En la Universidad de Harvard, la profesora Golberg (2018) describe el principio de «Better Regulation», seguido por la Unión Europea (UE) para la toma de decisiones y elaboración de todas las políticas, incluidas las sociales. Este concepto implica el diseño de políticas y leyes que logren los objetivos marcados al menor coste posible. Según Golberg, legislar mejor no significa regular más o menos, sino asegurar que las decisiones políticas se preparen de manera abierta y transparente, basadas en información fiable y válida, y con la participación de las partes implicadas. Además, garantiza que las medidas respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, actuando solo cuando es necesario a nivel de la UE y de manera que no exceda lo necesario para resolver un problema.
El principio de «Better Regulation» también proporciona los medios para incorporar el desarrollo sostenible en las políticas de la UE. Es tanto un objetivo como un proceso que define cómo se preparan, evalúan y regulan las medidas adoptadas. Este principio configura las estructuras de gobierno tanto legales como institucionales en la UE, y desde esta base se desarrollan todas las políticas, incluidas las sociales.
La UE se basa en un entramado de tratados que establecen las competencias y el papel de las distintas administraciones, así como el modo de legislar. Los tratados, considerados derechos primarios de la UE, afectan áreas como el comercio, la competitividad, la unión aduanera, la política monetaria y la conservación de los recursos biológicos marinos.
La UE tiene competencia compartida en la medida en que establece líneas estratégicas y abre líneas de financiación relacionadas con estas estrategias, pero son los países miembros quienes determinan la gestión nacional. En competencias compartidas, la UE actúa coordinada con los Estados miembros en áreas como el mercado interior, la cohesión económica, social y territorial, la agricultura, la pesca, el medio ambiente, la protección del consumidor, el transporte, las redes transeuropeas, la energía, la libertad, la seguridad, la justicia, la salud pública y, lo más relevante en este caso, la política social.
Organismos e Instituciones Europeos para la Protección Social
La UE cuenta con una estructura institucional distinta a la de sus países miembros, con organismos principales como el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y las representaciones nacionales de los países miembros.
- Consejo Europeo: Delimita la dirección política y la agenda de la UE en todas las materias, incluida la política social, aunque no aprueba leyes. Los jefes de Estado o de Gobierno nacionales se reúnen varias veces al año con el presidente del Consejo.
- Parlamento Europeo: Ejerce la función legislativa y sus miembros son elegidos por sufragio directo por los ciudadanos de la UE.
- Comisión Europea: Ostenta el poder ejecutivo y la iniciativa legislativa, promoviendo los intereses de la UE. La Comisión propone nuevas leyes que el Parlamento y el Consejo adoptan. Luego, la Comisión y los Estados miembros aplican esta legislación y supervisan su cumplimiento.
- MISSOC (Mutual Information Systems on Social Protection): Promueve el intercambio de información sobre protección social entre los Estados miembros.
- European Social Policy Network (ESPN): Proporciona información, asesoramiento, análisis y experiencia académica sobre política social en la UE, países vecinos y terceros países. Apoya a la Comisión en el seguimiento del progreso de los objetivos marcados en materia de derechos sociales.
- Comité de Protección Social: Fomenta la cooperación en protección social, supervisa la situación social de la UE y la evolución de las políticas de protección social de los Estados miembros. Informa sobre inclusión social, sanidad, prestaciones de dependencia y pensiones.
Consejo, Comisión y Parlamento de Europa
El Consejo Europeo define la dirección política y la agenda de la Unión Europea en todas las materias, incluida la política social, pero no aprueba leyes. Los jefes de Estado o de Gobierno de los países miembros se reúnen un par de veces cada semestre con el Presidente del Consejo para establecer estas directrices.
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea, junto con el Consejo Europeo, elaboran mediante procedimiento legislativo ordinario las políticas y leyes que se aplican en la UE. En la práctica, la Comisión propone nuevas leyes y el Parlamento y el Consejo las adoptan. Posteriormente, la Comisión y los Estados miembros aplican esta legislación y la Comisión supervisa su cumplimiento (Unión Europea, 2013).
La Comisión Europea gestiona las políticas sociales y el bienestar social de la UE a través de varias vías:
- Consultas: Organiza consultas para buscar opiniones antes de tomar iniciativas políticas importantes.
