Política social e ideologías. Debates entre las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía

VERSIÓN 1.0

Cambio social y política social. Confrontaciones ideológicas en la construcción del Bienestar Social y los Derechos Sociales.

Orígenes de la Política Social. La política social surge en el contexto de las revoluciones industriales europeas de los siglos XVIII y XIX. Las emergentes cuestiones sociales, demográficas y económicas (éxodo rural, pobreza urbana, alta mortalidad infantil, cambio en el modelo productivo) exigieron respuestas políticas para ordenar el nuevo sistema socioeconómico y controlar una población urbana con necesidades distintas a las rurales. Textos como La situación de la clase obrera en Inglaterra (Engels, 1845) documentan las pésimas condiciones de vida de los trabajadores y las altas tasas de morbilidad y mortalidad.

Confrontaciones Ideológicas. La política social, como instrumento de gobierno, surge de la confrontación entre diversas ideologías dentro del sistema capitalista. El liberalismo, conservadurismo y socialismo de la época se enfrentan en la construcción de los pactos políticos, económicos y sociales necesarios para abordar las cuestiones sociales. Para Michael Mann (1987), se trataba de diferentes modelos para resolver la crisis de la modernidad a través de la construcción de los derechos de ciudadanía.

Evolución de la Política Social. La historia de la política social no es homogénea ni universal. Aunque se ha consolidado como una actividad estatal, su expresión y tendencias varían según los contextos culturales. Desde su inicio como política laboral, ha evolucionado hacia la garantía de derechos sociales (empleo, educación, salud, vivienda, servicios sociales). A partir de la década de 1960, se incluyen derechos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Ideologías y Políticas Sociales. Las ideologías liberal, conservadora, socialista y socialdemócrata han influido en la política social, cada una proponiendo diferentes enfoques sobre justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. A partir de la década de 1960, surgieron una serie de corrientes ideológicas y movimientos sociales alternativos al paradigma clásico de ciudadanía, cuestionando la política social dominante. Desde la perspectiva de estos movimientos, el modelo de ciudadanía vigente era incapaz de incorporar a personas y grupos diversos, siendo susceptible a procesos de marginación y exclusión social y ciudadana. Estas corrientes, que incluyen el feminismo de la diferencia, el anticolonialismo, el antirracismo, el multiculturalismo y el ecologismo, revisan y discuten los principios ilustrados de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. Su objetivo es ofrecer una perspectiva alternativa que reconozca las diferencias, considerándolas necesarias para garantizar los derechos sociales y promover una política social verdaderamente inclusiva.

Crisis y Transformación. La crisis del petróleo de 1973 marcó un punto de inflexión, cuestionando la virtud igualitaria de la política social. Desde entonces, la política social ha experimentado cambios significativos influenciados por la globalización y el envejecimiento de la población, afectando especialmente las pensiones y la salud. Nuevos desafíos incluyen riesgos sociales emergentes y la sostenibilidad.

Hacia un marco Teórico-Ideológico de la Política Social

No existe una definición consensuada de la política social porque, desde su origen, está mediada por diversas posturas ideológicas y diferentes intereses políticos, económicos y sociales. Los contenidos asignados a la política social varían con el tiempo, influenciados por los procesos de cambio social y los contextos específicos desde los que se proponen e implementan, ya sean nacionales o supranacionales.

Desde una perspectiva constructivista, la política social se define como “el conjunto de principios y acciones que determinan la distribución y el control social del bienestar y que necesita de la mediación simbólica de la política, entendida como modalidad normativa de perseguir y regular las relaciones entre las personas como ciudadanos” (Donati, 1985).

La política social adquiere significado y contenido desde los marcos ideológicos existentes, las oposiciones entre ellos y las reelaboraciones acordadas a lo largo de la historia. Por tanto, para comprender la relación entre política social e ideología, así como entre políticas sociales sectoriales e ideologías, es útil reflexionar sobre:

1. La impronta histórica de la política social.
2. Qué regula.
3. Cómo acuerda regularlo.
4. El contexto socio-político y económico concreto en el que se articula.

La ideología se considera tanto un marco simbólico de comprensión y representación de la realidad social como un instrumento de acción y transformación sobre el espacio social. El análisis parte del contexto histórico de la pre-política social y de la emergencia de las ideologías contemporáneas (liberal, conservadora y socialista), desarrolladas con las Ilustraciones europeas del siglo XVIII. Este período consolidó las ideologías modernas y, como consecuencia, la base epistemológica de la política social contemporánea, relacionada con las cuestiones de ciudadanía y derechos en el marco de los Estados.

Posteriormente, se aborda la época dorada de la política social, a mediados del siglo XX, con los Estados de bienestar, y se consideran los profundos cambios sociales, económicos y políticos iniciados en la segunda mitad de ese siglo y el primer cuarto del siglo XXI. Conscientes de la variabilidad ideológica existente, este trabajo se dirige a la construcción de un marco teórico de las principales corrientes desde su dimensión simbólica, es decir, partiendo de su relación con las ideas de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía, y desde su dimensión material, relacionándolas con el tipo, orientación y financiación de las políticas sociales propuestas.

Dimensión Simbólica de la Política Social. Desde su dimensión simbólica, la proposición, diseño e implementación de la política social y de las políticas sociales sectoriales se relacionan con las nociones de justicia, libertad, igualdad y ciudadanía. La incorporación de estos principios ideológicos a la teoría política ha implicado la extensión de los derechos civiles, políticos y sociales para los ciudadanos, determinando la relación entre ellos y la generación de estrategias de redistribución de recursos económicos, políticos y sociales.

Cada corriente ideológica se aproxima a la política social según una concepción particular de estos principios:

• Justicia: Puede ser concebida en términos universales-imparciales, como justicia social o incorporando las diferencias de grupos a través del reconocimiento de estas.
• Libertad: Puede tener un carácter individual (negativo), de no interferencia, o colectivo (positivo), de participación en los asuntos que afectan a los ciudadanos.
• Igualdad: Puede ser entendida en términos de igualdad formal (ante la ley), material (de oportunidades) o estructural.
• Ciudadanía: Puede ser considerada como un estatus legal de titularidad de derechos o como una práctica sustantiva de ejercicio e influencia sobre esos derechos.

Dimensión Simbólica de la Política Social

Corriente Ideológica	Justicia	Libertad	Igualdad	Ciudadanía
Liberal	Universal (Imparcial)	Individual (negativa)	Formal (ante la Ley)	Estatus legal (titularidad de derechos)
Conservadora	Universal (Imparcial)	Individual (negativa)	Formal (ante la Ley)	Estatus legal (titularidad de derechos)
Socialista	Social (Imparcial)	Colectiva (positiva)	Material (Oportunidades)	Estatus legal (titularidad de derechos)
Socialdemócrata	Social (Imparcial)	Individual y Colectiva (positiva)	Formal-material (Oportunidades)	Estatus legal (titularidad de derechos)
Corrientes de las Diferencias	Social del reconocimiento y las diferencias	Colectiva (positiva)	Estructural	Sustantiva (práctica y pertenencia)

Dimensión Material de la Política Social

Política Social	Liberal	Conservadora	Socialista	Socialdemócrata	Diferencia y Reconocimiento
Diseño	Focal	Universalista	Universalista	Universalista y focal	Universalista del reconocimiento
Planificación	Corto plazo	Largo plazo	Largo plazo	Largo y corto plazo	Largo plazo
Financiación	Cuotas, tasas y donaciones privadas	Contribuciones sociales y donaciones privadas	Presupuesto público	Presupuesto público, impuestos y donaciones privadas	Presupuesto público

Este resumen destaca la evolución histórica y la confrontación ideológica en la construcción de la política social y los derechos sociales, considerando la influencia de distintos marcos ideológicos en su desarrollo y aplicación.

De la justicia imparcial. Libertad y razón en la construcción de la ciudadanía

A finales del siglo XVIII, las Ilustraciones escocesa (Hume, Ferguson y Smith), inglesa (Locke) y alemana (Kant) supusieron un cambio de paradigma filosófico e ideológico para el mundo occidental moderno. Las primeras establecieron que el orden institucional y social se genera mediante mecanismos ocultos de coordinación espontáneos y que todos los hombres son «libres e iguales», consolidando el pensamiento liberal. La segunda contribuyó al racionalismo empírico o la soberanía de la razón.

Paradigma Ilustrado y Corrientes Ideológicas. Las corrientes ideológicas liberal y conservadora parten de las nociones ilustradas de justicia universal (imparcial), libertad individual (negativa) y de igualdad como igualdad formal ante la Ley entre hombres libres. En este paradigma, la justicia es interpretada como un espacio imparcial donde converge el reparto de los bienes y se reconocen a los individuos como ciudadanos libres. El debate de la justicia se produce en la esfera pública y requiere la diferenciación respecto a la esfera de lo privado.

En este marco, la ciudadanía es entendida como un estatus legal de titularidad de derechos civiles (propiedad y contratación, libertades individuales y personales, igualdad ante la Ley), derechos políticos (participación política) y derechos sociales (bienestar social). Estos derechos legitiman la acción del Estado mediante las políticas sociales, consolidándose hacia la mitad del siglo XX.

Las corrientes ideológicas que se analizan a continuación buscan soluciones a los efectos de la cuestión social, enfocándose en el empleo y el derecho laboral como derecho social. Según sus diferentes posturas filosóficas, la corriente liberal asocia la política social con la acción del Estado sobre la pobreza, mientras que la corriente conservadora ve en la política social un instrumento de reforma que preserve la estructura social y el orden moral existentes.

Corriente Liberal

La corriente liberal se sustenta en el liberalismo político y económico surgido en respuesta al despotismo y a las monarquías absolutas. Benjamin Constant, uno de los ideólogos más relevantes del movimiento liberal, destaca por su teoría Sobre la libertad en los antiguos y en los modernos (1819), que exalta el individualismo y defiende la separación de poderes y la participación política representativa, con mínima interferencia estatal.

La doctrina del liberalismo económico se desarrolla en la “escuela clásica” británica del siglo XVIII con ideólogos como Adam Smith, David Ricardo y Thomas R. Malthus, quienes postulan las «tres leyes naturales»: libertad e iniciativa individual, libre competencia y libre funcionamiento del mercado. En el siglo XX, autores como Friedrich Hayek y Milton Friedman se oponen a los Estados de Bienestar, defendiendo que la intervención estatal limita la libertad individual y genera dependencia del Estado.

El paradigma de ciudadanía liberal se representa como un espacio neutro, conformado por derechos inalienables de los individuos y regido por un principio de justicia imparcial (Rawls, 1971). La igualdad se refiere a la igualdad de oportunidades para todos los individuos, priorizando la libertad individual (negativa) sobre la intervención estatal.

En el contexto de los Estados de Bienestar, la política social liberal tiene un carácter residual o subsidiario, con prestaciones sociales modestas y condicionadas a la demostración de necesidad. El mercado participa ampliamente en la cobertura de riesgos asociados al trabajo y al ciclo vital. Tras la crisis energética de 1973, la ideología liberal propone una liberalización de la economía y la privatización de recursos, criticando las políticas fiscales keynesianas y sociales de empleo, abogando por una reducción del gasto público y social.

Las políticas sociales liberales se financian preferiblemente mediante cuotas, tasas y contribuciones personales, y en menor medida por donaciones privadas caritativas. La financiación pública se considera limitada, ya que, según esta corriente, la alta tributación desincentiva la inversión privada y la creación de empleo.

Corriente Conservadora

La corriente conservadora defiende los valores políticos, culturales y morales tradicionales, oponiéndose a cambios sociales radicales. Aunque se ha asociado al proteccionismo económico, en el siglo XX se orienta al conservadurismo liberal, favoreciendo la propiedad privada y la mesura fiscal.

El conservadurismo es organicista y naturalista, valorando las instituciones familiares y religiosas como espacios clave para la transmisión de valores. Edmund Burke, en su obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa (1790), cuestiona el racionalismo ilustrado liberal y defiende la necesidad de autoridad y tradición.

En el siglo XIX, el conservadurismo se adapta a las necesidades de las sociedades industriales, con pensadores como Auguste Comte, quien promueve un reformismo social que ve en la familia la unidad social clave. Las primeras políticas sociales germánicas a finales del siglo XIX se orientan a la prevención de riesgos laborales y la protección de los trabajadores y sus familias.

A mediados del siglo XX, el conservadurismo defiende un modelo de bienestar social vinculado al estatus ocupacional del ciudadano, garantizando derechos sociales a través de la participación en el mercado de trabajo. La financiación de las políticas sociales conservadoras se basa en contribuciones sociales y seguros sociales obligatorios, promoviendo la protección en la última etapa del ciclo vital y favoreciendo políticas de natalidad activa.

La ideología conservadora se asocia a regímenes de bienestar corporativistas, que tienden al universalismo vinculado a la contribución laboral y se extiende gradualmente a otros sectores de la población. Las políticas conservadoras se diseñan a largo plazo y pueden incluir donaciones privadas caritativas para necesidades emergentes relacionadas con salud y educación.

De la justicia social. Ciudadanía social y la política del bienestar

Si las Ilustraciones escocesa, inglesa y alemana fundamentaron el pensamiento liberal y el conservador moderno, la Ilustración y la Revolución Francesas (Rousseau, Voltaire y Condorcet) han sido ampliamente referenciadas por el paradigma socialista y socialdemócrata, al introducir en el pensamiento político, además del principio de libertad, los de igualdad y fraternidad (equidad).

La principal diferencia entre las corrientes socialista y socialdemócrata con el liberalismo y el conservadurismo radica en sus posiciones respecto a la relación entre libertad e igualdad y, por tanto, sobre la legitimación o no de la acción del Estado como agente y benefactor de derechos sociales, como reconocimiento de una ciudadanía legal más inclusiva (independientemente de la propiedad o clase social) y del nivel de regulación y extensión de las políticas sociales. También orientan su crítica y oposición al liberalismo económico y al individualismo, pues, para estas corrientes, desnaturalizan las bases materiales y políticas de las sociedades modernas (Polanyi, 1944).

Para la corriente socialista, incluido el marxismo, el principio de igualdad (material) debe predominar sobre el de libertad individual, en la medida en que este último se ha justificado históricamente en la posesión de la propiedad y ha excluido a masas importantes de la población (los alieni iuris) como a la clase obrera, a partir del siglo XIX. Para la corriente socialdemócrata, cabría establecer cierto equilibrio entre las necesidades colectivas y las libertades individuales, tal y como se verá más adelante, a través de la igualdad de oportunidades.

En ambas corrientes, el ideal de justicia es social porque debe ser sensible a la redistribución de los recursos económicos y sociales, ofreciendo ciertas condiciones materiales de existencia que faciliten la participación plena de nuevas clases de ciudadanos en la cosa pública. Desde esta perspectiva, la redistribución se logra mediante la efectividad del principio de igualdad, aunque suponga la limitación de las libertades negativas de las personas.

Aunque la ciudadanía se define desde un estatus legal de titularidad de derechos civiles, políticos y sociales, se garantiza a través de la participación activa del Estado en las diferentes áreas de bienestar social, bajo el principio de igualdad material. De esta manera, la libertad ha de ser entendida como libertad positiva o como posibilidad y capacidad de las personas para participar activamente en la esfera pública.

La política social como instrumento de gobierno trata de establecer un equilibrio entre las oportunidades generadas por la democracia política y las consecuencias sociales y económicas del capitalismo, en ese momento cristalizadas en la cuestión social. Es decir, se orienta a reconciliar la igualdad formal (ante la Ley) con la división de clases, incorporando los derechos sociales al conjunto de derechos que constituían la ciudadanía hasta ese momento. De esta manera, trató de paliar el impacto negativo de las diferencias de clase en las oportunidades reales de vida (Ramiro, 2015: 82). Desde este marco, el reconocimiento legal de los derechos sociales permitiría la inclusión ciudadana de grupos que tradicionalmente habían sido excluidos como “minorías, mujeres, niños y otros grupos sociales dependientes” (Turner, 1993: 12).

Corriente socialista

La corriente socialista, o socialismo, incluyendo el marxismo, es una corriente filosófica, política, social y económica que surge en contestación al liberalismo y al conservadurismo. En oposición a las anteriores corrientes ideológicas, el socialismo argumenta que las desigualdades sociales son el resultado de factores estructurales. El orden social no es resultado de la generación espontánea, ni el agregado impredecible de acciones individuales y racionales. Por el contrario, para esta corriente, el acceso y control de los medios de producción, de organización y de comunicación se distribuyen desigualmente dentro de la estructura social y, por tanto, generan procesos diferenciados de acceso a los recursos, así como distintas clases de ciudadanos. Para esta corriente, la cuestión de la propiedad ha resultado clave en la construcción y en el reconocimiento de la ciudadanía; de manera que históricamente se han excluido de ella a grupos que inicialmente no la poseían.

Algunos autores han señalado los orígenes de la corriente socialista en la filosofía ilustrada de Emile Rousseau, con el Contrato Social (1762), el determinismo racionalista de Voltaire y el Socialismo Utópico de Henri de Saint-Simon. De hecho, el paradigma socialista encuentra sus bases en la educación y el determinismo histórico para la conciencia de clase y la libertad colectiva (positiva); la limitación de la libertad individual (negativa) para la igualdad material (de bienes primarios y medios de producción).

Sin embargo, como corriente ideológica moderna se materializa durante el siglo XIX, con el nacimiento de la clase social obrera y, en los siglos posteriores, se posiciona entre una defensa total de la intervención del Estado y de una política social universalista hasta una crítica feroz a los Estados de Bienestar y al alcance real de la política social como elemento desmercantilizador de la sociedad.

La década de 1840 se reconoce como un periodo de agitación obrera y de difusión de las ideas socialistas. Atentos a las consecuencias generadas por las revoluciones industriales, Louis Blanc publicó La organización del trabajo (1839), obra que ha sido ampliamente reconocida como una de las grandes contribuciones a la política social naciente por su aportación sobre los talleres sociales y su idea de asociación obrera. Desde la perspectiva feminista y socialista de la época, Flora Tristán (1843), siguiendo al sociólogo Henri de Saint-Simon, consideraba en su obra La unión obrera que la sociedad moderna se caracteriza por la presencia y relevancia de la población obrera. Por tanto, la sociedad debía garantizar el derecho al trabajo, a la instrucción y al pan de los ciudadanos. Tales acciones y reivindicaciones se vieron respaldadas por el Manifiesto Comunista (Marx y Engels, 1848), que recoge las bases del marxismo y refleja una concepción materialista de la historia cuyo motor –señalan– es la lucha de clases. En el texto se exponen un conjunto de medidas de acumulación del Estado y de financiación pública (la expropiación y socialización de la propiedad, fuertes impuestos progresivos y la nacionalización del crédito) para un conjunto de prepolíticas sociales como el derecho al trabajo y una educación pública y gratuita a todos los niños.

Ante la estructuración progresiva de las clases dominantes (media y alta burguesía), representadas por el liberalismo y el conservadurismo, y en el periodo industrial tras la Revolución de 1868, tiene especial importancia el desarrollo de las clases explotadas y el movimiento obrero, bien sea industrial o rural. Articulado en el movimiento obrero, el socialismo pretendía resolver la cuestión social a través de la lucha por una legislación protectora del trabajo, el reconocimiento de sindicatos, los servicios sociales ampliados y la seguridad social (Offe, 1994: 143).

Por tanto, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la política social con orientación socialista resulta eminentemente laboral y educativa, cuyo objetivo era el de mejorar las condiciones materiales de existencia de las clases trabajadoras. Para ello, el socialismo entiende la libertad como libertad positiva y propone alcanzarla mediante la acción colectiva; lo que requiere de la socialización de los medios de producción, así como la prevalencia del principio de igualdad material en la redistribución de los bienes y recursos.

A partir de mediados del siglo XX, algunos sectores de la corriente socialista conciben la política social como un instrumento desmercantilizador del estatus de los ciudadanos, monopolio exclusivo del Estado. De hecho, para Jacques Donzelot (1994), la política social debe ser concebida como el sector de la vida colectiva y la instancia mediadora entre la política y la economía. De manera que, mediante ella, los ciudadanos tengan cubiertas sus necesidades sociales y se les garantice niveles de bienestar dignos, de acuerdo con los derechos sociales de los que son titulares.

Para la ideología socialista, el Estado actúa, mediante la política social, para modificar la estructura social, incidiendo en la configuración y en la relación entre clases sociales, ante los mecanismos desiguales de asignación de la renta atribuida por el mercado. La orientación de las políticas sociales sería de corte universalista y a largo plazo; dirigiéndose a todos los ciudadanos independientemente de su ocupación o clase social. La financiación de las políticas sociales se realiza conjuntamente mediante impuestos y contribuciones sociales, estabilizando las distintas áreas del bienestar social de los ciudadanos (educación, salud, vivienda, empleo, servicios sociales, etc.). Por tanto, dentro de esta corriente, se propone una política social desde el universalismo y la gratuidad de las prestaciones y de los servicios consecuentes, la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de la política social (libertad positiva) y la propuesta de programas preventivos de la marginación y exclusión social (ciudadanía extensiva y derechos sociales).

Al mismo tiempo, dentro del socialismo marxista, hay sectores que cuestionan los Estados de Bienestar y la política social como elemento desmercantilizador de la sociedad. James O’Connor (1973), por ejemplo, establece que el Estado de Bienestar es un Estado bélico-asistencial donde el crecimiento del sector público y las políticas sociales son una condición indispensable para la expansión del capitalismo. Desde esta postura, los Estados de Bienestar y las políticas sociales no reducen las desigualdades; sino que se tratan de instrumentos legitimadores del capitalismo. Económicamente, contribuyen a la reproducción y acumulación de capital. Políticamente, neutralizan la lucha de clases porque incorporan a la clase obrera en la estructura capitalista garantizando su producción y consumo.

En esta línea, Claus Offe (1994:135) señala que los Estados de Bienestar han servido como fórmula pacificadora en las democracias capitalistas tras la II Guerra Mundial. A través de las políticas sociales, los estados suministran asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades y riesgos específicos, sin llegar a modificar el reparto desigualitario de los recursos y preservando los privilegios de las clases dominantes.

Corriente socialdemócrata o liberal socialismo

Algunos estudiosos de la política social sitúan los orígenes de esta corriente socialdemócrata (o Liberal Socialismo) a finales del siglo XIX. Políticamente, se articuló mediante el Reformismo Social europeo, contribuyendo a la implantación de la política social y de los derechos sociales durante la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX (Alonso-Seco, 2019: 215). Principalmente, se trató de una corriente ideológica que aunó elementos del liberalismo y del socialismo en un proyecto conjunto. Del primero, aceptó el capitalismo, como sistema económico, así como los derechos fundamentales de los individuos. Del segundo, tomó la preocupación por las condiciones laborales, sociales y económicas de las masas trabajadoras y sus familias.

En este periodo, el Reformismo Social articuló una vía intermedia al conflicto abierto entre liberales y socialistas, entre los principios de libertad individual (negativa), y el de igualdad material (de oportunidades), a través del reconocimiento y extensión progresiva de los derechos sociales. Se trataba de buscar “un equilibrio entre lo individual, la libertad y la propiedad, y lo social, reconociendo los derechos sociales […] derecho a la huelga, jornadas laborales razonables […] derecho a la instrucción, a la vivienda, a la Seguridad Social, a una subsistencia digna (Alonso-Seco, 2019: 218); lo que posteriormente se plasmaría en la fórmula del Estado Social.

En el siglo XX, las economías capitalistas occidentales se encontraban en crisis debido al crack de 1929 y las sucesivas guerras mundiales. Ideólogos socialdemócratas como John M. Keynes, William Beveridge, Thomas H. Marshall y Thomas Bottomore establecieron una serie de medidas y recomendaciones para la reconstrucción de las sociedades de la postguerra. Su proyecto político, económico y social trató de combinar el desarrollo y el bienestar social con una economía social de mercado, orientando las libertades individuales (negativas) hacia un ideal de justicia social que incluyera cierto reparto material o de redistribución de los bienes, recursos y servicios.

El estatista Richard Titmuss se mostró partidario de una política social institucional redistributiva que supusiera “más gobierno y menos mercado, más justicia social y menos libertad para otros” (1981: 182). Por tanto, para el autor, las políticas sociales deben responder a las necesidades de las personas, independientemente de su clase social o de su origen y esto legitima la intervención estatal en las áreas del bienestar social como una cuestión de justicia social y de derechos de ciudadanía.

La fórmula del Estado Social y la consolidación de los derechos sociales, como una tercera generación de derechos inalienables, se desarrolla fundamentalmente tras la II Guerra Mundial, articulada por la socialdemocracia anglosajona. En esta línea, Gøsta Esping-Andersen (1993) considera que los derechos sociales (o ciudadanía social) se constituyen como el fundamento de los Estados de Bienestar y su dimensión sustantiva (carácter inviolable) y resulta esencial desde el paradigma redistributivo. Por tanto, el Estado se encuentra legitimado para intervenir, mediante políticas sociales y políticas fiscales intervencionistas en las áreas de educación, vivienda, empleo, salud, seguridad y pobreza.

Para esta corriente, partiendo del principio de redistribución, la igualdad es formal y material, resultando compatible con las libertades individuales, el crecimiento keynesiano y la economía de mercado. Considera la política social como un instrumento dirigido a garantizar un conjunto de derechos sociales extensibles a toda la ciudadanía (Marshall, 1950) eminentemente legal y de titularidad de derechos. En este modelo, la cuestión del pleno empleo es central porque se le considera como el principal elemento de cohesión social y de progreso económico. De ahí que, Gøsta Esping-Andersen señalara que la erradicación de la desigualdad y de la pobreza pasa por empleos estables y bien remunerados.

La época dorada de la socialdemocracia se encuentra unida a la expansión de los Estados de Bienestar, entre 1940 y 1960 (Ashford Douglas, 1989), en tanto que, como ideología, legitimó más que ninguna otra la intervención del Estado en materia redistributiva, la expansión del sector público, el avance del gasto social y, en definitiva, un sistema de beneficios sociales capaz de proteger a los ciudadanos a lo largo de su ciclo vital, estableciendo sistemas de protección y políticas sociales fuertes en las áreas de Seguridad Social, salud, educación, vivienda, empleo y servicios sociales. Estas ideas socialdemócratas fueron, en mayor o menor medida, aplicadas en los distintos regímenes de bienestar, aunque reelaboradas según los contextos nacionales e históricos específicos con sus ideologías predominantes.

Las políticas sociales socialdemócratas tienen un diseño universalista, se planifican a largo plazo y se financian mayoritariamente por presupuestos públicos obtenidos de los ingresos tributarios generales. Aunque, “algunas veces se puede recaudar un impuesto específico para fines sociales, como, por ejemplo, un impuesto sanitario que grave el alcohol o el tabaco que asegure fondos para los servicios médicos” (Ortí, 2007: 25).

Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, a partir de la década de 1970 los Estados de Bienestar, la socialdemocracia y las políticas sociales en un sentido clásico, comienzan a vivir un periodo convulso. Muchos regímenes de bienestar optan por restringir el gasto público y social, así como a limitar el alcance de las políticas sociales universalistas. Así, incluso en regímenes socialdemócratas, se comienzan a introducir políticas focalizadas, dirigidas a sectores vulnerables de la población ya sea por razones socio-económicas o por otras cuestiones de reconocimiento vinculadas a la raza, etnia, orientación sexual, edad, etc.

Ante ese proceso de crisis económica y de valores, y según la tradición ideológica de los regímenes de bienestar, se ha optado por reelaborar el paradigma de política social socialdemócrata más hacia el lado liberal –como es el caso de las terceras vías–, o bien hacia el lado socialista, sosteniendo una inversión pública fuerte a la tendencia recesiva del gasto público.

En su orientación más liberal, la Tercera Vía propuso un modelo de economía mixta y cierto centrismo ideológico como estrategia para avanzar en el desarrollo económico y social, sin renunciar a los valores de la socialdemocracia. Filosóficamente, apelaron al sentido y a la responsabilidad de las comunidades y de los ciudadanos en el mantenimiento de los Estados de Bienestar. En este sector ideológico, cobra especial importancia la idea de la capacitación y de las capacidades ciudadanas en la adquisición y en el ejercicio de los derechos, también sociales (Sen, 2010). Anthony Giddens (1998) y Amartya Sen (1997) son ideólogos relevantes de esta Tercera Vía. Ven una oportunidad de reforma social en la compatibilización de los valores centro-izquierda con los de solidaridad y de justicia social. También asumen la participación del Estado en la estabilidad macroeconómica, pero consideran necesaria cierta reducción de la intervención pública en el mercado, cuya competencia debe ser regulada por la inversión en las mejoras educativas y tecnológicas. Estas teorías de la justicia social también son tratadas desde la perspectiva feminista en los trabajos de las filósofas políticas Martha Nussbaum (1999, 2012) e Ingrid Robeyns (2017).

Desde la corriente socialdemócrata con carácter socialista, una política de gasto social expansivo resulta compatible y puede llegar a favorecer el crecimiento económico. De hecho, a la luz de los acontecimientos sucedidos tras la crisis económica de 2008, las políticas sociales son vistas como estrategias que pueden contribuir al crecimiento económico y del empleo, respondiendo a los objetivos de lucha contra la pobreza y las desigualdades sociales, si se orientan a la inversión del capital humano y se apoyan en políticas activas de empleo. Según Eloísa del Pino (2011: 11), entre este tipo de políticas sociales destacarían las orientadas a la educación temprana de los niños, las políticas educativas de formación continua, las políticas de conciliación familiar y de apoyo a familias monoparentales, las políticas activas de empleo, de vejez activa, de integración a los inmigrantes y las de modernización administrativa.

De la justicia como reconocimiento a la ciudadanía sustantiva. Las corrientes de las diferencias.

En la década de 1960 surgieron movimientos sociales e ideológicos que cuestionaron el paradigma ilustrado de justicia y la relación entre los principios de libertad e igualdad, así como la función de los derechos sociales en un modelo de ciudadanía como estatus legal. Estas corrientes de la diferencia criticaron la incapacidad del modelo de ciudadanía de Marshall y las políticas sociales, independientemente de su orientación ideológica (liberal, conservadora, socialista o socialdemócrata), para abordar la marginación y vulnerabilidad de grupos como mujeres, niños, minorías étnicas y raciales, y personas con diversidad funcional.

Para estas corrientes, la ciudadanía como mero estatus de derecho es insuficiente para garantizar el ejercicio de los derechos, ya que existen grupos minoritarios limitados para ejercerlos y, en algunos casos, no son considerados ciudadanos plenos. Critican el principio de justicia basado en la imparcialidad, argumentando que excluye a personas identificadas con el cuerpo y los sentimientos, especialmente mujeres y minorías, y no aborda las causas estructurales de las tensiones sociales.

Proponen que la libertad no debe ser vista solo como libertad individual negativa, sino que debe incluir el derecho a participar desde las diferencias en las instituciones políticas y sociales, donde la igualdad es el derecho a ser ciudadanos «diferentemente iguales». La participación en la sociedad es esencial para la ciudadanía, y debe reconocer públicamente las diferencias para aspirar a la igualdad y universalidad.

La ciudadanía se ve como un fenómeno complejo que incluye el estatus legal, la práctica socio-política y la identidad o pertenencia. Los derechos sociales deben ser practicables y generadores de identificación y pertenencia comunitaria. La política social debe ser una «política de la presencia» que reconozca y aborde las necesidades específicas de las comunidades.

Desde 1970, en EE. UU. y Europa, los movimientos de reconceptualización de la política social han crecido, oponiéndose a los planes desarrollistas y tecnócratas, y abogando por la participación directa de los grupos afectados. Las políticas de salud, educación y servicios sociales, así como los movimientos ecologistas, han cuestionado el impacto negativo del capitalismo en el medio ambiente y la sostenibilidad.

Feminismos

El feminismo es una corriente compleja que se divide en varias subcorrientes ideológicas, todas con el objetivo común de lograr la igualdad de género. A lo largo de su historia, el feminismo ha pasado por tres grandes olas:

1. Primera ola (siglos XVII-XX): Se centró en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos.
2. Segunda ola (1960-1990): Enfocada en el reconocimiento y la presencia de las mujeres como sujetos igualmente válidos que los hombres.
3. Tercera ola (1990-presente): Se enfoca en temas como la maternidad, las paternidades, las masculinidades y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Una subcorriente del feminismo es el feminismo liberal, que busca la igualdad sin una contrarrevolución feminista ni un replanteamiento de los principios liberales y socialistas. Representantes destacadas incluyen a las filósofas Martha Nussbaum e Ingrid Robeyns.

Por otro lado, el feminismo de la diferencia o radical busca replantear las relaciones de género y la conciliación entre libertad e igualdad, incluyendo a las mujeres en el proceso. Este enfoque ha sido posible gracias a los cuestionamientos planteados por el feminismo liberal desde el siglo XVIII. Ejemplos notables incluyen:

• John Stuart Mill y Harried Taylor Mill: «La esclavitud de la mujer» (1859) que defendía un mercado libre para los servicios de las mujeres.
• Mary Wollstonecraft: «Vindicación de los derechos de la Mujer» (1792), una obra pionera del pensamiento feminista.
• Flora Tristán: «La Unión Obrera» (1843), precursora del manifiesto comunista de Marx y Engels.

A pesar de su influencia, el feminismo no tuvo suficiente impacto en el diseño de las primeras políticas sociales. Las condiciones de trabajo de mujeres y niños fueron reguladas, pero la ciudadanía de las mujeres quedó delegada respecto al hombre.

El feminismo ha identificado el patriarcado y la naturalización de las capacidades y cuerpos de las mujeres como sistemas opresivos. Para Simone de Beauvoir (1949), la liberación de la mujer se alcanzaría con la igualdad económica respecto al hombre. Autoras como Betty Friedan (1963) y Adrienne Rich (1976) revisaron las estructuras políticas y sociales del bienestar y abordaron la cuestión de la maternidad como institución y práctica.

El feminismo marxista, representado por autoras como Shulamith Firestone (1973) y Mary Daly (1973), considera la liberación de la mujer como una causa final que impulsa otros movimientos de liberación.

En la tercera ola, surgen nuevas teorías feministas que incluyen la interseccionalidad, el ecofeminismo, el transfeminismo, y abordan temas como la maternidad, las paternidades, las masculinidades y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Multiculturalismos

El multiculturalismo tiene sus orígenes en los movimientos anticolonialistas y antirracistas del siglo XX. Se desarrolla con los procesos de globalización y transnacionalidad, donde las identidades y la interseccionalidad son cruciales para el diseño de políticas sociales.

Cuestiona las políticas de integración social por no incorporar las identidades de los grupos minoritarios, lo que afecta negativamente su sentido de pertenencia. Will Kymlicka (1999) critica las políticas sociales restrictivas y residuales de integración. El multiculturalismo considera que la ciudadanía también implica identidad y pertenencia, no solo derechos y responsabilidades.

Will Kymlicka y Wayne Norman (1996) distinguen tres tipos de derechos:

1. Derechos especiales de representación para grupos desfavorecidos.
2. Derechos de autogobierno para minorías nacionales.
3. Derechos multiculturales para inmigrantes y comunidades religiosas.

Proponen revitalizar la educación y la sensibilización, orientando las políticas públicas y sociales hacia la participación comunitaria en su diseño e implementación.

Ecologismos

El ecologismo es un movimiento global que defiende la protección del medio ambiente. Se compone de diversas corrientes como el ecofeminismo, el movimiento verde, y el ecologismo socialdemócrata y socialista.

Critica el progresismo ilustrado y la industrialización por sus efectos negativos sobre la naturaleza. Surgió en la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra, centrándose en el impacto de la racionalidad económica y los sistemas de producción de masas.

Movimientos sociales ecologistas y de crecimiento cero de la población emergieron a finales de los años 1960, preocupados por la tecnologización y la concentración de riquezas. Rachel Carson («Primavera silenciosa», 1962) es un ejemplo de la conciencia ambiental.

El informe «Los límites de crecimiento» (1972) de Donella Meadows advirtió sobre la insostenibilidad del crecimiento exponencial. La ecología política busca la transformación social e institucional con valores compartidos.

El ecologismo critica el impacto del bienestar social sobre el medio ambiente y aboga por derechos de sostenibilidad de cuarta generación. Propone políticas sociales que respeten la biodiversidad y las diferencias culturales, y que se proyecten a largo plazo con financiación pública.

La Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU recoge estos valores, reivindicando una justicia social global que incorpore la diversidad cultural y las diferencias de grupo.

Conclusiones

Desde un punto de vista filosófico e ideológico, la política social actual debe gestionarse en un contexto de inseguridades e incertidumbres dentro de un mundo acelerado, volátil e interdependiente. Las ideologías dominantes en la política social clásica continúan aplicando viejas recetas para enfrentar las “nuevas” circunstancias sociales, tales como:

• La mayor participación de la mujer en el mercado laboral.
• La crisis de los cuidados hacia los niños, las personas mayores y/o dependientes.
• La estructura de un mercado laboral altamente cualificado y, a la vez, la insuficiente capacidad del mismo para absorber la mano de obra disponible.
• Las cuestiones de identidades sexuales y etarias.
• Las pandemias.

Básicamente, la política social tradicional y la garantía de los derechos sociales adquiridos se han centrado en diseñar políticas sociales focalizadas hacia sectores concretos de la población, sin revisar profundamente sus bases sociológicas, políticas, económicas y culturales. Dependiendo del tipo de régimen de bienestar, esta tendencia convive con la remercantilización de la política social, la contención del gasto o la recalibración de los programas públicos.

En consecuencia, los debates científicos e ideológicos sobre los Estados de Bienestar y la política social como su legítimo instrumento se encuentran permanentemente en una trayectoria pendular cuya órbita es la sostenibilidad del sistema conocido. Las posturas y corrientes dominantes oscilan entre el apoyo y el retroceso. Diversos estudios de caso muestran que las respuestas a los nuevos riesgos sociales se evalúan desde marcos simbólicos y colectivos tradicionales, sin cambiar el paradigma epistemológico e ideológico. Aunque la producción científica y bibliográfica es extensa, las respuestas y conclusiones obtenidas son limitadas.

Por último, es importante reflexionar sobre el impacto de las corrientes de la diferencia en el diseño y planificación de las políticas sociales. Estas corrientes han contribuido a incluir en las agendas políticas cuestiones relativas a las diferencias de grupo, socioculturales y medioambientales. Ejemplos claros de esto son:

• Los nuevos protocolos de sensibilización y tratamiento ético respecto a las mujeres y otras minorías en el ámbito sanitario.
• La inclusión de objetivos para la sostenibilidad del medio ambiente.
• El reconocimiento de los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual.

Sin embargo, estos avances se han integrado dentro de la hegemonía del paradigma occidental ilustrado, donde los regímenes de gobierno y bienestar están influenciados por ideologías clásicas. A diferencia de otras percepciones dominantes, se considera que estas últimas corrientes de pensamiento (feminismo, multiculturalismo, ecologismo, etc.) deben ser vistas más como perspectivas postmodernas de aprehensión de la realidad y del cambio social.

De hecho, el feminismo es transversal a distintas ideologías (liberal, socialista, socialdemócrata, marxista, etc.), al igual que el multiculturalismo y el ecologismo. En definitiva, estas corrientes de pensamiento dialogan con las ideologías mayoritariamente asumidas y, en ocasiones, comparten elementos filosóficos con ellas.

Referencias

• Alemán Bracho. (2020). Políticas sociales : innovaciones y cambios (1st & #170; ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi