algunas de las medidas más relevantes:

  1. Persistencia de disposiciones sociales anteriores: Mediante el decreto del 24 de junio de 1931, se enumeraron diversas disposiciones de contenido social que se mantendrían vigentes.
  2. Institucionalización del ámbito social: En 1931, se instauró la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, proporcionando un espacio judicial específico para abordar cuestiones laborales y sociales.
  3. Regulación de la jornada laboral: El 1 de julio de 1931, se determinó una jornada máxima de trabajo, estableciendo límites al tiempo de trabajo y garantizando el descanso.
  4. Colocación obrera: En noviembre de 1931, se aprobó la ley de colocación obrera obligatoria, buscando garantizar el empleo y reducir el desempleo.
  5. Previsión contra el desempleo: En mayo de 1931, se establecieron las bases para la previsión social contra el paro forzoso, creando una Caja Nacional contra el paro forzoso dentro del Instituto Nacional de Previsión Social.
  6. Protección ante accidentes de trabajo: Se promulgaron leyes en septiembre de 1931 y octubre de 1932 que regulaban los accidentes de trabajo, asegurando la protección de los trabajadores y estableciendo obligaciones para los empleadores.
  7. Regulación de contratos laborales: En noviembre de 1931, se aprobó la Ley de Contratos de Trabajo, proporcionando un marco legal para las relaciones laborales.
  8. Beneficencia y Obras Sociales: En 1932, se creó la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, buscando centralizar y mejorar las acciones de asistencia social.
  9. Medidas contra el desempleo: En julio de 1934 y junio de 1935, se promulgaron leyes que buscaban reducir el desempleo, promoviendo obras públicas y fomentando la iniciativa privada.
  10. Unificación de seguros sociales: En junio de 1936, se promulgó una ley que unificaba los seguros sociales, abordando áreas como vejez, invalidez, enfermedad y maternidad.
  11. Enfermedades profesionales: En julio de 1936, se establecieron las bases para la regulación de enfermedades profesionales, reconociendo y garantizando la protección de trabajadores afectados.

Estas medidas reflejan la voluntad reformista de la Segunda República en el ámbito social y laboral, aunque su plena implementación y consolidación se vieron truncadas por el golpe de estado que desencadenó la Guerra Civil en 1936.

REFERENCIAS

  • Alemán Bracho, C.., Alonso Seco, J.M.. and Fernández Santiago, P.. (2010) Fundamentos de servicios sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.
  • ChatGPT

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