Política social y empleo

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VERSIÓN 1.0

Hace casi dos décadas, el Consejo Europeo subrayó la necesidad de avanzar hacia “Políticas Activas de Empleo: Más y Mejores Trabajos”. Desde entonces, estos términos han ocupado un lugar destacado en la agenda permanente de la “Estrategia de Empleo Europea”. Sin embargo, la implementación de estas políticas en los distintos países miembros ha sido muy desigual, no solo en términos de intensidad y tipo, sino también en cuanto a resultados. Esta variabilidad se debe, en gran medida, a la adaptación de estas políticas a las necesidades específicas de cada país.

Desde entonces, los esfuerzos por establecer objetivos en materia de empleo no han cesado, desarrollando importantes iniciativas y estrategias. En nuestro país, por ejemplo, se han implementado medidas dirigidas a colectivos o sectores con mayores dificultades de inserción laboral, así como políticas de educación y formación. Estas actuaciones buscan mejorar las habilidades de los desempleados y de los trabajadores en riesgo de desempleo, con el objetivo de incrementar su empleabilidad.

Introducción

Las políticas sociales de empleo no se diseñan pensando únicamente en un grupo específico de la sociedad o en una sola nación. En un mundo globalizado, es crucial ampliar el análisis a nivel internacional para luego diseñar modelos de actuación que se ajusten a las necesidades de cada estado.

En esta línea, la Unión Europea ha trabajado durante años en constante transformación, enfrentando desafíos como el avance tecnológico, el envejecimiento de la población y la crisis financiera. Estos factores han obligado a crear políticas específicas para activar los mercados laborales de los países miembros. Las políticas europeas de empleo tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida, fomentar el empleo y la cohesión social, y actuar como motor para el desarrollo de los países miembros. Un ejemplo de esto es el paquete de medidas sobre empleo adoptado por la Comisión Europea en 2012, que instaba a los Estados miembros a abordar la segmentación del mercado laboral, realizar reformas fiscales para generar empleo, y promover garantías juveniles, entre otras medidas.

A pesar de las medidas desarrolladas por la Unión Europea, España sigue enfrentando un grave problema de desempleo, especialmente en lo que respecta al paro juvenil y de larga duración. No obstante, en los últimos años se han diseñado políticas específicas para reducir estas tasas.

Nuestro país sigue trabajando en este ámbito, consciente del reto que enfrenta. Se están incentivando políticas activas de empleo que afectan a diferentes sectores de la población, y se están diseñando medidas para reorganizar las administraciones involucradas en materia de empleo, sin olvidar la participación de los agentes sociales. Sin lugar a dudas, las políticas de empleo son esenciales para consolidar nuestro Estado de Bienestar y reforzar el Estado social.

El trabajo

Una de las definiciones más concretas de trabajo es la que lo describe como “una acción y efecto que emana del propio trabajo, que resulta de la actividad humana, que puede ser una ocupación retribuida o una operación de la máquina, pieza, herramienta o utensilio que se emplea para algún fin.” Partiendo de esta definición, podemos argumentar que el trabajo se podría definir como un conjunto de actividades realizadas para alcanzar una meta, solucionar problemas o producir bienes y servicios.

A lo largo de la historia, el concepto de trabajo ha evolucionado, especialmente con la Revolución Industrial y posteriormente con la globalización. Esta evolución ha tenido un impacto directo en el mercado laboral, que requiere herramientas básicas para analizar la demanda y la oferta de trabajo.

Según la corriente neoclásica, la demanda de trabajo se considera un factor más de la producción, sin características específicas que lo distingan de otros factores. En contraste, la oferta de trabajo está relacionada con la teoría de la elección del consumidor, donde el trabajo se ve como un medio para obtener ingresos o disfrutar del ocio.

En la actualidad, existen diferentes tipos de trabajo:

Trabajo autónomo: Ejercido por un individuo de manera independiente.
Teletrabajo: Realizado fuera de las instalaciones de la empresa.
Trabajo voluntario: Sin recibir compensación.
Trabajo en equipo: Realizado de manera colaborativa.

El marco conceptual del trabajo

Existen muchas teorías que diferencian el concepto de trabajo del de empleo. Según Fernández Santiago, siguiendo a Sánchez-Gil y Fernández Paz, el trabajo es tanto un derecho como un deber que tienen las personas, relacionado con su capacidad para transformar y actuar sobre el entorno con el fin de satisfacer necesidades propias o de la comunidad, generando riqueza para el bien común. En cambio, el empleo se refiere a actividades productivas legales realizadas por personas que reciben una remuneración económica, incluso dentro de la economía sumergida.

Otros autores definen el trabajo como una actividad desarrollada en la esfera pública, considerada útil por y para otros y remunerada. Este concepto de trabajo abarca características como obra, valor, etc. En nuestra sociedad actual, la acepción más común del trabajo lo vincula con una actividad asalariada, que facilita la integración del individuo en la sociedad y su pleno desarrollo como persona.

La doctrina sobre el concepto de trabajo lo considera una actividad que supone una vía de integración social y personal. Es crucial diferenciar entre trabajo y empleo, aunque ambos persiguen el mismo fin integrador. El trabajo es un derecho y un deber de todas las personas, y su realización no implica necesariamente una contraprestación económica, a diferencia del empleo, que sí la contempla. Además, el concepto de empleo puede interpretarse desde el punto de vista de un trabajo, una ocupación o un oficio, relacionado con una actividad donde una persona puede ser contratada para desarrollar una serie de actividades a cambio de una remuneración económica.

El trabajo por cuenta propia

El trabajo por cuenta propia es una actividad económica o profesional realizada habitualmente por una persona física de forma independiente. No está regulado por la legislación laboral, salvo ciertos aspectos legales específicos. Para desarrollarlo, se requiere inscripción en la seguridad social y en la administración tributaria.

Existe un servicio de asesoramiento para el autoempleo y emprendimiento, que incluye actividades como:

Asesoramiento para el autoempleo.
Fomento de la economía social.
Información sobre ayudas y subvenciones.
Orientación sobre incentivos para la contratación.

Desempleados inscritos pueden solicitar subvenciones y beneficiarse de reducciones en cotizaciones según su perfil y circunstancias específicas.

El trabajo por cuenta ajena

A nivel internacional, los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo tienen acceso a ofertas de empleo a través de la Red de Servicios Europeos de Empleo (EURES). A nivel nacional, la inscripción en los servicios públicos de empleo es necesaria para buscar trabajo por cuenta ajena.

Los requisitos incluyen:

Ser ciudadano de la UE, EEE o Suiza, o tener autorización de residencia y trabajo.
Estar en edad laboral y no estar incapacitado para el trabajo solicitado.

Además de la inscripción en oficinas de empleo, se pueden utilizar agencias de colocación y empresas de trabajo temporal, que deben garantizar igualdad de acceso y gratuidad en sus servicios.

En resumen, el trabajo es un concepto amplio que abarca diversas formas y modalidades, cada una con sus características y regulaciones específicas. El empleo, como actividad remunerada, es fundamental para la integración social y económica de los individuos.

El empleo y su regulación

Es especialmente interesante recordar la regulación del empleo en la Unión Europea y en España, así como las estrategias de activación y demás actuaciones llevadas a cabo, las cuales varían según el contexto de crisis económica o estabilidad financiera. Tanto en la Unión Europea como en España, el marco jurídico y estratégico del empleo busca fomentar la creación de empleos de calidad, mejorar las condiciones laborales y promover la cohesión social, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado laboral y a los desafíos económicos.

Marco jurídico y estratégico en la Unión Europea

“La Unión (…) obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social (…). La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño”. Estas palabras, del artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), junto con otros preceptos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), forman la base jurídica de las políticas sociales y de empleo en la Unión Europea.

El Parlamento Europeo ha sido activo en impulsar medidas en los ámbitos del empleo y la política social. Durante la elaboración de la Estrategia de Lisboa, el Parlamento insistió en que el empleo y los aspectos sociales deben desempeñar un papel clave en las estrategias de crecimiento aplicadas a nivel nacional y de la Unión. La Comisión Europea fomenta la creación de empleos, la modernización de los mercados laborales, condiciones de trabajo seguras e igualdad de oportunidades en la Unión Europea.

A nivel europeo, se han fijado objetivos como el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y trabajo, una protección social adecuada, y el diálogo entre la dirección y los miembros del personal. La creación del Fondo Social Europeo (FSE) fue decisiva, establecido por el Tratado de Roma para mejorar las posibilidades de movilidad y empleo de los trabajadores en el mercado común.