- Coordinación: Ayuda a los gobiernos nacionales a coordinar sus esfuerzos para crear empleo, buscar la sostenibilidad de las pensiones y hacer frente a la pobreza y la exclusión social.
- Cooperación Internacional: Coopera con organizaciones internacionales y países socios para promover el trabajo de calidad.
- Diálogo Social: Se mantiene en contacto con los representantes de sindicatos y empleadores europeos.
- Gestión de Fondos: Colabora con las autoridades nacionales en la gestión de la financiación de la UE, especialmente del Fondo Social Europeo.
- Colaboración con ONG: Coopera con organizaciones no gubernamentales del sector social.
- Intercambio Científico: Se convierte en enlace con expertos de países de la UE a través de diversos comités científicos.
- Cooperación con Agencias Europeas: Trabaja con la Autoridad Europea del Trabajo, la Fundación Europea para las Condiciones de Vida y de Trabajo, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, el Centro Europeo de la Formación Profesional y la Fundación Europea de Formación.
Esta estructura institucional permite a la UE desarrollar y coordinar políticas sociales que promuevan el bienestar de sus ciudadanos, asegurando que las medidas adoptadas sean efectivas y adecuadamente implementadas.
Sistema de Información Mutua sobre Protección Social
El Sistema de Información Mutua sobre Protección Social (MISSOC) fue creado en 1990 para promover el intercambio de información sobre protección social entre los Estados miembros. Su base de datos contiene información sobre los sistemas de protección social y su organización en los 27 Estados miembros, así como en Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Es una herramienta central para autoridades públicas, profesionales y ciudadanos europeos, proporcionando información detallada sobre legislación, beneficios y protección social.
Red Europea de Protección Social
Creada en 2014 por la Comisión Europea, la Red Europea de Política Social (ESPN) facilita información, asesoramiento y análisis sobre política social en la UE. Apoya a la Comisión en el seguimiento de los objetivos marcados por la UE en materia de derechos sociales y ayuda en la formulación de políticas sociales tanto nacionales como europeas.
Comité de Protección Social
El Comité de Protección Social, creado en 2004, promueve la cooperación entre los Estados miembros en materia de protección social. Supervisa la situación de la población y la evolución de las políticas de protección social de los Estados miembros, preparando debates, informes y dictámenes relacionados con la inclusión social, la sanidad y las pensiones.
Financiación
Las líneas estratégicas que adopta la Unión Europea (UE) están respaldadas por mecanismos de financiación específicos para su implementación. Los principales mecanismos de financiación de la UE para alcanzar sus objetivos son: el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF) y el Programa PROGRESS.
Fondo Social Europeo (FSE)
El Fondo Social Europeo promueve el empleo mediante la financiación de iniciativas que ayuden a las personas a desarrollar nuevas habilidades y a crear nuevos empleos, especialmente en las áreas más necesitadas de la UE. Estos fondos se negocian y deciden conjuntamente por los gobiernos de los países miembros, el Parlamento y la Comisión Europea. Se planifican en períodos de siete años y subvencionan una amplia gama de organizaciones públicas y privadas.
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF)
Como respuesta a la globalización económica, la UE creó el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para facilitar ajustes en el empleo. Este fondo no tiene competencias en protección social como pensiones o prestaciones por desempleo, ya que estas son responsabilidad de los gobiernos nacionales. Tampoco financia el mantenimiento de empresas ni ayudas para modernización o ajustes estructurales. El EGF, con un presupuesto anual de alrededor de 500 millones de euros, ayuda a los trabajadores afectados por cambios en los patrones del comercio internacional (por ejemplo, cierres de grandes empresas o traslado de fábricas fuera de la UE) a encontrar nuevos empleos y desarrollar nuevas habilidades. Proporciona ayuda temporal para la búsqueda de empleo, la movilidad y la capacitación profesional.
Programa PROGRESS
El Programa PROGRESS promueve medidas para la inclusión y la protección social, apoyando el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Incluye iniciativas como la Directiva de Igualdad Racial y la Directiva Marco de Empleo, y se centra en luchar contra la discriminación y promover la igualdad de oportunidades. Un grupo de expertos se encarga de erradicar la discriminación y fomentar la igualdad.
Reflexiones sobre la Financiación
Las medidas e iniciativas nacionales que siguen los planteamientos de la UE están respaldadas por fondos europeos que permiten su desarrollo e implementación. El tipo de financiación varía según el modelo de bienestar de cada país, desde el modelo de Bismarck basado en contribuciones sociales hasta los modelos nórdicos basados en impuestos.
El informe «Social protection expenditure and its financing in Europe» de 2019 muestra que la proporción de financiación total para políticas sociales ha disminuido en los últimos años, mientras que los ingresos gubernamentales han aumentado. La Gran Recesión (2005-2019) acentuó esta tendencia, aunque ya venía sucediendo anteriormente, afectando principalmente a las pensiones y al sistema sanitario.
Durante este período, muchos países de la UE llevaron a cabo reformas políticas. Redujeron las contribuciones sociales pagadas por los empleadores, utilizaron impuestos para subvencionar el gasto en pensiones y asistencia sanitaria, y revisaron los mecanismos de recaudación para financiar el gasto público, adaptándose a las nuevas demandas de protección social.
Nuevas estructuras sociales y del mercado han cuestionado el enfoque tradicional de financiación de la protección social, especialmente en los países con modelos bismarkianos. El envejecimiento de la población, por ejemplo, pone en duda la sostenibilidad del sistema de pensiones. Sin embargo, la capacidad de generar ingresos de cada país influye significativamente en la financiación de la protección social. Algunos países han aumentado los ingresos estatales gravando los negocios inmobiliarios para financiar la protección social.
El apartado «Employment, Social Affairs & Inclusion» de la UE explica que los proyectos relacionados con el empleo, los asuntos sociales y la inclusión social se financian a través de diferentes fondos y programas de la UE.
El respaldo de las organizaciones empresariales: «Businesseurope»
La Unión Europea enfrenta un escenario económico complejo para los próximos años, con desafíos como la amenaza a la cohesión social y la convergencia económica. La UE debe desarrollar una estrategia de crecimiento centrada en la innovación, la inversión y la investigación, considerando el cambio climático y la cohesión social. En la zona euro, se necesitan medidas para abordar causas sistémicas de divergencia, como la unión bancaria y la integración de los mercados de capital. Además, es crucial reformar las normas fiscales de la UE para mejorar la gestión macroeconómica de la zona euro y abordar la relación con los países no pertenecientes a esta zona (Demertzis et al., 2019).
Promover la Dimensión Social de Europa
La cohesión social y la dimensión social son esenciales para el mantenimiento de la UE. BusinessEurope, una organización que representa a las federaciones empresariales de los países miembros, se ha pronunciado sobre la dimensión social de Europa. Solicita respetar los diferentes niveles de competencia de los Estados miembros, permitiendo que las políticas y acciones sociales en la UE complementen y apoyen las medidas de cada país. Al mismo tiempo, se deben establecer medidas unificadas para evitar socavar la aceptación pública de las instituciones de la UE y promover la unidad. BusinessEurope enfatiza que las federaciones empresariales seguirán contribuyendo activamente al fortalecimiento de la dimensión y el diálogo social europeos, lo cual es crucial para el éxito y la unidad de Europa en un contexto internacional cambiante.
Objetivos para Garantizar la Dimensión Social de Europa
Para alcanzar estos propósitos, se han identificado varios objetivos:
- Mejora del Funcionamiento y Rendimiento de los Mercados Laborales: Crear mercados laborales dinámicos y adaptables que proporcionen flexibilidad y seguridad.
- Mejora de la Competitividad Global de las Empresas Europeas: Aumentar la productividad y reducir los altos niveles de fiscalidad en el trabajo.
- Aprovechamiento del Potencial del Trabajo Digital: Facilitar beneficios a las empresas, ciudadanos y trabajadores a través del trabajo digital.
- Promoción de la Libre Circulación: Fomentar la libre circulación de servicios y trabajadores para lograr altos niveles de prestaciones transfronterizas, fortaleciendo el mercado interno.
- Mejora de las Competencias de los Trabajadores: Adaptar las competencias de los trabajadores a las necesidades cambiantes de las empresas mediante la educación.
- Estabilidad de los Sistemas de Bienestar Social: Asegurar la estabilidad a largo plazo de los sistemas de bienestar social de los Estados miembros para futuras generaciones.
- Diálogo Social como Herramienta de Gestión: Utilizar el diálogo social para gestionar el cambio.
- Apoyo a la Sostenibilidad y Desarrollo Sostenible: Fomentar soluciones empresariales sostenibles y apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
BusinessEurope solicita que la UE garantice que la política social se desarrolle en sinergia con el crecimiento y la competitividad, beneficiando a empresas, trabajadores y ciudadanos. Instan a la Comisión Europea a mejorar su apoyo a los Estados miembros para avanzar en las políticas del mercado laboral y los sistemas sociales.
BusinessEurope también demanda a la UE que las iniciativas futuras complementen las medidas nacionales para consolidar la unidad y evitar la deslegitimación de las instituciones europeas. Las federaciones de empresas, a través de BusinessEurope, contribuyen activamente a apoyar las medidas sociales adoptadas por la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, considerándolas esenciales para la unidad y el éxito de Europa en un mundo cambiante (BusinessEurope, 2019).
En resumen, todos los organismos y entidades que participan en la convergencia con Europa ven esta unidad como un elemento de desarrollo y paz, defendiendo la cohesión de los países miembros de la Unión Europea.
Política Social Desde una Perspectiva Comparada: UE “Versus” Asia
Traute Meyer (2017), editor de la revista Journal of European Social Policy, analizó las diferencias entre el bienestar en Europa y la situación en Asia en el contexto de la Friedrich-Ebert-Stiftung (Se trata de la fundación política más antigua de Alemania). Meyer afirmó que el Estado de bienestar se correlaciona directamente con la riqueza económica y la democracia. Solo en las naciones más ricas se gastan grandes cantidades de la riqueza nacional en pensiones, salud, educación y otras áreas de la política social. El crecimiento económico va paralelo al desarrollo de la libertad civil y política. Por lo tanto, para el desarrollo del bienestar social es necesaria la participación democrática de los ciudadanos y sus organizaciones civiles.
Comparación entre Europa y Asia
La comparación entre países proporciona el conocimiento necesario para desarrollar Estados donde el bienestar y el desarrollo económico sean prioridades. Además de ser una cuestión de Estado, también intervienen movimientos políticos nacionales, estructuras institucionales y tradiciones religiosas y culturales. Países como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica tienen economías que superan a algunas de la UE, y las naciones asiáticas se están desarrollando rápidamente. Sin embargo, las necesidades de sus ciudadanos en materia de pensiones, salud o educación no están cubiertas al mismo nivel. Mientras que en Europa o Japón se gasta alrededor de una cuarta parte del PIB en bienestar social, en los países que más gastan de Asia (Vietnam, Mongolia y Corea del Sur) ronda el 15% del PIB. Las prioridades del gasto también son divergentes (Meyer, 2017).
En Europa y Japón, las pensiones absorben la mayor proporción del gasto, consecuencia de su estructura demográfica. El aumento del gasto en salud y educación mejora la productividad y la economía en general. En las naciones en desarrollo de Asia, la población aún es relativamente joven y necesita la libertad de los ciudadanos para el pleno desarrollo del bienestar. El aumento de la libertad permitiría mayor igualdad y, a su vez, un desarrollo económico, político y social más robusto. Para que la riqueza económica y los derechos democráticos permitan la equidad social, es necesario una sociedad civil inclusiva, como ocurre en Europa, donde los trabajadores participan a través de sindicatos y los empresarios a través de organizaciones patronales.
El Valor de la Democracia
La democracia crea un ambiente favorable para un mayor gasto social y permite la representación y participación de muchos ciudadanos en conflictos sobre políticas sociales en un contexto de igualdad. Un obstáculo importante para el desarrollo de políticas sociales en los países asiáticos es la existencia de grandes bolsas de pobreza, lo que dificulta la articulación de su participación social y, por ende, sus demandas (Meyer, 2017). Por lo tanto, Europa es un refugio internacional para los derechos y libertades, lo que se traduce en una mayor atención económica y de recursos a las políticas sociales que protegen a sus ciudadanos.
Referencias
- Alemán Bracho. (2020). Políticas sociales : innovaciones y cambios (1st & #170; ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters-Aranzadi