LOS SERVICIOS SOCIALES, SISTEMAS JURÍDICOS PÚBLICOS

De manera análoga a los sistemas públicos de salud y de Seguridad Social, es pertinente hablar de un sistema público de servicios sociales. Este enfoque otorga a los servicios sociales un valor agregado que trasciende la acción social caritativa de épocas pretéritas, la beneficencia del siglo XIX y la asistencia social de los primeros dos tercios del siglo XX.

Esta perspectiva subraya la posición de los servicios sociales no solo como una red de apoyo esencial para la cohesión social y el bienestar, sino también como una entidad regida por normas legales, que establecen su organización, funcionamiento y los derechos y obligaciones tanto de los prestadores como de los beneficiarios de dichos servicios. En esta sección, desglosaremos cómo el entramado legal confiere a los servicios sociales su carácter de sistemas jurídicos públicos, cruciales para el fortalecimiento y la regulación del tejido social.

Los servicios sociales, institución jurídica

El Derecho, como ciencia, estudia el comportamiento humano a través de instituciones jurídicas que objetivan y regulan dicho comportamiento. Las normas jurídicas surgen como respuesta a la necesidad de organizar la vida en común, definiendo derechos y obligaciones, así como el respeto a las libertades individuales.

En el marco de esta comprensión del Derecho, los servicios sociales emergen como una institución jurídica natural del tejido social humano. Esta realidad se asienta en la premisa de que el comportamiento humano, por su naturaleza social, impulsa la creación de estructuras que objetivan y formalizan la ayuda mutua y el bienestar común. Por tanto, los servicios sociales, que nacen de la tendencia inherente del ser humano a buscar el bienestar y la calidad de vida, se institucionalizan jurídicamente para estructurar y garantizar estos objetivos.

La orientación de los servicios sociales hacia la atención de los sectores más vulnerables de la población subraya aún más su carácter institucional. La intervención del poder público se hace indispensable para instaurar mecanismos que aseguren la igualdad de oportunidades y una protección social efectiva. Tal intervención es inherente al Estado social y democrático de Derecho, que actúa bajo el principio de legalidad como se establece en la Constitución («La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales… con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», artículo 103.1 de la Constitución Española).

Es así como la Constitución reconoce la acción social en su dimensión jurídica, lo cual se ha desarrollado mediante legislaciones tanto estatales como autonómicas, confiriendo a los servicios sociales un carácter institucionalizado. Esta formalización jurídica no solo aporta una base sólida para su existencia y permanencia, sino que también los consolida como herramientas fundamentales y efectivas dentro de la política social de una sociedad avanzada.

Los servicios sociales, sistemas jurídicos

La conceptualización de los servicios sociales como sistemas implica que son entidades organizadas y coherentes que articulan protección, recursos y acciones para atender a grupos específicos, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, y no están limitados a acciones dispersas o aisladas. Estos sistemas son dinámicos y se adaptan continuamente a los cambios sociales, buscando estar a la vanguardia de la acción social.

En términos jurídicos, estos sistemas de servicios sociales no solo se constituyen de normativas que los regulen sino que también deben cumplir ciertas condiciones para ser considerados como tales:

  1. Debe existir una norma general fundacional que guíe y sea referente para las regulaciones particulares subsiguientes.
  2. Deben evitar la incompatibilidad entre normas que aborden la misma materia.
  3. Deben cubrir la mayoría de los aspectos relevantes del área jurídica correspondiente, evitando vacíos significativos que puedan hacer el sistema ineficiente o incompleto.
  4. Deben establecer procedimientos adecuados para su aplicación, vigilancia, sanción y resolución de conflictos.
  5. Deben mantener una coherencia interna entre las normas sustantivas y las procedimentales.

La existencia de un único sistema de servicios sociales o de varios es un punto importante a aclarar. En España, las competencias en materia de servicios sociales corresponden principalmente a las comunidades autónomas, las cuales han promulgado sus propias leyes de servicios sociales y leyes sectoriales complementarias. Esto conduce a la presencia de múltiples sistemas jurídicos de servicios sociales a nivel autonómico, en lugar de un único sistema jurídico a nivel estatal.

Este enfoque descentralizado se refleja en la existencia de distintas legislaciones autonómicas que, aunque pueden estar basadas en normas estatales generales como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD), se ajustan y expanden en función de las necesidades y contextos específicos de cada comunidad autónoma. Cada una de estas legislaciones autonómicas debe:

  1. Basarse en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía para desarrollar una ley regional de servicios sociales.
  2. Garantizar la compatibilidad interna de sus disposiciones.
  3. Reglamentar la mayor parte de las materias de protección social pertinentes.
  4. Establecer procedimientos de aplicación, supervisión y sanción.
  5. Mantener coherencia interna en sus normativas.

Así, cada comunidad autónoma crea su propio sistema jurídico de servicios sociales, trabajando en concierto con el sistema general del Estado pero manteniendo su especificidad y autonomía. Esto permite que los servicios sociales, en su dimensión de sistemas jurídicos, puedan adaptarse y responder de manera más eficaz a las necesidades de protección social de la población a la que sirven, con una especial atención a las normas y procedimientos que garanticen una protección integral y coordinada.

Los servicios sociales, sistemas sometidos al Derecho público

El carácter público de los servicios sociales está claramente delineado por varios factores que reflejan su rol dentro del Estado de Derecho y su función como mecanismo de justicia y equilibrio sociales. Estos factores incluyen:

  1. Regulación bajo el principio de comunidad: Esto significa que los servicios sociales no se basan en un intercambio de servicios en condiciones de igualdad, como en el caso del Derecho privado, sino que se enfocan en proteger a los ciudadanos más desfavorecidos, siguiendo un mandato impuesto por los poderes públicos.
  2. Principio de responsabilidad pública: Las leyes autonómicas de servicios sociales estipulan la responsabilidad del Estado en la asignación de recursos y en la provisión de prestaciones públicas, subrayando la creación de derechos subjetivos para los ciudadanos.
  3. Gestión pública: La administración y supervisión de los servicios sociales recaen en órganos y entidades públicas, asegurando que su manejo permanezca dentro del ámbito del Derecho público administrativo.
  4. Régimen jurídico público: Los entes gestores de los servicios sociales actúan conforme a leyes administrativas generales aplicables a todas las administraciones públicas, asegurando un proceder coherente y regulado.
  5. Colaboración de entidades privadas bajo control público: Las entidades privadas que ofrecen servicios sociales requieren una autorización para operar y deben estar registradas en un registro público, lo que garantiza que sus actividades cumplan con los estándares y normativas del sector público.
  6. Régimen sancionador público: Existe un régimen legal que tipifica infracciones y establece sanciones en el ámbito de los servicios sociales, lo que contribuye a su regulación y control.
  7. Financiación pública: La mayoría de los recursos financieros que sostienen los servicios sociales provienen del sector público, lo que subraya su naturaleza como servicios no sujetos al mercado sino al bienestar general.
  8. Garantías jurisdiccionales: Las prestaciones y servicios sociales están sujetos a garantías que pueden ser exigidas ante los tribunales contencioso-administrativos o sociales, dependiendo de si el acto proviene de una entidad del Estado o de la Seguridad Social, respectivamente.

Estos elementos juntos forman la base de un sistema de servicios sociales que opera dentro del marco del Derecho público, diseñado para asegurar que los ciudadanos reciban el apoyo necesario de una manera que es equitativa, regulada y enfocada en la justicia social.

REFERENCIAS

  • Alemán Bracho, C.., Alonso Seco, J.M.. and Fernández Santiago, P.. (2010) Fundamentos de servicios sociales. Valencia: Tirant lo Blanch.

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