Estrategia Europea de Empleo (EEE). La EEE se remonta a 1997, cuando los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a establecer un conjunto de objetivos y metas comunes para la política de empleo. Su objetivo principal es la creación de más y mejores empleos en toda la Unión Europea. La Estrategia Europa 2020, adoptada en 2010, se centra en el crecimiento integrador, promoviendo una economía con altos niveles de empleo que favorezca la cohesión social y territorial.

Iniciativas de la Estrategia Europa 2020. Entre las importantes iniciativas establecidas, destacan:

Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: busca modernizar las políticas de flexiseguridad.
Juventud en Movimiento: destinada a reforzar la movilidad y mejorar la educación y formación.
Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: busca reforzar la cohesión social.

La implementación de la EEE, respaldada por el Comité de Empleo, sigue los pasos del Semestre Europeo, promoviendo la coordinación de políticas entre los Estados miembros.

Flexiseguridad o el triunfo de las políticas neoliberales. La política de flexiseguridad se caracteriza por promover mercados laborales flexibles con bajos costos de contratación y despido, combinados con fuertes políticas de protección social y activación laboral.

Marco jurídico y estratégico en España

Los avances tecnológicos y el retraso en la jubilación han hecho del trabajo un bien escaso, generando desempleo. La digitalización y la apertura a mercados globales requieren un reaprendizaje continuo para trabajadores y demandantes de empleo.

Dimensión colectiva del derecho al trabajo y empleo digno. El derecho al trabajo incluye el acceso al empleo y la conservación del mismo. La Constitución Española (art. 35 y 40 CE) establece que los poderes públicos deben realizar una política orientada al pleno empleo, aunque su implementación efectiva es un desafío.

Política de empleo basada en la jubilación forzosa. La jubilación forzosa se justifica para redistribuir el trabajo y garantizar oportunidades de empleo para la población desempleada, especialmente jóvenes.

Derecho del empleo y Ley de Empleo. El desarrollo legislativo del artículo 40.1 CE ha dado lugar a una nueva rama del Derecho social, el “Derecho del empleo”. La Ley de Empleo regula las políticas activas de empleo, destacando la importancia de la colaboración entre los poderes públicos y los agentes sociales.

Estrategia española de activación para el empleo. La Estrategia Española de Activación para el Empleo, junto con los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo, coordina las políticas de empleo en España. Estos instrumentos buscan desarrollar nuevas herramientas y mejorar las existentes, con un enfoque en la planificación, evaluación y seguimiento de las políticas de activación para el empleo.

Políticas activas de empleo y vulnerabilidad en España

La creación de empleo en nuestro país ha sido, durante los últimos años, el principal reto para las Administraciones públicas. Para ello, se han desarrollado modelos de actuación que incluyen servicios (acciones) y programas (medidas) orientados a activar políticas activas de empleo en todas las Comunidades Autónomas. En estas estrategias, merecen especial atención aquellas actuaciones que aseguren políticas adecuadas de integración laboral, dirigidas a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

Empleo y juventud

Las diversas medidas implementadas para la juventud en España han incidido en una serie de características básicas que podemos concretar en tres aspectos:

Análisis de la juventud de forma transitoria: Se ha pasado de ver a la juventud como un proceso transitorio hacia la vida adulta a reconocer que los jóvenes tienen características propias y diversas. Las políticas actuales buscan integrar a los jóvenes en el sistema social, político, económico y cultural teniendo en cuenta esta diversidad.
Políticas lineales: Anteriormente, las políticas para la juventud se centraban en aspectos específicos como empleo, vivienda y formación, sin considerar plenamente las capacidades, oportunidades y valores de los jóvenes. Ahora, se busca un enfoque más holístico.
Acciones concretas sin perspectiva integral: A pesar de la transversalidad de las políticas de juventud, muchas de ellas se han limitado a acciones específicas sin una coordinación adecuada entre las diferentes administraciones.

Desde las administraciones, se han hecho esfuerzos para analizar el papel de la juventud en las políticas públicas y se han establecido principios que deben guiar la acción gubernamental:

Transversalidad: Las administraciones con competencias en materia juvenil deben incorporar acciones que respondan a las distintas necesidades de este sector.
Integralidad: Promover la ciudadanía plena y el desarrollo de competencias y habilidades en los jóvenes.
Subsidiariedad: Coordinar eficazmente entre administraciones para evitar duplicidades y asegurar igualdad de oportunidades.

Otros aspectos importantes incluyen la promoción de la salud, la educación no formal, la participación juvenil, y el acceso igualitario a las tecnologías de la información y la comunicación.

El empleo juvenil es uno de los retos más importantes para las Administraciones públicas. Las acciones y medidas deben contribuir al desarrollo de estrategias que impulsen la innovación en sectores específicos, con un fuerte esfuerzo presupuestario. En este nuevo modelo productivo, los jóvenes serán protagonistas activos. Un ejemplo es el Plan de Choque por el Empleo Joven, que persigue la mejora de la competitividad a través de la formación integral y la cualificación, sin olvidar a los jóvenes del entorno rural.

Objetivos del Plan de Choque por el Empleo Joven:

Establecer un marco laboral de calidad y dignidad en el empleo.
Hacer protagonistas a los jóvenes en su proceso de inserción laboral y cualificación.
Incrementar la cualificación y la inserción laboral.
Favorecer un nuevo modelo económico basado en la sostenibilidad social, la productividad y el valor añadido.
Dotar a los Servicios Públicos de Empleo de los medios y recursos necesarios.
Eliminar la segregación horizontal y la brecha salarial de género.
Combatir el desánimo entre los jóvenes que no buscan empleo porque creen que no lo encontrarán.
Prestar atención a sectores especialmente vulnerables, como migrantes, parados de larga duración, personas con discapacidad, entre otros.

El Plan comprende actuaciones de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje, búsqueda de empleo, intermediación laboral y apoyo a la inserción. Este eje busca potenciar la intermediación activa y la personalización de los servicios, basándose en el diagnóstico y diseño de itinerarios individuales de inserción y formación.

Es fundamental seguir apostando por políticas activas de empleo juvenil, reconociendo que no existe un solo recorrido, sino varios, y que alguno de ellos debe ser capaz de dar los frutos necesarios para satisfacer la demanda de este sector poblacional.

Empleo y vulnerabilidad

Empleo y mayores. La característica sociodemográfica actual y las perspectivas a medio plazo indican que las personas de 45 a 64 años constituyen un grupo central en la estructura social española. Sin embargo, esta franja de edad enfrenta mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral debido a la menor capacidad para modificar sus trayectorias laborales y para reintegrarse al empleo después de haberlo perdido, por no hablar de una clase empresarial insensible y repleta de prejuicios.

Los trabajadores de 45 a 64 años han sido beneficiarios de diversas medidas dirigidas a facilitar su retorno a la ocupación y medidas de protección social. Es crucial mejorar los diagnósticos de empleabilidad y la caracterización de situaciones de vulnerabilidad para ofrecer apoyo adecuado en recursos y necesidades a cada persona parada.

Empleo y mujer. Las políticas de igualdad de género han mejorado la situación de mujeres y hombres, pero es necesario seguir trabajando para lograr una igualdad efectiva en el ámbito laboral, considerando la diversidad de las mujeres y sus entornos.

Se están llevando a cabo programas para la promoción y fomento de políticas activas de empleo, especialmente para mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como víctimas de violencia de género. Estos programas buscan garantizar su independencia y apoyo en su proceso de recuperación, así como promover la participación social y económica de las mujeres. Ejemplos incluyen programas de promoción para mujeres en riesgo de exclusión, mejorando su cualificación y autoestima para facilitar su inserción laboral.

Además, se implementan iniciativas para apoyar a mujeres en entornos rurales, mujeres migrantes y de minorías étnicas, mediante itinerarios de inserción adaptados a sus necesidades y características, utilizando una metodología interactiva que incluye motivación y acompañamiento.

Empleo y personas con diversidad funcional. Desde la administración pública se han diseñado políticas específicas para apoyar la integración laboral y social de las personas con diversidad funcional, promoviendo la formación, orientación y acompañamiento individualizado. Para acceder a estos itinerarios, es esencial estar inscritos en los Servicios Públicos de Empleo como demandantes de empleo no ocupados o estar contratados por centros especiales de empleo.

Las estrategias incluyen colaboraciones con asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, así como con empresas del mercado laboral ordinario. Las subvenciones se destinan a financiar costos laborales y de seguridad social durante el desarrollo del proyecto de empleo, condicionadas a la disponibilidad presupuestaria.

Empleo y exclusión social. Las normativas en España recogen estrategias para solventar las necesidades sociales y las situaciones de riesgo de exclusión social. El desempleo es uno de los indicadores más significativos de exclusión social. La pérdida de trabajo puede conducir a la exclusión de los recursos de la sociedad.

Para frenar los procesos de exclusión social, se han desarrollado actuaciones específicas enfocadas en tres ejes:

Garantizar ingresos económicos mínimos.
Acceso a un empleo de calidad.
Acceso a servicios de calidad (sociales, educativos, salud, vivienda).

Las políticas de innovación social buscan atender los retos sociales mediante la implementación de alternativas innovadoras que mejoren la eficacia y eficiencia de los servicios sociales. Estas políticas buscan implicar a todos los responsables en la toma de decisiones y mejorar la capacitación de los profesionales de los servicios sociales y de empleo.

Formación profesional para el empleo

Las políticas de educación y formación están dirigidas a mejorar la educación y formación de los desempleados y de los trabajadores en riesgo de desempleo, con el fin de incrementar y mejorar su empleabilidad. Este bloque de programas abarca medidas como formación para los desempleados (reglada o no), formación en el empleo, y experiencia laboral.

Objetivos y Medidas. La formación para los desempleados incluye desde la formación de capital humano más general, como idiomas y uso de TICs, hasta formación más especializada, como el aprendizaje de programas de ordenador avanzados y otras técnicas necesarias para adaptarse a las nuevas tecnologías. La idea subyacente de los programas de formación es “el aumento constante de la productividad del trabajador mediante la actualización permanente de su capital humano”.

El sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral tiene por finalidad “impulsar y realizar una formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las personas trabajadoras (ocupadas y desempleadas), mejorando su empleabilidad y promoción en el trabajo”. Estas políticas de formación responden a las necesidades del mercado laboral y están orientadas a la mejora de la competitividad empresarial, pudiendo orientarse a la formación de demanda, a la formación de oferta o a la formación en alternancia con el empleo.

Gestión y Coordinación. Incluye distintas iniciativas y programas de formación que se desarrollan en el marco del Sistema Nacional de Empleo. La competencia normativa relativa a la formación corresponde al Estado (Servicio Público de Empleo Estatal), pero son las Comunidades Autónomas quienes adoptan las medidas aplicativas o de ejecución que la legislación estatal disponga. Los Ayuntamientos también pueden ofrecer estas actuaciones con subvenciones de las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con la participación de las comunidades autónomas y organizaciones representativas, elabora un escenario plurianual de la formación profesional para el empleo y desarrolla un sistema eficiente de observación y prospección del mercado de trabajo para detectar y anticipar los cambios en las demandas de cualificación y competencias del tejido productivo.

Regulación y Financiamiento. La regulación de este Sistema de Formación se encuentra en un Real Decreto, que tiene por objeto “la regulación de las iniciativas y programas de formación profesional para el empleo, los requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios y la forma de acreditación de las competencias adquiridas por los trabajadores, así como los instrumentos del sistema integrado de información y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo”. Este sistema se financia con los Presupuestos Generales del Estado, las cuotas de formación aportadas por empresas y trabajadores y las ayudas del Fondo Social Europeo.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) gestiona fondos públicos para ayudar a las empresas a formar a las personas trabajadoras y facilitar su acceso gratuito a la oferta formativa.

Fines del Sistema de Formación Profesional para el Empleo. Los principales fines del Sistema de Formación Profesional para el Empleo son:

Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados para mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación.
Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas, proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuadas.
Mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de aquellos con mayores dificultades de mantenimiento del empleo o de inserción laboral.
Facilitar y promover la acreditación de competencias profesionales adquiridas por los trabajadores a través de procesos formativos y experiencia laboral.
Promover la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, disminuyendo la brecha digital.

Retos y Estrategias. Entre los principales retos de la Estrategia Española de Activación de Empleo se encuentra incrementar la eficacia de las medidas de formación para el empleo. Un objetivo prioritario es mejorar el nivel general de competencias de los trabajadores y demandantes de empleo, lo cual es fundamental para impulsar la competitividad de las empresas e incrementar su productividad. La Estrategia Española determina el marco conceptual y organizativo para las actuaciones del Sistema Nacional de Empleo en políticas de activación y formación profesional para el empleo.

El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) hace referencia a las actuaciones de formación profesional para el empleo, dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, y formación dual (combinan formación con aprendizaje y alternancia con la actividad laboral) para mejorar la cualificación y facilitar la inserción laboral.

En conclusión, las políticas de formación profesional para el empleo en España buscan responder a las necesidades del mercado laboral, mejorar la competitividad empresarial y favorecer la empleabilidad de los trabajadores a través de un sistema bien coordinado y financiado que incluye diversas iniciativas y programas.

Algunas propuestas y perspectivas de futuro

Entre los grandes retos a los que debe hacer frente nuestra sociedad está el impulsar medidas que frenen y reduzcan las tasas de paro con características territoriales, de género y edad, favoreciendo un ajuste de la desigualdad social, incrementada durante los años de crisis. Esto se debe traducir en una serie de acciones que contribuyan a la recuperación y desarrollo de un modelo productivo más inclusivo, con estrategias diseñadas a corto y medio plazo que impulsen medidas de apoyo estratégico.

Una de esas medidas incluye acciones desarrolladas desde la Administración General del Estado en colaboración con las CCAA, que persiguen la reducción de la tasa de paro de larga duración y la disminución de la brecha de género entre hombres y mujeres y la diferencia entre grupos de edad. Para ello, se apuesta por el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, teniendo en cuenta el potencial laboral de la población activa que ha quedado relegada a situaciones de paro de larga duración, excluidos y especialmente vulnerables.

Es imprescindible mejorar los diagnósticos de empleabilidad y la identificación de situaciones de vulnerabilidad ante el empleo, para ofrecer el apoyo adecuado en recursos y necesidades de atención a cada persona, permitiendo así que continúe en el mercado de trabajo o que pueda jubilarse adecuadamente.

Políticas Activas de Empleo. En España, las Políticas Activas están focalizadas en subsidios al empleo, en particular, en subsidios a la contratación indefinida y la conversión de contratos temporales en indefinidos. Sin embargo, se ha considerado que puede mejorarse la evaluación de estas políticas, ya que no ha sido una práctica habitual en el país. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) ya está dando pasos importantes en este sentido. Algunas recomendaciones incluyen:

Colaboración entre Servicios Públicos de Empleo y Agencias de Colocación: La orientación y asesoramiento a desempleados es crucial para diagnosticar competencias y desarrollar políticas activas adecuadas para todos los colectivos de parados. Es esencial profundizar en herramientas de evaluación del perfil de los solicitantes de empleo (“perfilado”), con una financiación adecuada y suficientes profesionales orientadores en las oficinas de empleo.
Consolidación de la Formación Dual: Integrar programas de formación dual dentro de los programas de formación para desempleados o parados, evaluando adecuadamente los resultados logrados, especialmente cursos específicos y de larga duración para mejorar la empleabilidad.

Consideraciones Adicionales:

Flexibilidad Laboral: Aunque es una medida adecuada para incentivar la contratación, no debe ser la única política de empleo.
Impacto de la Digitalización y Globalización: Se requieren profesionales cualificados en puestos de trabajos digitales debido al crecimiento exponencial del sector digital.
Adaptación a Cambios Tecnológicos: El mercado laboral depende de factores como avances tecnológicos, formación y la situación económica de cada país, haciendo el futuro incierto.

Perspectivas Futuras. El Consejo Económico y Social adelanta aspectos importantes dentro del marco de políticas activas de empleo, como la intermediación laboral, orientación profesional y asesoramiento empresarial, incentivos al empleo, creación directa de empleo, y formación profesional y actualización de competencias. Algunas propuestas incluyen:

Mejorar la Empleabilidad: Facilitar la adaptación a nuevos empleos o cambios en los empleos existentes y reinsertar a desempleados en el mercado laboral.
Orientación a Nuevos Nichos de Empleo: Utilizar nuevas tecnologías para la prospección de necesidades formativas y ofrecer formación online.
Adaptación a las Necesidades Específicas: Ajustar las políticas activas a las necesidades específicas de cada país y contexto de recursos limitados.
Diseño de Carreras Profesionales Adecuadas: Esfuerzo continuado en políticas activas de empleo para diseñar carreras profesionales que respondan a las nuevas necesidades del tejido productivo, especialmente en situaciones excepcionales como la pandemia global de 2020.

En resumen, las políticas activas de empleo deben orientarse hacia la creación de empleo estable, sostenible e inclusivo, y mejorar la capacidad de los trabajadores para insertarse adecuadamente en un mercado laboral cambiante.

Referencias

Jesús Fernández Rodríguez y Elena García-Cuevas Roque (2020). Política social y empleo. En Alemán Bracho. (2020). Políticas sociales : innovaciones y cambios (1st & #170; ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi.